domingo, 26 de diciembre de 2010

El carácter de perseguidos políticos resaltó en los testimonios de ABO

“Doce perpetuas son un paso adelante”
“Hace quince años tomé la decisión de que esta lucha era una lucha colectiva”, dice Paula Maroni, cuyo padre fue uno de los desaparecidos en el circuito de campos clandestinos Atlético-Banco-Olimpo.

 Por Alejandra Dandan

El presidente del Tribunal leía la sentencia. Era el día de la condena a los 17 acusados por los crímenes del circuito Atlético-Banco-Olimpo. A unos metros, entre las sillas de los sobrevivientes de los campos, familiares e integrantes de los organismos de derechos humanos, Paula Maroni escuchaba una y otra vez cómo se caía el nombre de su padre: los represores eran condenados por algunas víctimas, pero a su vez absueltos por otras. Por el caso de su padre, al comienzo había seis acusados pero a medida que avanzaba la sentencia los nombres de- saparecían de la lista: “¡Qué feo que me sonaba!”, dice Paula, que finalmente escuchó el nombre de Juan Patricio como parte de la condena a prisión perpetua de Julio Simón. “Mi viejo es un caso que no fue visto por muchas personas, la única testigo es mi mamá porque va al Atlético con él y mi abuela que presenció el operativo –dice ella–; afuera, el día de la sentencia, mis compañeros estaban preocupados porque escuchaban que se caía de las condenas, pero yo estaba feliz porque hace quince años tomé la decisión de que esta lucha era una lucha colectiva, y me dije: está bien, el Tribunal habrá dicho: ¡vamos con los casos recontraprobados!, el resto los dejamos afuera, cosa que sea inobjetable la sentencia.”

El casi medio centenar de represores que fue condenado por crímenes de lesa humanidad no debería ser un dato más. Las sentencias que alcanzaron a celebridades como el ex presidente Jorge Rafael Videla o Luciano Benjamín Menéndez en Córdoba y Samuel Miara, Julio Simón y Raúl Guglielminetti en Buenos Aires, también hicieron foco en nombres poco conocidos: en general autores materiales de la represión, muchos juzgados por primera vez y que son quienes estaban del otro lado de las vendas de los tabicados, los que secuestraron, torturaron, trasladaron y ejecutaron a las víctimas. Para los querellantes, el fallo que condenó a 12 de los 17 acusados a prisión perpetua está marcando avances históricos, aunque también los límites de la lógica penal: entre algunos, marcan el silencio al omitir en las condenas la condición de perseguidos políticos de las víctimas o la idea de convalidar de alguna manera que sin cuerpos no es posible probar que los traslados fueron exterminios.

“La sentencia es muy importante”, vuelve a decir Ana María Careaga como el primer día. Ana María es sobreviviente del circuito y fue uno de los motores de la causa. “Este fue uno de los primeros juicios grandes de Comodoro Py: es la primera vez que se juzga colectivamente a los represores como parte de un circuito y eso trasciende a cada uno de los desaparecidos de ABO y permite que se juzgue también un plan sistemático, para analizar el método aplicado por todas las fuerzas de seguridad”.

Atlético-Banco-Olimpo fueron tres campos clandestinos operados principalmente por policías que funcionaron de modo sucesivo, por lo que iban mudando a las víctimas. Funcionaron de mediados de 1976 a comienzos de 1979. El juicio oral empezó el 24 de noviembre de 2009, se juzgó a 17 represores por un total de 183 casos. “Fue además muy importante para el escenario de Comodoro Py –sigue Careaga– porque inaugura las otras sentencias que van a venir en ese mismo escenario.”

La herramienta

La sentencia se conoció el miércoles pasado: las 12 perpetuas alcanzaron a Miara y el Turco Julián; hubo cuatro condenas a 25 años de prisión y una absolución para Juan Carlos Falcón, conocido como “Kung Fu” por el modo marcial que tenía de golpear a los detenidos. Más allá de las razones por las que se condenó a cada uno –razones que se conocerán en marzo con la difusión de los fundamentos, o de si es verdad o no que en el caso de Falcón pesó su coartada según la cual, para la época, era custodio personal de Albano Harguindeguy–, cuando escuchó la absolución, Delia Barrera salió de la sala llorando para encerrarse en el baño.

“No volví a entrar, no pude”, dice a Página/12. “Falcón estuvo en mi casa, es el que nos torturó, nos separó de las celdas con mi primer marido, el que lo trasladó a él, el que decide mi libertad.” El operativo de su secuestro se hizo en un departamento de la calle Superí 135. Kung Fu apareció entre los primeros hombres del grupo de tareas, Delia lo describió con los ojos achinados, el cuerpo alto y como la persona que llevó adelante todo su caso adentro del campo: desde los interrogatorios hasta los traslados. “Siento dolor y bronca –dijo–: ¿qué otra prueba les puedo dar? Estoy muy contenta con la sentencia, pero siento que me quedé con un Falcón atragantado en la garganta, yo di bastante prueba, muchos de mis compañeros también lo reconocieron por fotos, pero no me importa, vamos por más y seguramente lo vamos a agarrar con el ABO II.”

Algo de esa misma sensación de poco se repitió con Guglielminetti y Ricardo Taddei, extraditado de España en 2007. Ambos recibieron condenas a 25 años de prisión, sin perpetuas. Guglielminetti porque no lo condenaron por homicidio como al resto; sólo se lo consideró partícipe secundario entre otras cosas –se supone– porque no lo situaron en los tres campos como sostienen las víctimas. A Taddei, porque un convenio con España le impide a la Argentina aplicar sanciones más altas de las que se permiten allí. Pero más allá de las razones, lo que cuestionan es la lógica de la Justicia Penal que todavía está pidiendo pruebas tangibles, causas y efectos, como si no hubiese pasado el tiempo.

“Es la herramienta que tenemos para juzgar a estos delitos aberrantes y estas herramientas tienen sus limitaciones”, dice Careaga. “Se necesita de este tipo de herramientas para juzgar una práctica que se hacía en forma clandestina: con campos clandestinos, con represores con apodos, con los nombres de las víctimas cambiados, por eso creo que doce perpetuas son un avance.”

La singularización

Isabel Fernández Blanco es una de las testigos con más declaraciones a cuestas: seis veces en total. Sin embargo, la experiencia no alcanza: antes de declarar esta vez estuvo durante días perseguida por esos miedos que todavía pesan en las espaldas de los sobrevivientes: ¿qué pasa si se olvidan de algo? ¿De alguno de los nombres de los compañeros que no volvieron de los centros?, esa promesa que se dieron unos a otros, y que los comprometió para pelear por la justicia. El susto siguió. Un día antes de declarar visitó a una vieja compañera. Le pidió ayuda; lápiz y papel y que anote lo que iba diciendo. Habló. Siguió. Hasta que esa compañera agarró la lista, la dobló en dos y le dijo: “¿Sabés qué tenés que hacer? Hablar de lo que viviste”.

“Sentía que los recuerdos que se me habían borrado de pronto aparecían y creo que tuvo que ver con que por primera vez yo iba a ahí para hablar de mí”, dice Isabel. “Cuando estás sentadito ahí es como que los recuerdos fluyen, y yo recordé cosas que hasta me sorprendieron.” Entre otras, su lugar en el área federal de Montoneros, en prensa. “Me faltó decir que era militante de base, pero creo que la idea de que pudiéramos decir que éramos militantes habilitó a lo mejor ese recuerdo.”

La lógica del caso por caso que se abrió en el juicio, como sucede en otros procesos de Comodoro Py, la posibilidad de hablar ante los represores o la búsqueda de algunos actores como los fiscales, que al dar por probada la represión intentaron hacer aparecer las historias de vida, la materialización de los militantes desaparecidos pero sobre todo sus militancias políticas, fue lo que trazó un nuevo perfil en los juicios. Casos como el de Isabel, que hasta ahora iba a hablar de otras víctimas, empezaron a reconstruir historias en singular.

Miguel D’Agostino es uno de los que están convencidos de que poder hablar de la militancia fue una de las características de estos juicios. Sobreviviente del circuito, declaró en los ochenta cuando la eclosión de la teoría de los dos demonios les abría la posibilidad de quedar detenidos a los que plantearan cosas por el estilo. Y cuando muchos liberados todavía sufrían prisiones a distancia: recibían llamadas de control, citas en bares o terminaban presos. D’Agostino dice que los juicios empezaron a recuperar ese pasado político.

“Me llamó la atención que el fallo no hiciera ninguna referencia a la militancia política”, indica en alusión a otros fallos que toman como agravantes la condición de militantes políticos de las víctimas. Esa característica fue tratada por Alejandro Alagia, el fiscal federal. Asumiendo todos los riesgos por los posibles pedidos de nulidad, el fiscal pidió el castigo por genocidio para todos en representación –por primera vez– de un organismo del Estado e intentado explicar a las víctimas como parte de un grupo nacional con características políticas definidas, víctima de una matanza. “Me llamó la atención que no hagan referencia a esto –dijo Miguel–, creo que de ese modo se está desapareciendo una identidad, la identidad social y política de las personas.”

Los homicidios

En la condena hubo otro dato: la perpetuas se habilitaron porque a doce represores los vincularon como autores o coautores del homicidio de los únicos cinco cuerpos que están aparecidos e identificados en la causa. Son cinco víctimas identificadas en 2007 por el Equipo Argentino de Antropología Forense. Sin cuerpos, la Justicia Penal o por lo menos una parte de ella –como lo demuestra esta sentencia– no parece estar en condiciones de condenar a perpetuas.

“En términos generales es un logro importantísimo, pero me deja sabor a poco –sigue Miguel–: estamos en el siglo XXI, tenemos mucha información y necesitamos establecer con mayor detalle que los que no están, por ejemplo, son personas desaparecidas, exterminadas y asesinadas para garantizar la impunidad.” Y dice: “Todavía estamos festejando, no estamos en la etapa del análisis, en estos días también fue condenado Videla, estamos eufóricos por eso: pero nos parece sorprendente, después de treinta y pico años, verles la cara que hasta ahora sólo habíamos visto a través de la posibilidad o no de levantarnos una venda y arriesgándonos a ir a la sala de tortura. O que los conocíamos porque alguien se animaba a susurrarnos algún dato y ahora verlos así, ¡cómo no vas a festejar!”.

“Yo creo que estos juicios trascienden el tema jurídico”, vuelve a decir Ana María Careaga. “Creo que esta sociedad no puede salir de esos juicios como entró: ninguno de los que están sentados ante esos relatos que son insoportables sale igual, porque hablan de la humanidad, y esto se repite en cada punto del país donde tiene lugar un acto de justicia.”

martes, 21 de diciembre de 2010

Quiénes son los condenados y el represor que fue absuelto

   
1 Julio César Simón, alias “Turco Julián”. Conocido por sus víctimas por su antisemitismo. Llevaba un llavero con una esvástica. Relató su experiencia como torturador ante las cámaras de TV y ya tiene dos condenas en su haber: una por la desaparición de la familia Poblete y otra por los secuestros de un grupo de militantes montoneros que regresaron al país en el marco de su operación de Contraofensiva. Ayer recibió su tercera condena. Le dieron perpetua.

2 Raúl González, alias “Mayor Raúl” o “El Negro”. Proveniente de la Policía Federal, era el segundo jefe en los campos y participaba de interrogatorios.Perpetua.

3 Juan Carlos Avena, alias “Capitán Centeno”. Como adjuntor principal del Servicio Penitenciario tuvo participación en la organización y dirección de El Olimpo. Perpetua.

4 Eufemio Jorge Uballes, alias “Anteojito Quiroga” o “Führer”. Ex subcomisario de la Policía Federal Argentina. Era uno de los encargados del “traslado” de los detenidos. Varios de los relatos de los sobrevivientes lo recuerdan haciéndoles decir “Heil, Hitler” mientras los torturaba. Perpetua.

5 Eduardo Emilio Kalinec, alias “Doctor K”. Ex oficial ayudante de la Policía Federal. Lo condenaron por intervenir en la custodia de los detenidos y de participar en interrogatorios y tormentos aplicados en los centros Atlético, El Banco y El Olimpo. Siguió en funciones hasta hace apenas seis años, cuando comenzó a ser juzgado. Perpetua.

6 Roberto Antonio Rosa, alias “Clavel”. Fue señalado como miembro de los grupos de tareas del circuito que dependía de la Superintendencia de Seguridad de la Policía Federal. Rosa saltó a la fama porque fue vinculado con el juez Norberto Oyarbide en el escándalo sobre la protección de prostíbulos. Antes había pasado por el Departamento de Leyes Especiales (juego clandestino) durante tres años, y durante ese lapso fue investigado por su presunto enriquecimiento ilícito. Perpetua.

7 Guillermo Víctor Cardozo, alias “Cortés”. Ex gendarme. Se dedicó a adoctrinar en Campo de Mayo a los guardias de los centros clandestinos para que no hablaran de los crímenes con nadie. Durante los ’90 fue comandante mayor y hasta 1998 fue segundo jefe de la Región II (Rosario) de Gendarmería. Perpetua.

8 Eugenio Pereyra Apestegui, alias “Quintana”. Otro ex gendarme. Los sobrevivientes lo recuerdan con gomina y tacos, por su complejo de petiso. Obligaba a los secuestrados a hacer esfuerzos físicos inhumanos, escuchar discursos de Hitler y canciones de Nino Bravo. Fue uno de los pocos que habló durante la instrucción: dijo que en el centro sólo cumplían “funciones de seguridad en un objetivo militar”. Perpetua.

9 Enrique José Del Pino, alias “Miguel”. Capitán del Ejército del Batallón de Inteligencia 601, Del Pino había comenzado su carrera en 1975, bajo las órdenes de Antonio Domingo Bussi y Adel Vilas, en Tucumán. Luego pasó a ser jefe del grupo de tareas que operaba en El Banco y El Olimpo. Fue detenido en 2007 luego de estar un año y medio prófugo. Perpetua.

10 Samuel Miara, alias “Cobani”. Ex subcomisario, jefe de la guardia de los tres centros clandestinos. Testimonios de sobrevivientes aseguran que Miara violó a varias de las detenidas y golpeó a patadas a una mujer embarazada de siete meses. En 1998 fue condenado a doce años de prisión por la apropiación de los mellizos Matías y Gonzalo Re-ggiardo Tolosa, a quienes crió como propios. Perpetua.

11 Oscar Augusto Isidro Rolón, alias “Soler”. Torturaba a los detenidos con picanas y se ufanaba de estar infiltrado en la Facultad de Derecho. Los camaristas que en 2007 confirmaron su prisión preventiva consideraron que habría mantenido “contacto directo” con las víctimas, lo que “permite suponer que conoce los aspectos de la última fase (la de-saparición de personas) de las maniobras delictivas”. Perpetua.

12 Luis Juan Donocik, alias “Polaco Chico”. Comisario retirado de la Policía Federal. Integraba el grupo de guardias denominados “candados”, responsables de impedir que los secuestrados hablaran y de llevarlos a la sala de torturas. Antes de retirarse tuvo a su cargo la comisaría 48ª. Estuvo vinculado con la empresa de seguridad privada Segar SA. Perpetua.

13 Raúl Antonio Guglielminetti, alias “Gustavino” o “Mayor Gustavino”. Ex agente civil de inteligencia del Ejército. Actuó como represor en al menos seis centros clandestinos y a principios de los ’80 se dedicó a los secuestros extorsivos. Luego del retorno a la democracia fue custodio del ex presidente Raúl Alfonsín. Fue detenido en agosto de 2008. Fue condendo a 25 años.

14 Mario Alberto Gómez Arenas. Fue jefe del Destacamento de Inteligencia 103 de Capital Federal entre 1979 y 1981. En 2008 fue condenado por su actuación como jefe del Destacamento 182 de Neuquén junto a dos de sus ex subordinados. 25 años.

15 Ricardo Taddei, alias “Cura” o “El Padre”. Integró las “patotas” que aplicaban tormentos. Luego se ofrecía como confesor en cautiverio para impartir castigos y absoluciones: incluso llevó un televisor al Olimpo para que los secuestrados vieran la misa del domingo. En abril de 2007 fue extraditado desde España, donde vivió durante veinte años. 25 años.

16 Carlos Alberto Roque Tepedino. Pieza fundamental en la estructura de inteligencia del Ejército. Entre 1975 y 1977 fue director de Inteligencia interior de la SIDE. Del ’78 al ’79 condujo el Batallón de Inteligencia 601. Se retiró en el ’81, pero hasta el final de la dictadura se desempeñó como director general de Seguridad Interior. Ya en democracia, siguió “prestando servicios” como adscripto al Departamento de Informática en el comando del Ejército. 25 años.

17 Juan Carlos Falcón, alias “Kung Fu”. Guardia karateca, diestro en las artes marciales. Los sobrevivientes lo señalaron como partícipe de los “traslados” y era recordado porque en sus guardias nadie podía llorar. Ex custodio de Albano Harguindeguy, solía abusar de las mujeres secuestradas. Ayer, el tribunal consideró que no había suficientes pruebas para condenarlo. Fue absuelto.

La condena dejó varias preguntas en el aire. Entre otras, por qué el tribunal no castigó con la pena máxima a las desapariciones aún sin la presencia de los cuerpos.

Doce cadenas perpetuas y cuatro represores recibieron 25 años.

16 represores fueron declarados culpables y uno fue absuelto en el juicio por los crímenes cometitos en los CCD Arlético - Banco  y Olimpo
La patota de Miara y Guglielminetti tuvo su condena
El juicio abarcó a 183 víctimas.
Por Alejandra Dandan

Era uno de los dioses del Olimpo. Uno de los torturadores más feroces y una de las figuras más emblemáticas del Terrorismo de Estado. Mientras Jorge Alberto Tassara le leía letra por letra la sentencia que las víctimas y sus familiares esperaron durante más de treinta años, se levantó de la silla para salir de la sala porque justo en ese momento necesitaba ir al baño. Poco después, con un cuarto intermedio mediante y mientras escondía la cara revolcándose en la silla el presidente del Tribunal Oral Federal 2 terminaba con la lectura de los cargos: Julio Simón alias El Turco Julián recibió una condena a prisión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua como autor de cinco homicidios calificados por alevosía en concurso con privación ilegal de la libertad y tormentos; por 74 hechos de privación ilegal y tormentos agravados y 89 delitos de tormentos y privación ilegal con el agravante de que las víctimas permanecieron más de un mes prisioneras. Hubo un único y efusivo aplauso en la sala durante las dos horas de lectura del veredicto: fue en ese momento.

La histórica sentencia por los crímenes del circuito integrando por los centros clandestinos del Banco-Atlético-Olimpo finalmente llegó. A las siete de la tarde, el presidente del TOF 2 leyó las condenas para 16 de los 17 represores acusados en el marco –como especificó– de delitos de lesa humanidad por 183 casos. Detrás del Turco Julián recibieron la máxima condena otros once represores, entre ellos, el apropiador Samuel Miara y el policía Oscar Augusto Rolón que entró en la sala con las manos en alto, saludando con entusiasmo a sus familiares y a la parentela de otros acusados que tiraban besos desde el piso de arriba. Otros cuatro represores fueron condenados a 25 años de prisión con inhabilitación absoluta perpetua, entre ellos Raúl Guglielminetti. Juan Carlos Falcón alias “Kung Fu” quedó absuelto de cargos y se ordenó su libertad.

Después de la lectura del veredicto cuando finalmente acabó el juicio oral que empezó el 24 de noviembre del año pasado, entre las víctimas y testigos había una sensación de llegada, de haber alcanzado un piso de justicia. En la sala de audiencias se escuchó “presentes, ahora y siempre”.

“Se hizo justicia”, dijo para poner las cosas en su lugar y antes de cualquier otra cosa Ana María Careaga, una de las sobrevivientes del circuito y pilar en los avatares del juicio. “Son muchos los que fueron condenados a cadena perpetua, responsables de estos delitos aberrantes, pero también está la desazón porque nosotros tuvimos que padecer adentro a este represor con el seudónimo de Kung Fu, pero todo lo que hemos vivido se contradice con los parámetros de la justicia, que consideró que no es real que esta persona actuaba ahí.”

Pese al pedido de la fiscalía encabezada por Alejandro Alagia que pidió para todos la acusación por el delito por genocidio, el TOF 2 dictó una sentencia que las querellas consideraron correcta técnicamente. El Tribunal optó por la fórmula de “crímenes de lesa humanidad” para situar y legitimar las condenas.

Para dictar las cadenas perpetuas el tribunal consideró probado el delito de homicidio agravado por alevosía. Ese delito se pudo incorporar en el trascurso del juicio oral porque cinco cuerpos de víctimas que habían pasado por los campos fueron identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense en 2007.

En esa acusación entró el apropiador Samuel Miara que fue jefe de la guardia de los tres centros clandestinos, represor y acusado por la apropiación de los mellizos Reggiardo-Tolosa. Como lo viene haciendo en las últimas audiencias, Mira siguió la audiencia a través de una pantalla conectada al hospital policial Churruca. El Tribunal lo condenó a prisión perpetua e inhabilitación absoluta por los homicidios. Además, lo condenaron por 58 hechos de privación ilegal de la libertad agravada y por tormentos y por otros 81 casos en los que a los agravantes se sumó la característica de haber mantenido a las víctimas durante más de un mes privadas de la libertad. Ese mismo tipo de cargos se repitió con la mayor parte de los represores.

El caso de Guglielminetti fue distinto. Recibió una pena menor de la que se esperaba. El Tribunal lo condenó a 25 años de prisión e inhabilitación absoluta y perpetua como coautor de tormentos en un caso; y partícipe secundario en 22 hechos de privación ilegal agravado y tormentos y como partícipe secundario en otros 46 donde la acción incluyó como agravante el secuestro de más de un mes de cautiverio. Las razones por las que el TOF 2 lo condenó de ese modo se conocerán el 22 de marzo, cuando se lean los fundamentos de la sentencia. Las querellas y la fiscalía ayer hacían algunas hipótesis, entre ellas que el Tribunal evaluó al ex agente de inteligencia del Batallón 601 como alguien que no estaba asignado permanentemente al campo.

Otro de los que no recibió perpetua sino una condena a 25 años de prisión pero está acusado por los cinco homicidios es Ricardo Taddei. El represor fue extraditado desde España y según el convenio con ese país, Argentina se compromete a no condenar a perpetua.

Otro de los casos particulares fue el del teniente coronel (r) Enrique José del Pino jefe del Grupo de Tareas GT2, condenado a perpetua por los casos ya enumerados de homicidios y por los asesinatos de Carlos Fassano y Lucía Révora de De Pedro. Con del Pino fueron condenados por estos mismos crímenes a 25 años de prisión Carlos Alberto Teppedino –sobre quien el Tribunal ordenó la detención urgente– y Mario Gómez Arena.

La decisión de liberar a Falcón será apelada. Pese a eso, anoche entre los consultados por Página/12 se evaluaban algunas explicaciones. Una era que los jueces habían dado por válida una de las coartada del llamado “Kung Fu” adentro del centro que logró acreditar en el debate que durante ese período estaba asignado a la custodia personal de Albano Harguindeguy. Pese a eso, existen testigos que lo ubican dentro de los centros y quienes podrían argüir, como lo hacían anoche, si esa misma cercanía al ex ministro del Interior no lo habilitaba para participar de las torturas.

lunes, 20 de diciembre de 2010

Sin fisuras en el silencio represor

El torturador Julio Simón, alias “El Turco Julián”, conocido por su ferocidad, escondió la mirada ante los flashes. Samuel Miara, apropiador de los mellizos Reggiardo-Tolosa, repitió que no tenía nada que agregar. Tienen pedidos de prisión perpetua.
Por Alejandra Dandan

Era uno de los dioses del Olimpo. El tipo que andaba adornado con cruces en el cuello, y el símbolo nazi en un llavero. El hombre que para divertirse organizaba luchas libres entre los detenidos desaparecidos; los enfrentaba siempre de a dos, dos hombres o dos mujeres, con reglas que corrían por su cuenta. Valía todo excepto el no pelear, porque cuando alguien no pegaba, los sometía a una sesión de tortura. Julio Héctor Simón alias el “Turco Julián”, ese mismo dios del infierno, agachó la mirada cuando un fotógrafo de Página/12 ayer intentó retratarlo: Sentado entre otros dieciséis represores en uno de los auditorios de los Tribunales Federales de Comodoro Py, donde empezaba el último día del juicio por los crímenes del circuito Atlético-Banco-Olimpo, un día antes de la sentencia que se escuchará hoy.

Los represores se sentaron en bloque, detrás de Simón que estaba en las primeras filas. Unos detrás de otros se ubicaron en uno de los extremos de la sala alterados por el movimiento del lente de la cámara. Uno de los más altos, el ex hombre de la Federal Oscar Rolón, apenas intuyó el disparo giró rápidamente para ponerse de espaldas, posición desde la que improvisó una charla salvadora con uno de los coroneles. En la sala de audiencias, el Tribunal Oral Federal 2 porteño intentaba una conexión con el represor número 17: el apropiador Samuel Miara, jefe de la guardia de los tres centros clandestinos, represor y acusado por la apropiación de los mellizos Reggiardo-Tolosa. Internado en el Hospital Policial Churruca, Miara sigue las derivaciones del juicio por video conferencia.

¿Señor Miara, me escucha?, preguntó el presidente del Tribunal Oral Federal 2 varias veces, y más tarde volvió a preguntarle lo mismo, pero para saber si –como había sucedido con cada uno de los otros acusados– estaba dispuesto a decir algo. Era el último día de audiencia. Habían pasado unas 80 jornadas de debate y los alegatos de la fiscalía que acusó a todos por genocidio y el pedido a cadena perpetua de las querellas. Miara, que no dijo nada, fue el único de los 17 que respondió, sin embargo, con un poco más de palabras: “Todo lo dicho lo ha expresado mi abogada defensora –dijo–: por lo tanto, no tengo nada que agregar”.

El juicio por los crímenes del circuito conocido como ABO comenzó el 24 de noviembre del año pasado; en él se juzga a los acusados por 184 casos de secuestros, tormentos y homicidios. La mayor parte de los acusados son hombres de la Policía Federal, pero entre ellos también hay hombres del Servicio Penitenciario, Gendarmería y del Ejército que se fueron incorporando en los distintos momentos de apertura de los centros.

En el primer grupo estaba el Turco Julián, Miara, Roberto Antonio Rosa, alias “Clavel”; Eduardo Kalinek, alias “Dr K”; Raúl González, alias “Negro”; Ricardo Taddei, alias “Cura” o “El Padre”, extraditado en marzo de 2007 de España; Juan Carlos Falcón, alias “KungFu”, por su forma de golpear a los detenidos con modos del arte marcial; Oscar Augusto Isidro Rolón, alias “Soler”, el hombre que no quería la foto; Eugenio Jorge Uballes, alias “Anteojito”, que con Taddei también integraron las tropas de la Triple A, y Juan Carlos Donocik, alias “Polaco Chico”. Los otros son Juan Carlos Avena, alias “Capitán Centeno”, del Servicio Penitenciario; Eugenio Pereyra Apestegui, alias “Quintana”, y Guillermo Víctor Cardozo, alias “Cortez de Gendarmería”; Raúl Guglielminetti, conocido como el “Mayor Guastavino”, civil, de inteligencia, y el ex Enrique José del Pino, teniente coronel retirado y jefe de grupo de tareas GT2 que funcionó en los tres centros. También están acusados Carlos Tepedin y Mario Gómez Arena.

“Cada uno de ellos cumplió distintos roles dentro del centro, estaban ahí”, dijo a Página/12 Miguel D’Agostino sobreviviente de los campos. “Estuvieron a lo largo de los dos años que funcionaron los centros cambiando o alternando responsabilidades.”

El Atlético funcionó en un predio de la Policía Federal con fuerzas operativas de la policía desde mediados del ’76 hasta diciembre del ’77, y quedó desactivado por la construcción de la autopista 25 de Mayo. El campo se trasladó provisoriamente al Banco, en el cruce de la autopista Riccheri con el Camino de Cintura, a la altura de Puente 12, hasta el 16 de agosto del ’78. A partir de ese día empezó a funcionar el Olimpo en otro predio de la Federal, en Lacarra y Ramón L. Falcón, que quedó desactivado en enero de 1979.

Como sucedió ayer, a lo largo del juicio los acusados casi no hablaron. El pacto del silencio funcionó pese a que no todos pertenecían a la misma fuerza de seguridad, una característica que en Córdoba, por ejemplo, se rompió y les impidió tejer una estrategia defensiva común y, en pos de una defensa personal, varios hablaron. En este caso, no. Y los integrantes de las querellas no se extrañaron: “Esto demuestra que los casos de los que hablan son excepcionales”, indicó a Página/12 Ana María Careaga. “Y echa por tierra la posibilidad de una reconciliación basada en la idea del arrepentimiento: son incapaces de ver responsabilidades, hay que juzgarlos y condenarlos”. Ana María dice que en general los represores muestran un espíritu de cuerpo: un pacto de silencio que hasta hoy lo siguen cumpliendo. “Desde hace muchos años ellos pueden decir lo que saben, la verdad: tuvieron la oportunidad durante los juicios por la verdad porque estaban vigentes las leyes por las que se los podría juzgar por apropiación de bebés y de bienes, pero no por otros delitos, pero en ese caso tampoco se hicieron cargo de nada”.

Daniel aclaró que su hermano Gustavo no ocupó cargos importantes en la organización Montoneros, a la cual incorporó en los últimos años de su vida siendo funcionario del Gobierno democrático y luego como organizador del Partido Auténtico en la Provincia de Santa Fe, desarrollando su trabajo político en el frente barrial en especial en barrio Centenario.

Gustavo Pon se licenció en Filosofía y ejerció como profesor en varias Facultades de las Universidades Nacional del Litoral y Católica de Santa Fe. "Hoy existen placas en cada una de esas casas de estudio al igual que en el hall central de gremio docente Amsafé que rescatan su labor de docente comprometido con el cambio social", señaló.

Meses antes de su secuestro, más precisamente en junio de 1977, Gustavo Pon escribió en su diario personal un concepto que sintetiza el sentido de su vida, y es el siguiente: "Estuve varios años buscando la forma más efectiva de cumplir el mandato evangélico hasta que me di cuenta de que el amor evangélico es un amor político, de que la beneficencia no sirve porque humilla y degrada, de que liberación y la salvación son una misma cosa. Para qué vamos a salvar o liberar personas si luego tienen que servir a estructuras opresoras".

viernes, 17 de diciembre de 2010

Extraditaron de EEUU al represor Juan Miguel Méndez

De Florida a Melchor Romero

El comandante de Gendarmería retirado Juan Miguel Méndez fue detenido en Estados Unidos, país que hace dos meses se negó a extraditar a uno de los acusados por la Masacre de Trelew. Méndez fue segundo jefe de guardias de los centros Banco y Olimpo
     
Cuando se reabrió la causa por delitos de lesa humanidad bajo la órbita del Primer Cuerpo de Ejército, en 2003, el comandante de Gendarmería retirado Juan Miguel Méndez huyó rumbo a los Estados Unidos. Dos años después, el juez Daniel Rafecas pidió su captura. Fue localizado en Florida pero debieron pasar tres años y un cambio de presidente norteamericano para que en junio de 2009 se concretara la detención. Ayer, a un tercio de siglo de su actuación como segundo jefe de guardias de los centros clandestinos Banco y Olimpo, llegó extraditado a Ezeiza.

“El gobierno de los Estados Unidos está orgulloso de poder asistir al gobierno de la Argentina para llevar ante la Justicia a presuntos violadores de los derechos humanos”, afirmó la embajadora Vilma Martínez. El traslado se concreta a dos meses de la negativa del juez Robert Dubé de extraditar a otro vecino de Florida con pedido de captura: el teniente de navío Roberto Guillermo Bravo, fusilador de la Masacre de Trelew en 1972 y titular de RGB Group Ing., que factura millones de dólares a cambio de servicios médicos a las fuerzas armadas norteamericanas.

Tras el golpe de Estado de 1976, Méndez fue destinado al escuadrón móvil de Gendarmería en Campo de Mayo, donde secundó al comandante Guillermo Cardozo. Sobrevivientes del Olimpo recuerdan que Nelson, nombre de cobertura de Méndez, solía recorrer el centro clandestino como jefe de los gendarmes que brindaban “seguridad”, tarea que no los excluía de algunos operativos. Cardozo y otros quince represores del circuito Atlético-Banco-Olimpo escucharán el martes su primera sentencia por secuestros, torturas y asesinatos. El 16º es Julio Simón, que va por su tercera condena.

El gendarme de 68 años llegó al país ayer en el vuelo 847 de United Airlines, acompañado por oficiales del servicio de deportaciones estadounidense. En Ezeiza lo esperaban efectivos de la unidad de operaciones complejas de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que lo trasladaron a su destino final, en la Unidad Penal 29 de Melchor Romero.

La embajada de los Estados Unidos informó que la extradición estuvo a cargo de la Oficina de Operaciones de Ejecución y Deportación. Según el comunicado, fue identificado en mayo de 2009 por la unidad dedicada a combatir violaciones a los derechos humanos y crímenes de guerra de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), y detenido el 11 de junio. La ICE lo denunció por violar la ley de inmigración de los Estados Unidos, tal como ocurrió con el mayor Ernesto Barreiro, torturador de La Perla. “La Oficina de Inmigración y Aduanas no permitirá que Estados Unidos sea un refugio para aquellas personas que han venido a nuestro país con el fin de eludir el procesamiento y castigo por delitos cometidos en otros países”, aseguró el director del servicio, John Morton.

Con la extradición de Méndez. la investigación por crímenes en el circuito Atlético-Banco-Olimpo ronda la treintena de imputados. En los últimos días fueron detenidos tres policías y un agente del Servicio Penitenciario Federal. Se trata del oficial Eduardo Angel Cruz, alias Cramer, que había estado prófugo en los ’80; del suboficial Raimundo Oscar Izzi, del inspector Mario Oscar Baigorria, y del penitenciario Héctor Horacio Marc, alias Ruso. Los cinco deberán prestar declaración indagatoria y aguardar el segundo juicio por los crímenes del Primer Cuerpo, que aún no tiene fecha.

martes, 2 de noviembre de 2010

Alegatos

 Una comparación entre los procesos orales abiertos contra los represores desde 2003 y el juicio a las Juntas
Las diferencias

En los juicios contra los represores abiertos a partir de la anulación de las leyes de punto final y obediencia debida es un dato constante la militancia de las víctimas, que era ocultada en el juicio a los ex comandantes. La violencia sexual, las historias de vida y lo cotidiano son otros aspectos que aparecen en estas audiencias.
Por Alejandra Dandan

La hipótesis podría plantearse en estos términos: los juicios orales sobre los crímenes en los centros clandestinos de la última dictadura parecen estar haciendo aparecer a los desaparecidos. Los testimonios de sobrevivientes y familiares construyen en las audiencias nuevos relatos que acentúan, entre otras cosas, sus identidades políticas. A contramano de lo que sucedió con la emblemática causa 13, elaborada a partir del informe Conadep, estos procesos recuperan las carnaduras cotidianas, los modos de vida, los deseos y detalles no sólo de ellos sino también de los sobrevivientes y los aleja de la idea exclusiva de las víctimas para volver a situarlos en el terreno político. Pero, además, hay nuevas aristas en las investigaciones. Intentos de comprobar paisajes hasta ahora invisibilizados, como la violencia sexual sobre varones y mujeres o la presencia en los lugares del horror de niños y adolescentes. Con todo eso, aparece por primera vez, además, la voz de los HIJOS. No sólo hablan en las audiencias sobre los efectos de la represión sobre sus vidas, sino que van recogiendo datos de las historias de sus padres con los que siguen armándolos, y por lo tanto armándose. Lo que sigue es un intento de puntear eso que aparece cada día en los tribunales, ante un público al que todavía, sin embargo, le cuesta aparecer.
Los militantes

Una de las características de los juicios contra los represores en estos tiempos es la acentuación de la idea de la militancia. Julio Santucho empezó a sentarse entre el público que asiste a las audiencias de los crímenes de Automotores Orletti luego de declarar sobre el secuestro de sus hermanos Carlos y Manuela y de su esposa Cristina. “Mi idea era ir a reivindicar la militancia de las chicas”, dice a Página/12. “Adhiero al enfoque del genocidio, y por lo tanto creo que no agarraron a inocentes. Lo que ahora noto es que no estoy solo con esa idea, me sentía solo en esta posición cuando volví al país hace veinte años, no se podía defender esa posición, ahora eso está, en los juicios está presente.” Desde que declaró vuelve a los tribunales cada tanto, pero especialmente cuando sabe que hablará uno de los sobrevivientes que ha estado con sus desaparecidos. Usualmente lo acompaña su hijo Miguel, que cuando termina la audiencia suele acercarse a los sobrevivientes como quien quiere saber más detalles. “A nivel familiar –dice Julio–, noto que mi hijo, más que yo, va a buscar datos de lo que le pasó a su madre, de las torturas por ejemplo, y eso que es un golpe muy fuerte, él lo busca y quiere saber eso, llenar un vacío. Es como si dijera: desaparecido está bien, pero quiere saber qué es un desaparecido, qué pasó, eso es lo yo experimento ahora, que mi hijo y muchos hijos tienen necesidad de esto, aunque sufra, me parece que es mejor, que los fortalece, y ésa es una función importante que hay que reconocer a los juicios.”

Miguel D’Agostino es sobreviviente del circuito del Club Atlético, Banco y Olimpo. Declaró ahora pero lo viene haciendo desde la Conadep. Apenas empieza a pensar en los cambios, subraya la idea de la militancia. “En el ’84 ni lo decíamos”, dice en línea con lo que repiten en estos días los abogados de los organismos de derechos humanos que integran las querellas de las causas, sobrevivientes y fiscales. A comienzos de los ochenta, con el Juicio a las Juntas sostenido en la teoría de los dos demonios, los sobrevivientes no hablaban de su pasado de militantes, entre otras razones porque podían quedar detenidos. Pero, además, las prioridades eran otras, dice en este caso la abogada Ana Oberlín: había que probar la existencia de los desaparecidos, de los centros, la sistematicidad de la represión. “Ibamos a declarar en ese momento y todavía nos estaban vigilando”, advierte D’Agostino. A algunos compañeros los llamaban a las casas. Hubo uruguayos que quedaron presos al regresar a su país. Y muchos familiares no hablaban porque seguían paralizados por el miedo. “Eso empezó a cambiar en los últimos años, desde la calle, con la publicación de cosas como las biografías políticas”, arriesga el mismo D’Agostino. Señala, entre otras cosas, la publicación de libros que marcaron un quiebre y en el que la voz de los sobrevivientes aparece parada en el espacio político antes del exterminio.

Daniel Cabezas declaró sobre el asesinato de su hermano y el secuestro de su madre en las audiencias de la ESMA. A Thelma Jara de Cabezas la obligaron a sentarse en una confitería de la Avenida del Libertador a dar una entrevista fraguada con un reportero de la revista Para Ti para desprestigiar a los Montoneros y los familiares de las víctimas. Mucha agua había pasado bajo el puente, cuando Daniel se sentó a prepararse para la audiencia. “Al comienzo me senté a estudiar porque no sabía cómo abordar eso de ser hijo y además militante, leí la teoría del genocidio del sociólogo Daniel Feierstein pero me di cuenta de que se me empantanaba todo porque no soy teórico, así que me puse a leer la sentencia de la causa 13, donde queda clarísimo la teoría de los dos demonios, y en el caso de mi madre vi que los jueces se preocupaban por saber si era montonera, o le mostraron la revista para que reconociera si había o no había participado del reportaje.” En ese contexto, decidió contar quién era su hermano, ese supuesto subversivo: “Quise contar qué hacían, hablar de la vida cotidiana como militantes, mostrar que no se levantaban a limpiar sus armas y salían a disparar, que los domingos al mediodía en casa nos juntábamos a comer un guiso de lentejas, que estaba mi vieja, que de pronto llegaba Cristina, La Gallega, de un territorio o el Gordo Tití y la Gorda, que nadie sabía los nombres reales pero eran amigos, estaban en casa, unos militaban con mi hermano en la UES y llegaba su novia que no militaba y hablaban de política y se iban y después cada uno diseñaba actividades en sus ámbitos, pegatinas por el 1º de Mayo”. En una de esas pegatinas, un grupo de tareas mató a su hermano. “Podría haber ido armado, porque las armas se usaban de manera defensiva, la gente debe saber y recordarlo porque todos conocían a militantes en los barrios.”

Esa misma trama recuperó el alegato de los fiscales en la causa ABO. Presentaron el alegato con un eje en las historias de vida, pero además las identidades políticas de las organizaciones y sistematizaron las caídas no por fechas como en la Conadep, sino por grupos de pertenencia política. Fue un correlato de lo que apareció en el relato de los testigos en las audiencias, no fue completamente espontáneo. Esa fiscalía, por ejemplo, decidió no preguntar sobre las torturas porque lo daban como elementos probados.

En otras causas, el tema apareció de diferentes maneras. En ocasiones se instaló como una estrategia defensiva. Como en el Juicio a las Juntas, al comienzo de estos nuevos juicios los abogados de los represores intentaron azuzar a los testigos preguntándoles por la militancia en lo que parecía un modo de justificar la masacre. Una expresión de esa postura todavía puede verse en estos días en el juicio del Tribunal Oral Federal de San Martín contra Luis Abelardo Patti. Su defensa, encabezada por el ex camarista Alfredo Bisordi, preguntó a Orlando Ubiedo –testigo y ex secretario general de la Uatre– qué quiso decir cuando habló de las tareas de “contrainteligencia” y para qué la hacían cuando con ese método los militantes sólo intentaban cubrirse las espaldas porque se sabían perseguidos. En la mayor parte de los juicios, esas chicanas sin embargo ya no aparecen: los defensores no preguntan por la militancia. Una de las razones es que, advertidos por las querellas, los testigos empezaron a hablar solos y a situarse en ese espacio político antes de que aparezcan las preguntas: eso no sólo les permitió recuperar sus lugares, sino construir la historia por sí mismos y no como un efecto de la sospecha del otro.

Estela Segado cree que ésa es una de las cuestiones más importantes de los juicios. Coordinadora del Archivo Documental de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, está convencida de que el terrorismo fue una persecución a la militancia, en la que todo militante era considerado terrorista por el solo hecho de ser militante. Que los jueces de la causa 13 estuvieron más interesados en saber si la persona había sido montonera que si había sido torturada. “En estos nuevos tiempos, se abre la posibilidad de comprender esta cuestión de que ‘militancia’ no es sinónimo de ‘asesino terrorista’, y la gente que militaba tiene el permiso para contar cuestiones que no se contaban: como las formas de poder resistir, como estar armados o meter libros en un taparrollos y donde logran decir que tomar pastillas de cianuro se hacía en ese marco.”

¿Pero esa recuperación es tan nueva? Segado dice que sí y que incluso “la militancia todavía está unida a la cuestión de lo delincuencia terrorista”.
El caso

En ese contexto, se advierte además la acentuación de los relatos personales. Los detalles. Las historias de vida, pero también la situación individual del secuestro, la tortura y opresión. Oberlin habla de una época distinta. Frente a los ochenta, años en lo que se necesitaba acreditar las desapariciones, los nuevos procesos penales muestran un acento puesto en la vivencia personal, dice. “De esta manera, presenciamos testimonios mucho más ricos en el detalle de la experiencia de cada sobreviviente. Pasamos de la necesidad de probar los desaparecidos y la sistematicidad a lo que le pasó a cada uno, empieza la reconstrucción más personal.”

La instancia del juicio oral que permite una escenificación de la Justicia es otro de los elementos en juego. La posibilidad de situarse por primera vez ante el círculo de acusados, de los responsables directos, lo potencia: “Los relatos se singularizan”, dice en este caso José Nebbia del CELS. “El que lo hizo está sentado ahí y lo están juzgando por lo que te hizo a vos, el relato se construye desde otro lugar y eso sólo aparece como una reparación para las víctimas: todos sienten un gran alivio una vez que terminaron de hablar, se sacan una mochila gigante.”

Los detallados relatos de las torturas entran en ese contexto. Son mucho más masivos de los que había habido hasta ahora. Todavía siguen siendo estremecedores y sorprendentes. “Antes –dice Oberlín–, muchos de los que habían sido torturados ni siquiera tomaban las torturas como un tema frente a lo que les había pasado a sus compañeros, como las muertes o desapariciones, se minimizaban y ahora aparecen.”

En esa singularización hay ejes que todavía son terreno de debate. Hablan y aparecen las fisuras, los discursos se humanizan, se hablan de los datos entregados en la tortura con los que terminó cayendo una persona. También de los “quebrados”. Situaciones que han convertido a las víctimas durante años sujetos recelados o cuestionados. Inés Sánchez, una antropóloga que es hija de una desaparecida del Vesubio, declaró que su madre había estado en el interior de la “sala Q” del Vesubio, donde estaban “los quebrados”. Llegó al campo clandestino embarazada de dos meses, había intentado poner los dedos en el enchufe para suicidarse, no se lo permitieron, intentó escaparse, tampoco pudo. “Dicen que mi madre participaba en las torturas –dijo ella–, mi mamá era una víctima más, más allá de lo que cada uno puede hacer, las cartas estaban echadas.”

Cuando aparecen narradas por los sobrevivientes, esas zonas oscuras, parte de los espacios del tabú entre los ex detenidos, suelen estar atadas a nuevas miradas. En las audiencias suele escucharse la palabra “trabajo esclavo” entre quienes estuvieron sometidos a las tareas de acopio de información o a servir a los represores. O se empiezan a contar las lides del cautiverio como relatos de estrategias de resistencia.

Una de ellas fue Adriana Marcus. En la declaración en el juicio de la ESMA, mencionó con esas palabras que así como otras secuestradas pintaban con lápiz de labios las puertas de un baño del Globo para rebelarse cuando los represores las llevaban a cenar, ella pedía calamaretis fritos porque era el plato más caro. O cuando la obligaban a desgrabar las escuchas ilegales de compañeros que por teléfono se daban citas, transcribían esos párrafos como inentendibles o los nombres con puntos suspensivos.
La violencia sexual

En el alegato de ABO, la querella encabezada por Rodolfo Yanzón acusó a los represores por la figura de la violencia sexual a partir del Protocolo de Estocolmo: “La tortura sexual empieza por la desnudez forzada, que en muchos países es un factor constante de toda situación de tortura. Nunca se es tan vulnerable como cuando uno se encuentra desnudo y desvalido”.

Arturo Chillada era un militante de la JP de Mercedes, desde hace años vive en España. Desde el consulado argentino en Madrid lo explicó en primera persona al declarar en la causa del Vesubio: “A mí me agredieron una sola vez y en concreto porque no recordaba el número que me habían puesto y me lo hicieron recordar a base de golpes”, explicó. Adentro del centro, dijo, los guardias los humillaban. Lo hicieron bañar con su amigo Javier, contra la pared, mientras los represores de atrás se reían y les decían que froten los cuerpos uno con otro. Y se reían, les gritaban, comentaban.

Ana Oberlín, Lorena Balardini y Laura Sobredo prepararon un documento para fundamentar el ingreso de este tema en las audiencias. En él recuerdan que desde la reapertura del proceso de justicia se profundizan cuestiones que hasta ahora fueron invisibilizadas. “Uno de estos temas ha sido el ejercicio de la violencia de género en sentido amplio, a través de la comisión de violaciones sexuales y de todo tipo de abusos y vejaciones a detenidos-desaparecidos, varones y mujeres alojados en centros clandestinos”. Y dicen: “De los testimonios surge nítidamente que las agresiones sexuales a las que fueron sometidos los detenidos no configuraron situaciones aisladas, sino que formaron parte de este plan general de aniquilamiento y degradación de la subjetividad de las personas. Además, la violencia sexual en toda su amplitud, así como la violación sexual en particular, fue ejecutada por personas pertenecientes a las diferentes fuerzas armadas y de seguridad e incluso en algunos casos por civiles que actuaron como parte del accionar represivo”.
Contextos

Myriam Bregman, de la querella de Justicia Ya!, indica que muchos de los nuevos aspectos que aparecen en los juicios se dan a partir de entender por dónde deben ir las preguntas. Entre ellos, menciona el rol de los medios durante la dictadura, recuerda que se están abriendo juicios o se abrieron contra Editorial Atlántida por ejemplo por los casos de Cabezas y Angelina Barrios. Que aparece una búsqueda específica sobre el rol de la Iglesia, los curas que aparecieron en los centros clandestinos, los archivos y los civiles. “A partir de las preguntas –dice– salió el dato que el gerente de la Ford, que le decían ‘El loco Antonio’, de apellido Suárez, estaba tan compenetrado con la represión que participaba de operativos con el grupo de tareas de la ESMA.” O los datos que indican que Antonio Pernías llevaba a los prisioneros a comer a las casas de la alta sociedad para que vean que se estaban recuperando, donde también había curas, como destacó el testimonio de Silvia Labayrú. La participación civil para Bregman no es secundaria, sino que es una clase social empresaria que armó y preparó el golpe. Otro de los temas son los llamados testigos contextuales: bomberos, vecinos, empleados que están apareciendo por primera vez a declarar porque algo fuera de las salas se empezó a habilitar para que lo hagan. Pero también hijos de víctimas que tienen la necesidad de situarse a través de sus relatos en ese espacio.
Las deudas

No todo sin embargo es pura potencia. Hay traspiés. Pablo Llonto recuerda que como se sabía, por la organización de las causas hay testigos que deben declarar una y otra vez en distintos juicios. O una polución sobreabundante de datos que obliga a los querellantes a estar despiertos con cientos de antenas, porque muchos de los datos que aparecen en una audiencia sirven para otro, y se pierden. Esos recortes deja además a varios testigos en el aire. Hace unas semanas, pasó por la causa de El Vesubio un bombero voluntario de Monte Grande que por un llamado del intendente local acudió a levantar los cuerpos de la masacre que lleva el nombre de esa localidad. Al hombre le preguntaron si eso era normal. El dijo que en “la época de la subversión los llamaban para ir a buscar cadáveres a todos lados”. Nadie le preguntó nada sobre esas búsquedas quizá porque el objeto del juicio era uno de los centros clandestinos, pero esa información quedó en el aire. Sucedió también con Lila Pastoriza en Vesubio, cuando declaró sobre Pablo Miguez. Ella dijo que pudo saber que Pablo había sido visto por ultima vez en la comisaría de Valentín Alsina en Lanús. Nadie recogió el guante en ese momento para iniciar allí una pesquisa.

También hay testigos que se van sin contar lo que se esperaba que cuenten. Los hay. “Nosotros no tenemos capacidad para hablar con todos los testigos”, dice Liliana Mazea, querellante en El Vesubio. “A veces no se acuerdan de lo que ya declararon o de lo que pasó, pero además cuando te secuestraron y vos no estuviste en una organización ni estabas comprometido por nadie, la cadena se rompe por el eslabón mas débil: la gente tiene medio de que le vuelva a pasar porque no tiene esa red solidaria que les permitió hablar a otras víctimas, van casi obligados, les cuesta decir lo que sufrieron o pasaron porque tienen medio, que es otro de los logros del genocidio”.

Por último, Yanzón enumera otros datos como la actuación de los jueces. “Vemos en otras ciudades -sobre todo en Mendoza- la gran complicidad de jueces y algunos fiscales con la impunidad, algunos de ellos dispuestos a dar pelea y proferir amenazas, cosa que medida que avanzan los juicios se va haciendo mas evidente”. Otro de los temas es la Defensoría General de la Nación. “Son muchos los defensores oficiales que están trabajando, la mayoría son buenos profesionales, pero pasan los límites de una defensa técnica, cuando tratan de probar la “complicidad” de algunas víctimas con los represores, tratándoles de quitar justamente su lugar de víctimas para devaluar sus testimonios y establecer que los crímenes tuvieron otro apoyo y participantes: es gravísimo que, como un órgano estatal, tiendan a deslegitimar el lugar de víctimas en aras de posicionar mejor procesalmente a sus defendidos”.

lunes, 13 de septiembre de 2010

Alegatos en la causa Atlético-Banco-Olimpo

El circuito de los horrores

Por Alejandra Dandan

Los abogados de la querella, Rodolfo Yanzón y Lucía Tejera, hicieron una descripción de los mecanismos represivos en esos centros. Hoy, cerrarían su alegato reclamando prisión perpetua para todos los imputados.

Samuel Miara y Juan Carlos Falcón se sentaron ante una pantalla desde el Hospital Churruca. En la sala de audiencias de los tribunales de Comodoro Py, en tanto, se alineaban en las primeras filas uno tras otro Oscar Rolón, Raúl Guglielminetti, de campera beige, y a su lado Julio Simón, de borravino. También lo hicieron los otros diez imputados por los crímenes cometidos en el circuito de los centros clandestinos integrado por el Club Atlético, Banco y Olimpo. Todos obligados a escuchar la segunda audiencia de alegatos a cargo de la querella encabezada por Rodolfo Yanzón. La semana pasada, en la primera ronda de alegatos, la querella pidió reclusión perpetua para los represores. Las imputaciones de esta nueva ronda se terminarán hoy y la querella volvería a pedir la misma pena.

“Los procesos sociales no se detienen ni con los crímenes ni con la fuerza”, dijo Yanzón al comenzar, en alusión al mensaje que Salvador Allende pronunció hace 37 años y tres días. Luego de un reconocimiento a testigos, familiares y sobrevivientes que se acercaron a dar sus testimonios desde el 24 de noviembre del año pasado, pidió que la Justicia finalmente sea efectiva para alentar a quienes todavía no lo hicieron.

Del otro lado del vidrio que separa la sala de audiencias del público se sentó Carlos Slepoy, impulsor en el país de las causas españolas contra la dictadura de Franco. Entre sobrevivientes y testigos, por la sala también pasó el juez Daniel Rafecas, a cargo del primer tramo de la causa. Ana María Careaga contaba presentes y ausentes entre los represores.

Yanzón hizo un análisis conceptual y político de la represión. Antes repasó el impacto de los juicios argentinos en la región. Habló de Perú, Chile, Uruguay y Brasil, y luego arrancó con uno de los nudos: los límites del Juicio a las Juntas. “Quizá no hay mal que por bien no venga –dijo–: tantos años de impunidad permitieron profundizar la historia.” Del análisis del discurso que trasmitió la Cámara Federal en aquel momento puede decirse que fue “en parte legitimador del accionar de las Fuerzas Armadas en una supuesta lucha contra el terrorismo, pero con métodos equivocados e ilegales”. “Lo digo –explicó– con todo respeto a la Cámara Federal, pero a lo que voy es que a ese discurso tenemos que superarlo.”

La llamada causa ABO investiga 181 víctimas y los homicidios de Carlos Fassano y Lucía Révora de De Pedro. La investigación abarca los crímenes que se produjeron en los tres centros clandestinos que funcionaron en forma sucesiva. El Club Atlético desde mediados de 1976 hasta diciembre de 1977, funcionó en los sótanos de la División de Suministros de la Policía Federal, en Paseo Colón y Azopardo. Cuando se construyó la autopista 25 de Mayo, la población fue trasladada al Banco, a metros del Vesubio, en el cruce de Camino de Cintura con la Riccheri. A mediados de agosto de 1978, el poder militar terminó de acondicionar el Olimpo, en la División Automotores de la Policía Federal, sobre la calle Ramón Falcón.

Yanzón mencionó a Leopoldo Schiffrin para volver a interpelar a la Justicia. “Me parece que la imparcialidad no es despegarse del conflicto y del sufrimiento de la gente.” Señaló a la “corporación” marcada por la lectura de La Nación y los “obstáculos” al avance de los juicios que aparecieron desde 2003 con la actuación de la Cámara de Casación Penal integrada por Alfredo Bisordi y el mendocino Luis Miret.

La audiencia se suspendió en algún momento por problemas técnicos con el Churruca. Veinte minutos después se reanudó. En ese segundo tramo, Yanzón marcó dos ejes de la acusación: la violencia sexual y el antisemitismo.

Para hablar de la violencia sexual habló del Protocolo de Estocolmo. “La tortura sexual empieza por la desnudez forzada, que en muchos países es un factor constante de toda situación de tortura. Nunca se es tan vulnerable como cuando uno se encuentra desnudo y desvalido.” Pidió al tribunal encabezado por la jueza María Garrigós de Rebori “que en esta sentencia se describan las condiciones inhumanas”, recordando que “se escucharon testimonios de mujeres violadas”. Además, que no se los considere hechos aislados. “No ganamos nada si traemos a Miara porque violó –dijo–: porque se lo permitieron sus propios compañeros y sus superiores.”

En ABO, el Turco Julián llevaba un llavero con una esvástica. Hacía salir a los prisioneros de las celdas para hablarles sobre sionismo. El antisemitismo fue uno de los datos más marcados del circuito. “Porque los policías tienen tradición antisemita de abolengo –dijo Yanzón–. Y el plus de tormentos y de torturas a los que eran sometidos es un dato relevante.”

La abogada Lucía Tejera describió luego los mecanismos de funcionamiento de cada centro y las condiciones del surrealismo y la perversión. Habló del trabajo esclavo, la construcción de un taller de reparación de electrodomésticos en el Olimpo a donde los represores llevaban a reparar los objetos robados durante los operativos y también sus propios objetos. En octubre de 1978 un grupo de tareas secuestró a Lucía Révora, por entonces embarazada. De la casa se llevaron además miles de dólares. En el Olimpo, eso dio lugar a una “brutal disputa entre los represores porque se habían quitado parte del botín”, recordó Tejera. En esa situación, sometieron a uno de los secuestrados que era abogado a instruir un sumario, tomar declaración testimonial a los interrogadores del mismo centro clandestino. “Todo era posible”, marcaron.

Las embarazadas fueron otro nudo del alegato. Ana María Careaga había sido secuestrada en junio de 1977, con un embarazo de tres meses. Le tiraron un balde de agua fría, le pasaron corriente eléctrica mientras la asfixiaban. “Pensé que mi hijo estaba muerto”, dijo en la audiencia, una frase que repitió Tejera. “En un lugar que se perseguía la muerte, saber que mi hijo había sobrevivido era una victoria frente al horror.” A Mónica Brull y Marta Vaccaro también las interrogaron embarazadas. La lógica de lo siniestro volvió a apoderarse de la audiencia. Esta vez Tejera hablaba de una fiesta de Navidad después de lo cual se ordenó un traslado. Y del Mundial. “El televisor era siniestro”, dijo Mario Villani durante las audiencias, en un tramo retomado en el alegato.

martes, 31 de agosto de 2010

Pidieron prisión perpetua por genocidio a cuatro acusados por violaciones a los derechos humanos

El lunes 30 de agosto, en la primera jornada de alegatos en el juicio por crímenes en Atlético, Banco y Olimpo. Se trata de la exposición de uno de los querellantes, en el marco de la causa por las desapariciones de Carlos Fassano y Lucila Révora

El Tribunal Oral Federal Nº2 de la Capital Federal dio inicio este lunes a las audiencias de alegatos en el juicio oral por delitos de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos de detención que funcionaron sucesivamente en “Atlético”, “Banco” y “Olimpo”, todos en jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército.

En la audiencia los representantes de Eduardo De Pedro, una de las querellas, pidieron prisión perpetua e inhabilitación perpetua, en establecimiento del Servicio Penitenciario Federal, por el delito de genocidio, para los acusados Carlos Alberto Roque Tepedino -jefe del Batallón de Inteligencia 601-, Mario Alberto Gómez Arenas -segundo jefe de la Central de Reunión del Batallón de Inteligencia 601-, Enrique José Del Pino -capitán del Ejército Argentino- y Juan Carlos Avena -oficial (R) del Servicio Penitenciario Federal-.

De Pedro es querellante en la causa “Tepedino”. Allí se investiga el hecho que habría acontecido el 11 de octubre de 1978, cuando personal de la Central de Reunión del Batallón de Inteligencia 601, en apoyo del Primer Cuerpo de Ejército, habría ejecutado un procedimiento en el cual se habría producido el homicidio de Carlos Guillermo Fassano y Lucila Adela Révora De Pedro (embarazada de ocho meses al momento del hecho). En el domicilio se encontraba el querellante cuando era menor, quien habría sido sustraído por las fuerzas intervinientes y entregado a su familia recién el 13 de enero de 1979.

Los representantes de De Pedro solicitaron que en caso de que el tribunal estimare que no corresponde aplicar la figura del genocidio, pidieron se los condene por homicidio calificado por alevosía, y para Tepedino y Gómez Arenas se los condene también por sustracción de menor edad. Además requirieron que se disponga la baja en el Ejército y en el Servicio Penitenciario Federal, según corresponda, de los cuatro imputados.

En la otra causa que integra el juicio están imputados Samuel Miara -subcomisario (R) de la PFA-, Julio Héctor Simón -oficial (R) de la PFA-, Raúl Antonio Guglielminetti -ex agente civil de inteligencia del Ejército Argentino-, Raúl González -comisario (R) de la PFA-, Eufemio Jorge Uballes -subcomisario (R) de la PFA, Eduardo Emilio Kalinec -comisario (R) de la PFA-, Roberto Antonio Rosa -oficial (R) de la PFA, Juan Carlos Falcón -principal (R) de la PFA, Luis Juan Donocik -comisario (R) de la PFA, Oscar Augusto Isidoro Rolón -oficial (R) de la PFA, Guillermo Víctor Cardozo -primer alférez de Gendarmería Nacional-, Eugenio Pereyra Apestegui -primer alférez de Gendarmería Nacional-, Juan Carlos Avena -oficial (R) del Servicio Penitenciario Federal, Ricardo Taddei -principal de la PFA- y Enrique José Del Pino -capitán del Ejército Argentino-.

domingo, 29 de agosto de 2010

Inicio de los alegatos

Eduardo de Pedro (desaparecido el 26/6/77)
Los alegatos finales en el juicio que se sigue al ex agente de inteligencia Raúl Guglielminetti y al ex policía Samuel Miara, entre otros, por delitos de lesa humanidad en centros clandestinos de detención en la última dictadura militar comenzarán mañana en los tribunales federales de Retiro y el veredicto se conocerá a fines de octubre.

El proceso iniciado en noviembre de 2009 y por el que pasaron unos 200 testigos, entrará en su etapa final con el alegato del abogado querellante de Eduardo De Pedro, quien tenía un año y ocho meses el 11 de octubre de 1978, día del operativo en el que fue secuestrada su madre embarazada de ocho meses, quien se cree fue asesinada en un centro clandestino de detención o arrojada desde un "vuelo de la muerte" y no se sabe si alcanzó a dar a luz.

El pequeño fue dejado con unos vecinos de su casa en Floresta, pero poco después lo pasaron a buscar dos personas en un Ford Falcon verde, que adujeron ser sus tíos y se lo llevaron.

Su familia lo recuperó el 13 de enero de 1979 cuando fue dejado en una iglesia, tras una gestión de un allegado con los militares, sin saberse hasta ahora dónde estuvo en ese lapso.

El abogado del joven, Jacobo Grosman, será el primero en alegar ante los jueces Jorge Tassara, Ana María D`Alessio y María Laura Garrigos de Rebori, desde mañana a las 14, en una exposición que, de ser necesario, podrá continuar el martes.

Por lo ocurrido a De Pedro y su familia están acusados por homicidio y privación ilegal de la libertad el ex jefe del Batallón de Inteligencia 601 Carlos Tependino; el ex segundo jefe de la Central de Reunión del Batallón Mario Alberto Gómez Arenas; el capitán del Ejército Enrique José Del Pino y el ex oficial del Servicio Penitenciario Federal Juan Carlos Avena.

El 11 de octubre de 1978 a las 14 un grupo de tareas del Batallón, que dependía del Primer Cuerpo del Ejército, asesinó en su casa a la pareja de la madre del ahora querellante, Carlos Fassano, y se llevó a la mujer de 24 años, Lucila Revora De Pedro, quien en ese momento tenía un embarazo de 8 meses.

El padre biológico de De Pedro había sido asesinado meses antes. Todos militaban en la organización Montoneros y según se reconstruyó en la causa, el grupo de tareas fue a la casa de la familia porque un secuestrado habría dicho en medio de la tortura que allí se guardaban 150 mil dólares, que nunca fueron hallados.

El operativo se realizó a plena luz del día, hasta con un helicóptero, y según testigos los represores discutieron entre ellos por el dinero que no se encontraba y hasta se detonó una granada en la vivienda.

En tanto, el Tribunal fijó para el lunes 13 y martes 14 de septiembre la fecha para el inicio de los alegatos en el otro caso juzgado, en el que están acusados el ex subcomisario de la Policía Federal Samuel Miara; el ex agente civil de inteligencia del Ejército Raúl Guglielminetti; el ex oficial de la Federal Julio Simon y el ex comisario Eduardo Kalinec, entre otros.

Se trata de un grupo de ex policías y oficiales de inteligencia que actuaron en los centros clandestinos de detención que funcionaron sucesivamente bajo la órbita de la Federal comandados por el Primer Cuerpo del Ejército: Atlético, Banco y Olimpo, por donde se calcula pasaron 184 víctimas.

Todos los acusados están procesados por "privación ilegítima de la libertad y tormentos`. Guglielminetti, "alias mayor Guastavino", fue custodio del ex presidente Raúl Alfonsín y está detenido con prisión preventiva desde el 11 de agosto de 2008 por orden del juez federal Daniel Rafecas, que instruyó el caso.

Miara fue condenado en 1998 a doce años de cárcel por la apropiación de los mellizos Reggiardo Tolosa, a los que hizo pasar como suyos, y al cumplir esta condena pidió la excarcelación en la causa por la que ahora es juzgado, pero le fue denegada.

Los alegatos de todas las partes se extenderán hasta el 25 de octubre, cuando el Tribunal dé lugar a las últimas palabras de todos los acusados y fije fecha para el veredicto.

martes, 15 de junio de 2010

Varios testimonios

La audiencia del lunes 7 de junio comenzó con las declaraciones de Horacio Cuartas, sobreviviente del Olimpo y Gustavo Demiryi, pareja de Mabel Maero al momento de su secuestro y desaparición en el Banco y en el Olimpo. Luego declararon Olimpio Garay y Hugo Rodríguez, quienes trabajaron en inteligencia del Servicio Penitenciario Federal (SPF) con el imputado Avena y Alfredo Sotera, general retirado del Ejército que prestó funciones como subjefe en la Jefatura 2 de Inteligencia del Estado Mayor, de la cual dependía el Batallón 601. Ante la pregunta de  la fiscalía, Sotera manifestó que por supuesto que el Batallón 601 tenía grupos operativos y reconoció que pudo haber tenido sus propios centros de detención. También declaró Carlos Alberto Martínez, titular desde 1976 hasta principios de 1978 de la Jefatura 2 de Inteligencia de la cual dependía el Batallón 601. Martínez desmintió que el Batallón tuviera grupos operativos y manifestó que sólo enviaban la información que “recolectaban” al 1º Cuerpo del Ejército.

Asimismo declaró Zulema Castro de Peña por el secuestro, desaparición y hallazgo de los restos de sus hijos Isidoro y Jesús Peña. Los hermanos Peña fueron vistos en las sedes del Banco y Olimpo, a principios de diciembre de 1978. Días después, sus restos fueron hallados en la costa atlántica. También declararon Gilda Agusti de Blanco, quien permaneció detenida
desaparecida en el Olimpo cuando estaba embarazada de 5 meses junto con su marido, Gustavo Raúl Blanco; Estéfanos Mansur, sobreviviente del Olimpo que compartió cautiverio con Alfredo Giorgi. Por último, declararon Alejandro Alonso y Patricia Navarro Roa, por el secuestro y desaparición de José Poblete y Gertrudis Hlaczik, militantes de Cristianos para la Liberación, y la apropiación de la hija del matrimonio, Claudia Victoria, con quien se reencontraron a principios de 2001. Alejandro era compañero de militancia y Alejandra es la hermana de “Pepe” Poblete.

El tribunal resolvió no hacer lugar al planteo de las defensas sobre la falta de jurisdicción y competencia por los homicidios y la privación ilegítima de libertad y tormentos como delito continuado en los casos de los hermanos Jesús e Isidoro Peña, Helios Serra Silvera, Cristina Carreño Araya y Santiago Villanueva, cuyos restos fueron identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF)

domingo, 14 de marzo de 2010

Aldo Tartaglia: “que el alma de los represores se pudra en el infierno”

DECLARÓ EN EL JUICIO Y SIGUE LA BÚSQUEDA DEL HIJO DE LUCÍA
 
Victoria: los familiares de Lucía Tartaglia vivieron una semana de fuertes emociones. Su hermano Aldo, declaró en el juicio contra los represores que la mantuvieron en cautiverio y fueron responsables de su desaparición. “Se me cruzó (la imagen) mi hermana sonriente, y les hice la V de la victoria. No sé por qué lo hice. No fui yo, fue mi hermana”, le contó a El Diario. Aldo, Junto a su hermana Graciela y su sobrina Lucía, que lleva el nombre en honor a su tía desaparecida, recorrieron las instalaciones del Olimpo y la Esma.
 
“Deseo que el alma de los represores se pudra en el infierno”, dijo Aldo Tartaglia. A su lado, su hermana Graciela, asiente. Son los hermanos de Lucía Tartaglia y todavía tienen esperanzas de encontrar al hijo de la desaparecida pampeana que nació en cautiverio durante la última dictadura militar.

El miércoles, Aldo declaró en los tribunales porteños de Comodoro Py en el juicio contra quince represores que actuaron en el garaje “Olimpo”. Ese centro clandestino fue el último lugar de detención de Lucía. De allí salió con dolores de parto hacia el Hospital Militar. Nunca volvió.

Aldo contó ayer que cuando se sentó a declarar el represor Oscar Rolón lo miró fijamente con frialdad. El mantuvo la mirada. Cuando se levantó de la silla, después de dar su testimonio, pasó delante de él para salir de la sala y lo saludó con los dedos en “V”. Entre el público, madres y abuelas de Plaza de Mayo lo aplaudieron.

“No sé porqué lo hice. Se me cruzó mi hermana sonriente. No fui yo. Fue fue Lucía”, contó ayer Aldo mientras las lágrimas surcaban su rostro. Tiene 54 años. Graciela, 55. Lucía era la mayor, hoy tendría 56.

“Mientras estemos con vida lo vamos a buscar. Después capaz serán nuestros hijos que buscarán a su primo. Pero no vamos a bajar los brazos, cueste lo que cueste”, aseguró Graciela (55) acerca del niño o niña que Lucía tuvo en cautiverio. No tienen ningún dato certero, sólo saben que nació a principios del año 1979 y que ella quería que se llame María Victoria o María Laura si era nena o Sebastián si era varón.

-¿Por qué después de declarar fueron a visitar las instalaciones del Olimpo (actualmente en manos de agrupaciones de derechos humanos)? -preguntó El Diario a Aldo.

-Mi hermana ya lo conocía. Yo me había prometido ir. Si no iba era algo imperdonable.

-¿Qué se el cruzó por la cabeza?

-Mi deseo era ir y gritar con todo el nombre de mi hermana. No se por qué. Pero lo hice. Vi donde dormía mi hermana, donde la torturaban, esas paredes están impregnadas de los gritos de dolor, de llanto, que siempre pidieron piedad o clemencia y los torturadores seguían torturando o asesinando gente.
 
-¿Cual es su deseo en este momento?

-Encontrar a mi sobrino o sobrina y a los restos de mi hermana. Después de eso, que el alma de los represores se pudra en el infierno, nada más. Y que nunca más vuelva algo así en la Argentina.
 
-¿A pesar de los años que transcurrieron tiene esperanzas de encontrar al hijo de Lucía?

-Si. Es lo último que se pierde.

-¿Qué piensa de las actitudes que toma la sociedad sobre estos casos?

-Hay algunos que siguen la causa, recuerdan a los desaparecidos; otros tratan de olvidar o de hacerse los distraídos; y otros reivindican al golpe de estado. Es triste, con tantos golpes militares que hemos tenido volvemos a cometer los mismos errores. La única forma de que un país avance es la democracia, aunque haya algunos que no les guste quien está en el poder. Es la única forma de vivir en armonía.
 
-¿Qué le llamó la atención del juicio?

-Cuando ingresé lo primero que me impactó fue que el represor Rolón, con su traje impecable, me miraba fijo y yo lo miré fijo hasta que me senté. Me pregunto si esos trajes son producto de los botines de guerra de cuando iban a secuestrar gente. Son una lacra humana y así van a quedar en la historia. Cuando terminé, la misma gente del tribunal me pedía que los abrazara. Y lloraban juntos conmigo. Yo no entendía nada...

-¿Por qué hizo la “V” de la victoria cuando pasó frente a Rolón?

-Aclaro que no sé porque motivo hice la “V” de la victoria. En ese momento se me cruzó mi hermana, sonriente, y entonces le hice la “V” de la victoria. Se me cruzó, se me puso delante mío. Por eso mismo le dije a Mario (Canoba) que yo no había sido. Fue mi hermana...