domingo, 26 de diciembre de 2010

El carácter de perseguidos políticos resaltó en los testimonios de ABO

“Doce perpetuas son un paso adelante”
“Hace quince años tomé la decisión de que esta lucha era una lucha colectiva”, dice Paula Maroni, cuyo padre fue uno de los desaparecidos en el circuito de campos clandestinos Atlético-Banco-Olimpo.

 Por Alejandra Dandan

El presidente del Tribunal leía la sentencia. Era el día de la condena a los 17 acusados por los crímenes del circuito Atlético-Banco-Olimpo. A unos metros, entre las sillas de los sobrevivientes de los campos, familiares e integrantes de los organismos de derechos humanos, Paula Maroni escuchaba una y otra vez cómo se caía el nombre de su padre: los represores eran condenados por algunas víctimas, pero a su vez absueltos por otras. Por el caso de su padre, al comienzo había seis acusados pero a medida que avanzaba la sentencia los nombres de- saparecían de la lista: “¡Qué feo que me sonaba!”, dice Paula, que finalmente escuchó el nombre de Juan Patricio como parte de la condena a prisión perpetua de Julio Simón. “Mi viejo es un caso que no fue visto por muchas personas, la única testigo es mi mamá porque va al Atlético con él y mi abuela que presenció el operativo –dice ella–; afuera, el día de la sentencia, mis compañeros estaban preocupados porque escuchaban que se caía de las condenas, pero yo estaba feliz porque hace quince años tomé la decisión de que esta lucha era una lucha colectiva, y me dije: está bien, el Tribunal habrá dicho: ¡vamos con los casos recontraprobados!, el resto los dejamos afuera, cosa que sea inobjetable la sentencia.”

El casi medio centenar de represores que fue condenado por crímenes de lesa humanidad no debería ser un dato más. Las sentencias que alcanzaron a celebridades como el ex presidente Jorge Rafael Videla o Luciano Benjamín Menéndez en Córdoba y Samuel Miara, Julio Simón y Raúl Guglielminetti en Buenos Aires, también hicieron foco en nombres poco conocidos: en general autores materiales de la represión, muchos juzgados por primera vez y que son quienes estaban del otro lado de las vendas de los tabicados, los que secuestraron, torturaron, trasladaron y ejecutaron a las víctimas. Para los querellantes, el fallo que condenó a 12 de los 17 acusados a prisión perpetua está marcando avances históricos, aunque también los límites de la lógica penal: entre algunos, marcan el silencio al omitir en las condenas la condición de perseguidos políticos de las víctimas o la idea de convalidar de alguna manera que sin cuerpos no es posible probar que los traslados fueron exterminios.

“La sentencia es muy importante”, vuelve a decir Ana María Careaga como el primer día. Ana María es sobreviviente del circuito y fue uno de los motores de la causa. “Este fue uno de los primeros juicios grandes de Comodoro Py: es la primera vez que se juzga colectivamente a los represores como parte de un circuito y eso trasciende a cada uno de los desaparecidos de ABO y permite que se juzgue también un plan sistemático, para analizar el método aplicado por todas las fuerzas de seguridad”.

Atlético-Banco-Olimpo fueron tres campos clandestinos operados principalmente por policías que funcionaron de modo sucesivo, por lo que iban mudando a las víctimas. Funcionaron de mediados de 1976 a comienzos de 1979. El juicio oral empezó el 24 de noviembre de 2009, se juzgó a 17 represores por un total de 183 casos. “Fue además muy importante para el escenario de Comodoro Py –sigue Careaga– porque inaugura las otras sentencias que van a venir en ese mismo escenario.”

La herramienta

La sentencia se conoció el miércoles pasado: las 12 perpetuas alcanzaron a Miara y el Turco Julián; hubo cuatro condenas a 25 años de prisión y una absolución para Juan Carlos Falcón, conocido como “Kung Fu” por el modo marcial que tenía de golpear a los detenidos. Más allá de las razones por las que se condenó a cada uno –razones que se conocerán en marzo con la difusión de los fundamentos, o de si es verdad o no que en el caso de Falcón pesó su coartada según la cual, para la época, era custodio personal de Albano Harguindeguy–, cuando escuchó la absolución, Delia Barrera salió de la sala llorando para encerrarse en el baño.

“No volví a entrar, no pude”, dice a Página/12. “Falcón estuvo en mi casa, es el que nos torturó, nos separó de las celdas con mi primer marido, el que lo trasladó a él, el que decide mi libertad.” El operativo de su secuestro se hizo en un departamento de la calle Superí 135. Kung Fu apareció entre los primeros hombres del grupo de tareas, Delia lo describió con los ojos achinados, el cuerpo alto y como la persona que llevó adelante todo su caso adentro del campo: desde los interrogatorios hasta los traslados. “Siento dolor y bronca –dijo–: ¿qué otra prueba les puedo dar? Estoy muy contenta con la sentencia, pero siento que me quedé con un Falcón atragantado en la garganta, yo di bastante prueba, muchos de mis compañeros también lo reconocieron por fotos, pero no me importa, vamos por más y seguramente lo vamos a agarrar con el ABO II.”

Algo de esa misma sensación de poco se repitió con Guglielminetti y Ricardo Taddei, extraditado de España en 2007. Ambos recibieron condenas a 25 años de prisión, sin perpetuas. Guglielminetti porque no lo condenaron por homicidio como al resto; sólo se lo consideró partícipe secundario entre otras cosas –se supone– porque no lo situaron en los tres campos como sostienen las víctimas. A Taddei, porque un convenio con España le impide a la Argentina aplicar sanciones más altas de las que se permiten allí. Pero más allá de las razones, lo que cuestionan es la lógica de la Justicia Penal que todavía está pidiendo pruebas tangibles, causas y efectos, como si no hubiese pasado el tiempo.

“Es la herramienta que tenemos para juzgar a estos delitos aberrantes y estas herramientas tienen sus limitaciones”, dice Careaga. “Se necesita de este tipo de herramientas para juzgar una práctica que se hacía en forma clandestina: con campos clandestinos, con represores con apodos, con los nombres de las víctimas cambiados, por eso creo que doce perpetuas son un avance.”

La singularización

Isabel Fernández Blanco es una de las testigos con más declaraciones a cuestas: seis veces en total. Sin embargo, la experiencia no alcanza: antes de declarar esta vez estuvo durante días perseguida por esos miedos que todavía pesan en las espaldas de los sobrevivientes: ¿qué pasa si se olvidan de algo? ¿De alguno de los nombres de los compañeros que no volvieron de los centros?, esa promesa que se dieron unos a otros, y que los comprometió para pelear por la justicia. El susto siguió. Un día antes de declarar visitó a una vieja compañera. Le pidió ayuda; lápiz y papel y que anote lo que iba diciendo. Habló. Siguió. Hasta que esa compañera agarró la lista, la dobló en dos y le dijo: “¿Sabés qué tenés que hacer? Hablar de lo que viviste”.

“Sentía que los recuerdos que se me habían borrado de pronto aparecían y creo que tuvo que ver con que por primera vez yo iba a ahí para hablar de mí”, dice Isabel. “Cuando estás sentadito ahí es como que los recuerdos fluyen, y yo recordé cosas que hasta me sorprendieron.” Entre otras, su lugar en el área federal de Montoneros, en prensa. “Me faltó decir que era militante de base, pero creo que la idea de que pudiéramos decir que éramos militantes habilitó a lo mejor ese recuerdo.”

La lógica del caso por caso que se abrió en el juicio, como sucede en otros procesos de Comodoro Py, la posibilidad de hablar ante los represores o la búsqueda de algunos actores como los fiscales, que al dar por probada la represión intentaron hacer aparecer las historias de vida, la materialización de los militantes desaparecidos pero sobre todo sus militancias políticas, fue lo que trazó un nuevo perfil en los juicios. Casos como el de Isabel, que hasta ahora iba a hablar de otras víctimas, empezaron a reconstruir historias en singular.

Miguel D’Agostino es uno de los que están convencidos de que poder hablar de la militancia fue una de las características de estos juicios. Sobreviviente del circuito, declaró en los ochenta cuando la eclosión de la teoría de los dos demonios les abría la posibilidad de quedar detenidos a los que plantearan cosas por el estilo. Y cuando muchos liberados todavía sufrían prisiones a distancia: recibían llamadas de control, citas en bares o terminaban presos. D’Agostino dice que los juicios empezaron a recuperar ese pasado político.

“Me llamó la atención que el fallo no hiciera ninguna referencia a la militancia política”, indica en alusión a otros fallos que toman como agravantes la condición de militantes políticos de las víctimas. Esa característica fue tratada por Alejandro Alagia, el fiscal federal. Asumiendo todos los riesgos por los posibles pedidos de nulidad, el fiscal pidió el castigo por genocidio para todos en representación –por primera vez– de un organismo del Estado e intentado explicar a las víctimas como parte de un grupo nacional con características políticas definidas, víctima de una matanza. “Me llamó la atención que no hagan referencia a esto –dijo Miguel–, creo que de ese modo se está desapareciendo una identidad, la identidad social y política de las personas.”

Los homicidios

En la condena hubo otro dato: la perpetuas se habilitaron porque a doce represores los vincularon como autores o coautores del homicidio de los únicos cinco cuerpos que están aparecidos e identificados en la causa. Son cinco víctimas identificadas en 2007 por el Equipo Argentino de Antropología Forense. Sin cuerpos, la Justicia Penal o por lo menos una parte de ella –como lo demuestra esta sentencia– no parece estar en condiciones de condenar a perpetuas.

“En términos generales es un logro importantísimo, pero me deja sabor a poco –sigue Miguel–: estamos en el siglo XXI, tenemos mucha información y necesitamos establecer con mayor detalle que los que no están, por ejemplo, son personas desaparecidas, exterminadas y asesinadas para garantizar la impunidad.” Y dice: “Todavía estamos festejando, no estamos en la etapa del análisis, en estos días también fue condenado Videla, estamos eufóricos por eso: pero nos parece sorprendente, después de treinta y pico años, verles la cara que hasta ahora sólo habíamos visto a través de la posibilidad o no de levantarnos una venda y arriesgándonos a ir a la sala de tortura. O que los conocíamos porque alguien se animaba a susurrarnos algún dato y ahora verlos así, ¡cómo no vas a festejar!”.

“Yo creo que estos juicios trascienden el tema jurídico”, vuelve a decir Ana María Careaga. “Creo que esta sociedad no puede salir de esos juicios como entró: ninguno de los que están sentados ante esos relatos que son insoportables sale igual, porque hablan de la humanidad, y esto se repite en cada punto del país donde tiene lugar un acto de justicia.”

martes, 21 de diciembre de 2010

Quiénes son los condenados y el represor que fue absuelto

   
1 Julio César Simón, alias “Turco Julián”. Conocido por sus víctimas por su antisemitismo. Llevaba un llavero con una esvástica. Relató su experiencia como torturador ante las cámaras de TV y ya tiene dos condenas en su haber: una por la desaparición de la familia Poblete y otra por los secuestros de un grupo de militantes montoneros que regresaron al país en el marco de su operación de Contraofensiva. Ayer recibió su tercera condena. Le dieron perpetua.

2 Raúl González, alias “Mayor Raúl” o “El Negro”. Proveniente de la Policía Federal, era el segundo jefe en los campos y participaba de interrogatorios.Perpetua.

3 Juan Carlos Avena, alias “Capitán Centeno”. Como adjuntor principal del Servicio Penitenciario tuvo participación en la organización y dirección de El Olimpo. Perpetua.

4 Eufemio Jorge Uballes, alias “Anteojito Quiroga” o “Führer”. Ex subcomisario de la Policía Federal Argentina. Era uno de los encargados del “traslado” de los detenidos. Varios de los relatos de los sobrevivientes lo recuerdan haciéndoles decir “Heil, Hitler” mientras los torturaba. Perpetua.

5 Eduardo Emilio Kalinec, alias “Doctor K”. Ex oficial ayudante de la Policía Federal. Lo condenaron por intervenir en la custodia de los detenidos y de participar en interrogatorios y tormentos aplicados en los centros Atlético, El Banco y El Olimpo. Siguió en funciones hasta hace apenas seis años, cuando comenzó a ser juzgado. Perpetua.

6 Roberto Antonio Rosa, alias “Clavel”. Fue señalado como miembro de los grupos de tareas del circuito que dependía de la Superintendencia de Seguridad de la Policía Federal. Rosa saltó a la fama porque fue vinculado con el juez Norberto Oyarbide en el escándalo sobre la protección de prostíbulos. Antes había pasado por el Departamento de Leyes Especiales (juego clandestino) durante tres años, y durante ese lapso fue investigado por su presunto enriquecimiento ilícito. Perpetua.

7 Guillermo Víctor Cardozo, alias “Cortés”. Ex gendarme. Se dedicó a adoctrinar en Campo de Mayo a los guardias de los centros clandestinos para que no hablaran de los crímenes con nadie. Durante los ’90 fue comandante mayor y hasta 1998 fue segundo jefe de la Región II (Rosario) de Gendarmería. Perpetua.

8 Eugenio Pereyra Apestegui, alias “Quintana”. Otro ex gendarme. Los sobrevivientes lo recuerdan con gomina y tacos, por su complejo de petiso. Obligaba a los secuestrados a hacer esfuerzos físicos inhumanos, escuchar discursos de Hitler y canciones de Nino Bravo. Fue uno de los pocos que habló durante la instrucción: dijo que en el centro sólo cumplían “funciones de seguridad en un objetivo militar”. Perpetua.

9 Enrique José Del Pino, alias “Miguel”. Capitán del Ejército del Batallón de Inteligencia 601, Del Pino había comenzado su carrera en 1975, bajo las órdenes de Antonio Domingo Bussi y Adel Vilas, en Tucumán. Luego pasó a ser jefe del grupo de tareas que operaba en El Banco y El Olimpo. Fue detenido en 2007 luego de estar un año y medio prófugo. Perpetua.

10 Samuel Miara, alias “Cobani”. Ex subcomisario, jefe de la guardia de los tres centros clandestinos. Testimonios de sobrevivientes aseguran que Miara violó a varias de las detenidas y golpeó a patadas a una mujer embarazada de siete meses. En 1998 fue condenado a doce años de prisión por la apropiación de los mellizos Matías y Gonzalo Re-ggiardo Tolosa, a quienes crió como propios. Perpetua.

11 Oscar Augusto Isidro Rolón, alias “Soler”. Torturaba a los detenidos con picanas y se ufanaba de estar infiltrado en la Facultad de Derecho. Los camaristas que en 2007 confirmaron su prisión preventiva consideraron que habría mantenido “contacto directo” con las víctimas, lo que “permite suponer que conoce los aspectos de la última fase (la de-saparición de personas) de las maniobras delictivas”. Perpetua.

12 Luis Juan Donocik, alias “Polaco Chico”. Comisario retirado de la Policía Federal. Integraba el grupo de guardias denominados “candados”, responsables de impedir que los secuestrados hablaran y de llevarlos a la sala de torturas. Antes de retirarse tuvo a su cargo la comisaría 48ª. Estuvo vinculado con la empresa de seguridad privada Segar SA. Perpetua.

13 Raúl Antonio Guglielminetti, alias “Gustavino” o “Mayor Gustavino”. Ex agente civil de inteligencia del Ejército. Actuó como represor en al menos seis centros clandestinos y a principios de los ’80 se dedicó a los secuestros extorsivos. Luego del retorno a la democracia fue custodio del ex presidente Raúl Alfonsín. Fue detenido en agosto de 2008. Fue condendo a 25 años.

14 Mario Alberto Gómez Arenas. Fue jefe del Destacamento de Inteligencia 103 de Capital Federal entre 1979 y 1981. En 2008 fue condenado por su actuación como jefe del Destacamento 182 de Neuquén junto a dos de sus ex subordinados. 25 años.

15 Ricardo Taddei, alias “Cura” o “El Padre”. Integró las “patotas” que aplicaban tormentos. Luego se ofrecía como confesor en cautiverio para impartir castigos y absoluciones: incluso llevó un televisor al Olimpo para que los secuestrados vieran la misa del domingo. En abril de 2007 fue extraditado desde España, donde vivió durante veinte años. 25 años.

16 Carlos Alberto Roque Tepedino. Pieza fundamental en la estructura de inteligencia del Ejército. Entre 1975 y 1977 fue director de Inteligencia interior de la SIDE. Del ’78 al ’79 condujo el Batallón de Inteligencia 601. Se retiró en el ’81, pero hasta el final de la dictadura se desempeñó como director general de Seguridad Interior. Ya en democracia, siguió “prestando servicios” como adscripto al Departamento de Informática en el comando del Ejército. 25 años.

17 Juan Carlos Falcón, alias “Kung Fu”. Guardia karateca, diestro en las artes marciales. Los sobrevivientes lo señalaron como partícipe de los “traslados” y era recordado porque en sus guardias nadie podía llorar. Ex custodio de Albano Harguindeguy, solía abusar de las mujeres secuestradas. Ayer, el tribunal consideró que no había suficientes pruebas para condenarlo. Fue absuelto.

La condena dejó varias preguntas en el aire. Entre otras, por qué el tribunal no castigó con la pena máxima a las desapariciones aún sin la presencia de los cuerpos.

Doce cadenas perpetuas y cuatro represores recibieron 25 años.

16 represores fueron declarados culpables y uno fue absuelto en el juicio por los crímenes cometitos en los CCD Arlético - Banco  y Olimpo
La patota de Miara y Guglielminetti tuvo su condena
El juicio abarcó a 183 víctimas.
Por Alejandra Dandan

Era uno de los dioses del Olimpo. Uno de los torturadores más feroces y una de las figuras más emblemáticas del Terrorismo de Estado. Mientras Jorge Alberto Tassara le leía letra por letra la sentencia que las víctimas y sus familiares esperaron durante más de treinta años, se levantó de la silla para salir de la sala porque justo en ese momento necesitaba ir al baño. Poco después, con un cuarto intermedio mediante y mientras escondía la cara revolcándose en la silla el presidente del Tribunal Oral Federal 2 terminaba con la lectura de los cargos: Julio Simón alias El Turco Julián recibió una condena a prisión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua como autor de cinco homicidios calificados por alevosía en concurso con privación ilegal de la libertad y tormentos; por 74 hechos de privación ilegal y tormentos agravados y 89 delitos de tormentos y privación ilegal con el agravante de que las víctimas permanecieron más de un mes prisioneras. Hubo un único y efusivo aplauso en la sala durante las dos horas de lectura del veredicto: fue en ese momento.

La histórica sentencia por los crímenes del circuito integrando por los centros clandestinos del Banco-Atlético-Olimpo finalmente llegó. A las siete de la tarde, el presidente del TOF 2 leyó las condenas para 16 de los 17 represores acusados en el marco –como especificó– de delitos de lesa humanidad por 183 casos. Detrás del Turco Julián recibieron la máxima condena otros once represores, entre ellos, el apropiador Samuel Miara y el policía Oscar Augusto Rolón que entró en la sala con las manos en alto, saludando con entusiasmo a sus familiares y a la parentela de otros acusados que tiraban besos desde el piso de arriba. Otros cuatro represores fueron condenados a 25 años de prisión con inhabilitación absoluta perpetua, entre ellos Raúl Guglielminetti. Juan Carlos Falcón alias “Kung Fu” quedó absuelto de cargos y se ordenó su libertad.

Después de la lectura del veredicto cuando finalmente acabó el juicio oral que empezó el 24 de noviembre del año pasado, entre las víctimas y testigos había una sensación de llegada, de haber alcanzado un piso de justicia. En la sala de audiencias se escuchó “presentes, ahora y siempre”.

“Se hizo justicia”, dijo para poner las cosas en su lugar y antes de cualquier otra cosa Ana María Careaga, una de las sobrevivientes del circuito y pilar en los avatares del juicio. “Son muchos los que fueron condenados a cadena perpetua, responsables de estos delitos aberrantes, pero también está la desazón porque nosotros tuvimos que padecer adentro a este represor con el seudónimo de Kung Fu, pero todo lo que hemos vivido se contradice con los parámetros de la justicia, que consideró que no es real que esta persona actuaba ahí.”

Pese al pedido de la fiscalía encabezada por Alejandro Alagia que pidió para todos la acusación por el delito por genocidio, el TOF 2 dictó una sentencia que las querellas consideraron correcta técnicamente. El Tribunal optó por la fórmula de “crímenes de lesa humanidad” para situar y legitimar las condenas.

Para dictar las cadenas perpetuas el tribunal consideró probado el delito de homicidio agravado por alevosía. Ese delito se pudo incorporar en el trascurso del juicio oral porque cinco cuerpos de víctimas que habían pasado por los campos fueron identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense en 2007.

En esa acusación entró el apropiador Samuel Miara que fue jefe de la guardia de los tres centros clandestinos, represor y acusado por la apropiación de los mellizos Reggiardo-Tolosa. Como lo viene haciendo en las últimas audiencias, Mira siguió la audiencia a través de una pantalla conectada al hospital policial Churruca. El Tribunal lo condenó a prisión perpetua e inhabilitación absoluta por los homicidios. Además, lo condenaron por 58 hechos de privación ilegal de la libertad agravada y por tormentos y por otros 81 casos en los que a los agravantes se sumó la característica de haber mantenido a las víctimas durante más de un mes privadas de la libertad. Ese mismo tipo de cargos se repitió con la mayor parte de los represores.

El caso de Guglielminetti fue distinto. Recibió una pena menor de la que se esperaba. El Tribunal lo condenó a 25 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua como coautor de tormentos en un caso; y partícipe secundario en 22 hechos de privación ilegal agravado y tormentos y como partícipe secundario en otros 46 donde la acción incluyó como agravante el secuestro de más de un mes de cautiverio. Las razones por las que el TOF 2 lo condenó de ese modo se conocerán el 22 de marzo, cuando se lean los fundamentos de la sentencia. Las querellas y la fiscalía ayer hacían algunas hipótesis, entre ellas que el Tribunal evaluó al ex agente de inteligencia del Batallón 601 como alguien que no estaba asignado permanentemente al campo.

Otro de los que no recibió perpetua sino una condena a 25 años de prisión pero está acusado por los cinco homicidios es Ricardo Taddei. El represor fue extraditado desde España y según el convenio con ese país, Argentina se compromete a no condenar a perpetua.

Otro de los casos particulares fue el del teniente coronel (r) Enrique José del Pino jefe del Grupo de Tareas GT2, condenado a perpetua por los casos ya enumerados de homicidios y por los asesinatos de Carlos Fassano y Lucía Révora de De Pedro. Con del Pino fueron condenados por estos mismos crímenes a 25 años de prisión Carlos Alberto Teppedino –sobre quien el Tribunal ordenó la detención urgente– y Mario Gómez Arena.

La decisión de liberar a Falcón será apelada. Pese a eso, anoche entre los consultados por Página/12 se evaluaban algunas explicaciones. Una era que los jueces habían dado por válida una de las coartada del llamado “Kung Fu” adentro del centro que logró acreditar en el debate que durante ese período estaba asignado a la custodia personal de Albano Harguindeguy. Pese a eso, existen testigos que lo ubican dentro de los centros y quienes podrían argüir, como lo hacían anoche, si esa misma cercanía al ex ministro del Interior no lo habilitaba para participar de las torturas.

lunes, 20 de diciembre de 2010

Sin fisuras en el silencio represor

El torturador Julio Simón, alias “El Turco Julián”, conocido por su ferocidad, escondió la mirada ante los flashes. Samuel Miara, apropiador de los mellizos Reggiardo-Tolosa, repitió que no tenía nada que agregar. Tienen pedidos de prisión perpetua.
Por Alejandra Dandan

Era uno de los dioses del Olimpo. El tipo que andaba adornado con cruces en el cuello, y el símbolo nazi en un llavero. El hombre que para divertirse organizaba luchas libres entre los detenidos desaparecidos; los enfrentaba siempre de a dos, dos hombres o dos mujeres, con reglas que corrían por su cuenta. Valía todo excepto el no pelear, porque cuando alguien no pegaba, los sometía a una sesión de tortura. Julio Héctor Simón alias el “Turco Julián”, ese mismo dios del infierno, agachó la mirada cuando un fotógrafo de Página/12 ayer intentó retratarlo: Sentado entre otros dieciséis represores en uno de los auditorios de los Tribunales Federales de Comodoro Py, donde empezaba el último día del juicio por los crímenes del circuito Atlético-Banco-Olimpo, un día antes de la sentencia que se escuchará hoy.

Los represores se sentaron en bloque, detrás de Simón que estaba en las primeras filas. Unos detrás de otros se ubicaron en uno de los extremos de la sala alterados por el movimiento del lente de la cámara. Uno de los más altos, el ex hombre de la Federal Oscar Rolón, apenas intuyó el disparo giró rápidamente para ponerse de espaldas, posición desde la que improvisó una charla salvadora con uno de los coroneles. En la sala de audiencias, el Tribunal Oral Federal 2 porteño intentaba una conexión con el represor número 17: el apropiador Samuel Miara, jefe de la guardia de los tres centros clandestinos, represor y acusado por la apropiación de los mellizos Reggiardo-Tolosa. Internado en el Hospital Policial Churruca, Miara sigue las derivaciones del juicio por video conferencia.

¿Señor Miara, me escucha?, preguntó el presidente del Tribunal Oral Federal 2 varias veces, y más tarde volvió a preguntarle lo mismo, pero para saber si –como había sucedido con cada uno de los otros acusados– estaba dispuesto a decir algo. Era el último día de audiencia. Habían pasado unas 80 jornadas de debate y los alegatos de la fiscalía que acusó a todos por genocidio y el pedido a cadena perpetua de las querellas. Miara, que no dijo nada, fue el único de los 17 que respondió, sin embargo, con un poco más de palabras: “Todo lo dicho lo ha expresado mi abogada defensora –dijo–: por lo tanto, no tengo nada que agregar”.

El juicio por los crímenes del circuito conocido como ABO comenzó el 24 de noviembre del año pasado; en él se juzga a los acusados por 184 casos de secuestros, tormentos y homicidios. La mayor parte de los acusados son hombres de la Policía Federal, pero entre ellos también hay hombres del Servicio Penitenciario, Gendarmería y del Ejército que se fueron incorporando en los distintos momentos de apertura de los centros.

En el primer grupo estaba el Turco Julián, Miara, Roberto Antonio Rosa, alias “Clavel”; Eduardo Kalinek, alias “Dr K”; Raúl González, alias “Negro”; Ricardo Taddei, alias “Cura” o “El Padre”, extraditado en marzo de 2007 de España; Juan Carlos Falcón, alias “KungFu”, por su forma de golpear a los detenidos con modos del arte marcial; Oscar Augusto Isidro Rolón, alias “Soler”, el hombre que no quería la foto; Eugenio Jorge Uballes, alias “Anteojito”, que con Taddei también integraron las tropas de la Triple A, y Juan Carlos Donocik, alias “Polaco Chico”. Los otros son Juan Carlos Avena, alias “Capitán Centeno”, del Servicio Penitenciario; Eugenio Pereyra Apestegui, alias “Quintana”, y Guillermo Víctor Cardozo, alias “Cortez de Gendarmería”; Raúl Guglielminetti, conocido como el “Mayor Guastavino”, civil, de inteligencia, y el ex Enrique José del Pino, teniente coronel retirado y jefe de grupo de tareas GT2 que funcionó en los tres centros. También están acusados Carlos Tepedin y Mario Gómez Arena.

“Cada uno de ellos cumplió distintos roles dentro del centro, estaban ahí”, dijo a Página/12 Miguel D’Agostino sobreviviente de los campos. “Estuvieron a lo largo de los dos años que funcionaron los centros cambiando o alternando responsabilidades.”

El Atlético funcionó en un predio de la Policía Federal con fuerzas operativas de la policía desde mediados del ’76 hasta diciembre del ’77, y quedó desactivado por la construcción de la autopista 25 de Mayo. El campo se trasladó provisoriamente al Banco, en el cruce de la autopista Riccheri con el Camino de Cintura, a la altura de Puente 12, hasta el 16 de agosto del ’78. A partir de ese día empezó a funcionar el Olimpo en otro predio de la Federal, en Lacarra y Ramón L. Falcón, que quedó desactivado en enero de 1979.

Como sucedió ayer, a lo largo del juicio los acusados casi no hablaron. El pacto del silencio funcionó pese a que no todos pertenecían a la misma fuerza de seguridad, una característica que en Córdoba, por ejemplo, se rompió y les impidió tejer una estrategia defensiva común y, en pos de una defensa personal, varios hablaron. En este caso, no. Y los integrantes de las querellas no se extrañaron: “Esto demuestra que los casos de los que hablan son excepcionales”, indicó a Página/12 Ana María Careaga. “Y echa por tierra la posibilidad de una reconciliación basada en la idea del arrepentimiento: son incapaces de ver responsabilidades, hay que juzgarlos y condenarlos”. Ana María dice que en general los represores muestran un espíritu de cuerpo: un pacto de silencio que hasta hoy lo siguen cumpliendo. “Desde hace muchos años ellos pueden decir lo que saben, la verdad: tuvieron la oportunidad durante los juicios por la verdad porque estaban vigentes las leyes por las que se los podría juzgar por apropiación de bebés y de bienes, pero no por otros delitos, pero en ese caso tampoco se hicieron cargo de nada”.

Daniel aclaró que su hermano Gustavo no ocupó cargos importantes en la organización Montoneros, a la cual incorporó en los últimos años de su vida siendo funcionario del Gobierno democrático y luego como organizador del Partido Auténtico en la Provincia de Santa Fe, desarrollando su trabajo político en el frente barrial en especial en barrio Centenario.

Gustavo Pon se licenció en Filosofía y ejerció como profesor en varias Facultades de las Universidades Nacional del Litoral y Católica de Santa Fe. "Hoy existen placas en cada una de esas casas de estudio al igual que en el hall central de gremio docente Amsafé que rescatan su labor de docente comprometido con el cambio social", señaló.

Meses antes de su secuestro, más precisamente en junio de 1977, Gustavo Pon escribió en su diario personal un concepto que sintetiza el sentido de su vida, y es el siguiente: "Estuve varios años buscando la forma más efectiva de cumplir el mandato evangélico hasta que me di cuenta de que el amor evangélico es un amor político, de que la beneficencia no sirve porque humilla y degrada, de que liberación y la salvación son una misma cosa. Para qué vamos a salvar o liberar personas si luego tienen que servir a estructuras opresoras".

viernes, 17 de diciembre de 2010

Extraditaron de EEUU al represor Juan Miguel Méndez

De Florida a Melchor Romero

El comandante de Gendarmería retirado Juan Miguel Méndez fue detenido en Estados Unidos, país que hace dos meses se negó a extraditar a uno de los acusados por la Masacre de Trelew. Méndez fue segundo jefe de guardias de los centros Banco y Olimpo
     
Cuando se reabrió la causa por delitos de lesa humanidad bajo la órbita del Primer Cuerpo de Ejército, en 2003, el comandante de Gendarmería retirado Juan Miguel Méndez huyó rumbo a los Estados Unidos. Dos años después, el juez Daniel Rafecas pidió su captura. Fue localizado en Florida pero debieron pasar tres años y un cambio de presidente norteamericano para que en junio de 2009 se concretara la detención. Ayer, a un tercio de siglo de su actuación como segundo jefe de guardias de los centros clandestinos Banco y Olimpo, llegó extraditado a Ezeiza.

“El gobierno de los Estados Unidos está orgulloso de poder asistir al gobierno de la Argentina para llevar ante la Justicia a presuntos violadores de los derechos humanos”, afirmó la embajadora Vilma Martínez. El traslado se concreta a dos meses de la negativa del juez Robert Dubé de extraditar a otro vecino de Florida con pedido de captura: el teniente de navío Roberto Guillermo Bravo, fusilador de la Masacre de Trelew en 1972 y titular de RGB Group Ing., que factura millones de dólares a cambio de servicios médicos a las fuerzas armadas norteamericanas.

Tras el golpe de Estado de 1976, Méndez fue destinado al escuadrón móvil de Gendarmería en Campo de Mayo, donde secundó al comandante Guillermo Cardozo. Sobrevivientes del Olimpo recuerdan que Nelson, nombre de cobertura de Méndez, solía recorrer el centro clandestino como jefe de los gendarmes que brindaban “seguridad”, tarea que no los excluía de algunos operativos. Cardozo y otros quince represores del circuito Atlético-Banco-Olimpo escucharán el martes su primera sentencia por secuestros, torturas y asesinatos. El 16º es Julio Simón, que va por su tercera condena.

El gendarme de 68 años llegó al país ayer en el vuelo 847 de United Airlines, acompañado por oficiales del servicio de deportaciones estadounidense. En Ezeiza lo esperaban efectivos de la unidad de operaciones complejas de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que lo trasladaron a su destino final, en la Unidad Penal 29 de Melchor Romero.

La embajada de los Estados Unidos informó que la extradición estuvo a cargo de la Oficina de Operaciones de Ejecución y Deportación. Según el comunicado, fue identificado en mayo de 2009 por la unidad dedicada a combatir violaciones a los derechos humanos y crímenes de guerra de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), y detenido el 11 de junio. La ICE lo denunció por violar la ley de inmigración de los Estados Unidos, tal como ocurrió con el mayor Ernesto Barreiro, torturador de La Perla. “La Oficina de Inmigración y Aduanas no permitirá que Estados Unidos sea un refugio para aquellas personas que han venido a nuestro país con el fin de eludir el procesamiento y castigo por delitos cometidos en otros países”, aseguró el director del servicio, John Morton.

Con la extradición de Méndez. la investigación por crímenes en el circuito Atlético-Banco-Olimpo ronda la treintena de imputados. En los últimos días fueron detenidos tres policías y un agente del Servicio Penitenciario Federal. Se trata del oficial Eduardo Angel Cruz, alias Cramer, que había estado prófugo en los ’80; del suboficial Raimundo Oscar Izzi, del inspector Mario Oscar Baigorria, y del penitenciario Héctor Horacio Marc, alias Ruso. Los cinco deberán prestar declaración indagatoria y aguardar el segundo juicio por los crímenes del Primer Cuerpo, que aún no tiene fecha.