jueves, 3 de marzo de 2016

8 de marzo - 10 hs. : Elia Espen anticipará su testimonio en el juicio por la desaparición de su hijo

A LOS 85 AÑOS DECLARARÁ POR PRIMERA VEZ

La madre de Plaza de Mayo-Línea Fundadora Elia Espen declarará por primera vez en el juicio por el secuestro y posterior desaparición de su hijo, Hugo Miedan, en el marco de un nuevo tramo de la causa por los crímenes de lesa humanidad cometidos en el circuito Atlético-Banco-Olimpo (ABO).

El Tribunal Oral Federal N° 2 autorizó a Espen a declarar de forma anticipada al inicio del debate oral, que aún no tiene fecha de comienzo. Con 85 años, la integrante de Madres-Línea Fundadora estará por primera vez prestando testimonio sobre el secuestro de su hijo Hugo, y el allanamiento y privación de libertad dentro del domicilio de la propia Elia y sus hijas.

Cabe recordar que Hugo Miedan, militante del PRT, fue secuestrado en febrero de 1977 y conducido – según el relato de sobrevivientes – al centro clandestino de detención conocido como “El Atlético”, ubicado sobre la Avenida Garay de la Ciudad de Buenos Aires. Los genocidas acusados por su secuestro son 5.

Este nuevo tramo de la causa ABO (cuyas iniciales se corresponden a los centros clandestinos que componían este circuito de centros clandestinos, es decir Atlético, Banco, Olimpo) es una continuación del juicio de 2009.

viernes, 25 de diciembre de 2015

Jornada por la Memoria en el CCDyE Atlético - 5 diciembre 2015

martes, 17 de noviembre de 2015

Circuito ABO: la Corte desestimó una queja de 3 represores condenados


Los habían sentenciado a perpetua en 2010

El máximo tribunal declaró inadmisible un recurso presentado por la defensa de Guillermo Víctor Cardozo, Eugenio Pereyra Apestegui y Oscar Rolón. Los tres fueron condenados a perpetua por crímenes cometidos en los centros clandestinos Club Atlético, Banco y Olimpo.

La Corte Suprema de Justicia declaró inadmisible un recurso de queja presentado por la defensa de tres genocidas condenados por delitos de lesa humanidad por su accionar en el denominado circuito ABO (Club Atlético, Banco y Olimpo) durante la última dictadura cívico-militar. Se trata de los recursos presentados por la defensa de Guillermo Víctor Cardozo, Eugenio Pereyra Apestegui y Oscar Augusto Isidro Rolón, todos condenados a prisión perpetua en diciembre de 2010 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) N° 2 de la Capital Federal. Los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Higthon y Juan Maqueda firmaron el 10 de noviembre pasado el fallo que declaró “inadmisible” la queja presentada por la defensora oficial Magdalena Laiño.
Rolón era apodado como “Soler” en los centros clandestinos Atlético, Banco y Olimpo. Cardozo y Pereyra Apestegui (ambos gendarmes) actuaron en el Olimpo:  el primero cumplía funciones como torturador y guardia interna, y el segundo como guardia interna y en interrogatorios.

Mario Villani estuvo más de 40 meses secuestrado en cinco centros clandestinos. Sobrevivió porque en el circuito ABO y en el Pozo de Quilmes y la ESMA reparaba cosas que robaban a los secuestrados. Villani, ya en democracia, facilitó a la Justicia una lista donde daba los nombres de los represores y su apodo. Lo mismo hizo con víctimas y llegó a reconocer unas 166. En esa lista, por ejemplo, figuraba el propio Rolón.

“Cuando entré al Olimpo lo primero que me dijeron fue: ‘Somos Diosito’, así en diminutivo. Si no cantás, te vas para arriba. Acá ni siquiera tenés derecho a elegir cuándo vas a morir” dijo Villani. Y relató que "en la oficina de Inteligencia, sobre la pared, habían puesto un gran paño rojo con un gran círculo blanco en el centro y dentro, una cruz esvástica”.

Cardozo, alias “Cortés”, se dedicó a adoctrinar en Campo de Mayo a los guardias de los centros clandestinos para que no hablaran de los crímenes con nadie. En los ’90 fue comandante mayor y hasta 1998 fue segundo jefe de la Región II (Rosario) de Gendarmería. Por su parte, Apestegui, alias “Quintana”, es recordado porque obligaba a los secuestrados a hacer esfuerzos físicos inhumanos, escuchar discursos de Hitler y canciones de Nino Bravo.

Tres centros clandestinos
El circuito ABO funcionó al menos desde febrero de 1977 hasta enero de 1979, bajo la órbita operacional del entonces General de División Carlos Guillermo Suárez Mason a cargo del Comando del Primer Cuerpo del Ejército correspondiente a la Zona de Defensa I. Se trató de un único centro que fue mudando su sede sucesivamente, pero que mantenía sus guardias, detenidos, modus operandi e, incluso, su mobiliario.

Atlético estaba ubicado entre las calles Paseo Colón, San Juan, Cochabamba y Azopardo en lo que eran dependencias de la Superintendencia de Administración. Tenía capacidad aproximada para mantener en cautiverio a 200 personas y según datos que se expresaron en el juicio “se habrían alojado allí más de 1500 personas”. Operó desde mediados de 1976 hasta diciembre de 1977. Fue demolido para la construcción de la autopista 25 de Mayo.

El Banco funcionó en la intersección de la autopista Richieri y el Camino de Cintura, en La Matanza, provincia de Buenos Aires. Eran instalaciones que pertenecían y pertenecen a la Policía de la provincia de Buenos Aires. En aquel sitio operaron varias fuerzas desde fines de 1977 a mediados de 1978.

El Olimpo operó en la División Mantenimiento de Automotores de la PFA, ubicado en las calles Lacarra y Ramón L. Falcón de la Ciudad de Buenos Aires. Funcionó desde del 16 de agosto de 1978 hasta comienzos de 1979, en que fue desmantelado. Hoy los tres lugares son sitios de memoria.

lunes, 21 de septiembre de 2015

Laura Duguine explica el rescate arqueológico del Club Atlético

Las ruinas del terror

Fue un centro clandestino de detención que funcionó en el 77, en Paseo Colón, entre Cochabamba y San Juan. Luego, quedó sepultado bajo la autopista. La arqueóloga que dirige la recuperación del sitio cuenta cómo se lleva adelante el trabajo. Y destaca el valor judicial, pero también emotivo, de las piezas que se van encontrando.

 Por Verónica Engler

Sobre la mesa del Laboratorio de Arqueología hay un rectángulo de algo menos de un metro de largo, embalado como si fuera una obra de arte venida de ultramar. La arqueóloga Laura Duguine lo mira entusiasmada. Es un pieza que estuvo en el centro clandestino de detención Monte Peloni, en Olavarría, y llegó a Buenos Aires para ser restaurada. Es que Duguine está al frente del Espacio para la Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio (CCDTyE) Club Atlético –de la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación–, pero colabora junto a su equipo en la reconstrucción de la memoria de otros lugares en donde desaparecían y torturaban a las personas durante la última dictadura cívico-militar.

El edificio donde funcionó el Club Atlético tuvo la particularidad de quedar bajo la traza de la autopista 25 de Mayo, en la ciudad de Buenos Aires, por lo cual fue demolido a fines de la década del setenta. Esto hizo que muchos vestigios del horror quedaran soterrados y guardados como en un caja negra. Las excavaciones en el lugar comenzaron en 2002 y hasta el momento se han encontrado innumerables rasgos arquitectónicos que dan cuenta de una obra para nada improvisada puesta al servicio del exterminio. Pero también se han hallado más de un millar de objetos, muchos de los cuales han servido como sustento a los testimonios de los sobrevivientes. Estos objetos, conservados como gemas preciosas, además de funcionar como prueba en los juicios al aparato represivo del terrorismo de Estado, al decir de Duguine, también “tienen una función sanadora”.

–¿Qué sucedía con este espacio antes de que se pudiera comenzar con las excavaciones en 2002?

–Para que pudiera iniciarse el proceso de recuperación del lugar, creo que lo más importante es que en la década del noventa, con tanta impunidad a nivel legal, la sociedad se reafirmó en su demanda, y desde 1996 un grupo de personas, como si fuesen unos locos, como las Madres dando vueltas en Plaza de Mayo, bajo la autopista, en un lugar que no era nada, con una plaza seca, con un bar, insisten en que ahí había algo que no se veía, en principio. Por eso esto plantea algo que parece medio loco, reclamar sobre un lugar que no se está viendo. Hasta ese momento había sólo un testimonio que fue fundamental, el de un sobreviviente que decía que mientras estuvo secuestrado escuchó en la enfermería que había pasado un colectivo con una hinchada, y los represores decían “estando tan cerca de la cancha de Boca, qué lástima que no podemos ir a ver el partido”. Entonces, este secuestrado, Miguel, cuando lo liberan empieza a buscar dónde podría haber estado secuestrado, hasta que un día, ya desahuciado, se va a tomar el (colectivo) 8, por Cochabamba, y ve esa manzana ya con todos los edificios demolidos. Al estar los edificios demolidos, se veía el sótano ya sin la loza, se podía ver la planta del sótano que había sido el campo de concentración, el pasillo con las celdas, la sala de tortura. Esto es a comienzos del setenta y nueve. Entonces, su testimonio se suma a otros datos que se producen a partir de una carta que envía Ana María Careaga desde Europa, diciendo que la policía le había remitido una nota en la que le informaban que ella no había estado secuestrada en el Comando Antártico, sino en un lugar llamado Club Atlético. De ahí surge también el nombre Club Atlético, porque en el único lugar que está documentado es en esa respuesta que le dan a ella.

–¿De qué manera la apertura de los juicios por violación a los derechos humanos durante la dictadura afectó el proceso de recuperación de la memoria en sitios como este?

–Fue importantísimo y elemental la apertura de los juicios. En general para todos es importante, somos el primer país en el mundo que está juzgando por sí mismo a los represores, esto es un hecho para recalcar. Pero específicamente en nuestro trabajo acontece que en aquellos primeros testimonios de Conadep o del CELS, en la década del 80, lo importante era testimoniar la existencia de centros clandestinos. Hoy estamos en otra etapa, en una etapa mucho más fina de lo que es la recuperación de la memoria, ya nadie duda de la existencia de alrededor de quinientos centros clandestinos en todo el país. Entonces, los datos que surgen de los juicios sirven para enriquecer estos espacios de recuperación de la memoria, porque se genera información novedosa. Estamos concretamente afinando en esos datos de cómo funcionaron esos centros, quiénes fueron las personas que participaron, quiénes fueron las personas secuestradas, quiénes son las personas desaparecidas, quiénes son las personas sobrevivientes.

–¿Cómo se inician en 2002 las obras de excavación y rescate arqueológico del Club Atlético?

–En el año 2002 se conjugan un par de cuestiones: un gobierno de la ciudad proclive a las políticas de derechos humanos, un ministro de Obras Públicas, que era Abel Fatala, que tiene familiares desaparecidos y también era vecino del barrio y había participado de las jornadas de memoria que se habían realizado. Así, el 13 de abril de 2002 comienzan las excavaciones. En un principio la idea era recuperar la arquitectura, poder dar cuenta de eso que estaban diciendo los sobrevivientes que había funcionado ahí. Pero no había una expectativa muy clara de todo lo que podía ser hallado. Lo concreto que acontece cuando comienzan las excavaciones es que se empiezan a encontrar una enorme cantidad de objetos que daban cuenta tanto del uso legal del edificio, que había sido almacén de suministros de la Policía Federal, como del uso ilegal. Empiezan a aparecer un montón de uniformes, de objetos como cachiporras, zapatos, todo lo que tenía que ver con el abastecimiento a las fuerzas y, por otro lado, un montón de objetos que empiezan a ser identificados por los sobrevivientes y que les daban sustento material a cosas que ya habían testimoniado ante Conadep o ante el CELS al comienzo de la democracia. Nosotros siempre recalcamos la tarea de denuncia de los sobrevivientes, porque no es común en el mundo que víctimas de un hecho traumático, como lo fue el terrorismo de Estado, salgan a denunciar, es una característica nuestra, de esta sociedad. Los sobrevivientes ni bien fueron liberados y pudieron exiliarse en el exterior, denunciaron ante todas las instancias que pudieron.

–¿Qué cosas encontraron que daba sustento a los testimonios?

–Por ejemplo, todos los centros clandestinos tienen particularidades que tienen que ver por lo general con lo auditivo, porque a los secuestrados se les tabicaba los ojos, y esta condición era mantenida durante todo el cautiverio. Esto hace que las descripciones visuales sean casi inexistentes, salvo en casos muy aislados de secuestrados que fueron utilizados para trabajar. Pero la mayor parte de los sobrevivientes no vio en dónde estuvo secuestrado, entonces reconociendo en donde se estuvo secuestrado se inicia el primer proceso de recuperación de la memoria. Toda la gente que identificaba que había estado secuestrada en un centro clandestino que le decían Club Atlético refería que el sonido característico era el del juego de ping pong, que los represores jugaban al ping pong. Cuando comienzan las excavaciones, una de las cosas que se encuentran es una pelotita de ping pong en el foso del ascensor. Entonces, ésa es la función que tienen en algún punto los objetos que empiezan a ser hallados, el ser una prueba material de testimonios que tenían casi veinte años y que no tenían un asidero porque las fuerzas represivas no han entregado ninguna documentación que tenga que ver con todo este procedimiento. De ahí la difícil tarea del proceso de recuperación de la memoria del terrorismo de Estado. Quienes como técnicos o peritos trabajamos en esto nos tenemos que manejar sin documentación, es como armar un rompecabezas, un relato con pequeños fragmentos y con la interrelación de esos pequeños fragmentos para poder dar cuenta de ese pasado, de ese procedimiento.

–Y de esta manera los objetos hallados pasan a ser prueba judicial, ¿verdad?

–Sí, es la primera función que tienen los objetos en un comienzo, pero hoy en día, con el andar del proyecto, nosotros mismos vamos descubriendo nuevos roles del trabajo que hacemos, van cobrando otras dimensiones también los objetos. Para tomar el mismo ejemplo de la pelotita de ping pong, un sobreviviente vino por primera vez a visitarnos en el año 2010, porque cuando fue liberado se exilió en Israel. Entonces él no sabía nada, sólo que había estado secuestrado acá, sabía que había un equipo trabajando y vino. Cuando vio entre los objetos que están exhibidos la pelotita de ping pong se emocionó, se puso a llorar, y cuando se recompuso nos dijo que nunca pensó que jugaran realmente al ping pong, él pensaba que ese sonido era una grabación, como otras grabaciones que les ponían los represores en un radiograbador que había fuera de la sala de torturas, con el que pasaban discursos de Hitler y marchas alemanas más que nada. El pensaba que el sonido del ping pong era un sonido como ése, para torturarlos y no que jugaban realmente. Eso a él lo emocionó muchísimo, encontrar una verdad, fue como descubrir algo de ese pasado que no era como se lo había imaginado. Desde entonces, él cuando viene a la Argentina nos visita, y el año pasado nos dio un dato que a nosotros nos emocionó muchísimo, nos dijo que a partir de ese día en que vio esa pelotita a él se le silenció el sonido en la cabeza del juego de ping pong. Esa pelotita y todos los objetos con el correr del tiempo, en este caso para las víctimas directas, tienen una función de sanación. Esa misma pelotita que en un momento fue prueba judicial para demostrar que no era un delirio lo que estaban diciendo, que eran verdad todos esos testimonios, hoy en día también es un objeto que permite reparar. Lo mismo sucede también con la ropa que se encuentra, en este caso son los familiares los que quieren ver esa ropa, tal vez para encontrar una huella de lo que fueron sus familiares desaparecidos. En un mundo de incertezas, este trabajo que hacemos crea pequeñas certezas que hacen muy bien.

–¿Por qué este lugar se convierte en un sitio arqueológico?

–Es un sitio arqueológico porque el lugar en donde estaba ubicado el centro clandestino fue expropiado por el Gobierno de la Ciudad para construir una autopista, fue demolido, soterrado y luego algunas partes del sitio fueron rotas por zapatas de la autopista que se enclavaron en esos sedimentos. Sabemos por los sobrevivientes que funcionó entre febrero y diciembre del 77. El 26 de diciembre del 77 es una fecha que está documentada con muchos testimonios, porque ese día se llevaron a los secuestrados de acá a otro centro clandestino, que es el Banco (ubicado muy cerca del cruce de la Autopista Riccheri y el Camino de Cintura), y traen a algunos secuestrados a desmantelar el lugar. Hay versiones de que, por ejemplo, partes de este edificio habrían servido para acondicionar El Olimpo como centro clandestino. Entonces, a este edificio no le ocurre algo en particular, no es que es demolido para ocultar alguna evidencia, es demolido como son demolidos todos los edificios que están bajo la traza de la autopista, sufre el mismo proceso en el cual es desmantelado, demolido, soterrado, porque se traen camiones de afuera para rellenar esos grandes sótanos que tenían los edificios. Eso lo tenemos documentado con fotografías de la época y con la propia excavación que nosotros hacemos. En los estratos que nosotros excavamos tenemos el estrato de demolición que es como una compactación de todo lo que tiene que ver con el edificio demolido en donde están entrampados, apresados, los objetos que nosotros recuperamos cuando trabajamos en gabinete y que algunos de ellos llegan a la sala de exhibición.

–¿Cómo reconstruyen el devenir de este sitio para encontrar pruebas que indiquen que en esas dependencias de la Policía Federal funcionaba un centro clandestino?

–Los únicos documentos que nosotros tenemos son los del propio edificio, los planos de Aguas Argentinas, que van documentando ese edificio a través del tiempo en su uso “legal”. En ninguno de esos planos está este acondicionamiento que sufre para ser un centro clandestino, pero es importante tener esos planos previos, porque justamente lo que podemos ver a partir de los planos, y de la comparación con los planos dibujados por los sobrevivientes y con lo que nosotros estamos encontrando concretamente en la materialidad, en las excavaciones, sirve para poder documentar y registrar esa inversión que tuvo que hacer el Estado para acondicionar ese espacio como centro clandestino. Acá no hubo improvisación, en este caso en particular se hizo un inversión muy grande para acondicionar ese espacio, para generar más de cuarenta celdas, tres salas de tortura, y hacer sanitarios en un lugar que no tenía baños originales porque el edificio en realidad había sido concebido como fábrica, y los sótanos de una fábrica son depósitos, no tienen ni todas estas divisiones ni sanitarios. Entonces, en el caso de los sanitarios lo tenemos documentado, porque a pesar de que se ha excavado muy poco, se excavó la entrada a los baños, y tiene un pequeño desnivel, y ese pequeño desnivel justamente está dando cuenta de la necesidad de levantar el piso para generar los desagües, y no está ese baño en el plano original. Lo que hacemos es arqueología de la arquitectura, que es una herramienta metodológica muy buena para el análisis de la materialidad del terrorismo de Estado, porque nos ayuda a documentar y registrar muy bien y poder comparar todos estos cambios que les acontece a los edificios y las huellas que en ellos van quedando de esta violencia. Porque no sólo son los cambios en la arquitectura del edificio, se encuentran huellas en las paredes, escrituras, incisiones.

–¿De qué manera se planifican las excavaciones?

–El universo a abordar es muy grande realmente, hoy en día se ha excavado menos del diez por ciento del total de la planta del sótano. En parte esto tiene que ver con que hay un sector grande afectado que no puede estar sometido a las excavaciones si no se hacen grandes obras de ingeniería, porque tenemos un talud de tierra que en parte sostiene a la autopista. Pero aun así, ese universo es tan grande que nosotros priorizamos espacios o áreas con valor testimonial. Es decir, con los recursos humanos, técnicos y materiales que tenemos nos abocamos mayormente a concentrarnos en esos sectores.

-¿Cual es el futuro de la colección del Club Atlético?

–Creo que es necesario que se conozca, que sea una colección abierta, con los consensos necesarios para su exhibición, ya que hay parte de ella que está conformada por objetos que poseen alta sensibilidad, como por ejemplo las prendas de ropa. Es necesario que la colección esté accesible. Cuanto más se visibiliza más se la conoce, y cuanto más se la conoce más se la valora, y por ende más se la protege. Nadie puede defender algo que no conoce. En este sentido estamos haciendo todo lo posible para poder ampliar la cantidad de piezas en la sala de exhibición. El primer paso que debía darse, el más difícil, que es que la colección esté ordenada, documentada, accesible y en buen estado de conservación, ya lo hemos dado. Si bien quedan muchas cosas por hacer, es mucho lo que ya hay hecho.

o recuperar la memoria

 Por Verónica Engler

Durante la última dictadura cívico-militar, en la ciudad de Buenos Aires funcionó el Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio denominado Club Atlético en el sótano de un edificio de tres plantas ubicado en la avenida Paseo Colón, entre Cochabamba y San Juan, que era la sede del Servicio de Aprovisionamiento y Talleres de la División Administrativa de la Policía Federal. Se calcula que en el Club Atlético permanecieron secuestradas y fueron torturadas más de 1500 personas. Muchas de ellas continúan desaparecidas. Se estima que por allí pasaron catorce embarazadas y que podrían haber dado a luz. Tres de esos bebés apropiados ya recuperaron su identidad. Aún se busca a los otros once.

Laura Duguine, arqueóloga de la Universidad de Buenos Aires y Máster en Restauración y Gestión Integral del Patrimonio Construido de la Universidad del País Vasco (España), está al frente de este Espacio para la Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos –de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación–, en el que trabaja con un equipo interdisciplinario conformado por conservadoras, historiadores, educadores, e ingenieros, entre otros.

Su equipo declaró en el año 2010 en el juicio al circuito represivo conocido como ABO (Club Atlético, Banco y Olimpo), en el que se juzgó a diecisiete represores. En esa ocasión pudieron aportar las pruebas encontradas en las excavaciones realizadas desde 2002 a la fecha.

Hasta el momento sólo se ha excavado menos del diez por ciento de lo que fue el sótano en donde funcionó el centro de tortura y exterminio. Sin embargo, ya se han hallado, además de numerosas huellas arquitectónicas, más de mil objetos que funcionan como pruebas de lo que allí aconteció, como apoyo del testimonio de los sobrevivientes. “Fue necesaria una inversión muy grande para acondicionar ese lugar como centro clandestino, eso es un dato en sí mismo que nosotros desde la materialidad lo documentamos y lo registramos, demuestra que no fue algo improvisado, sino que formó parte del terrorismo de Estado”, evalúa Duguine.

A dos cuadras del sitio arqueológico, sobre la avenida San Juan, se ubican las oficinas y el Laboratorio de Arqueología. Allí hay una gran cantidad de anaqueles metálicos sobre los cuales se encuentra la colección de objetos hallados, cada uno envuelto con material adecuado para su conservación y guardado con sumo cuidado en cajas individuales. Hay retazos de tela de ropa, medibachas, botones... y en una caja blanca que parece albergar el ajuar de una novia se ubica restaurada una bombacha de goma de bebé. Cada pieza guarda una historia que debe ser contada.

sábado, 9 de junio de 2012

Condenados sólo 2 policías por un total de 181 casos

Penas de 18 y 25 años para dos represores de los CCD Atlético, Banco y Olimpo
Antes prófugos, ahora condenados

Los represores se encontraban prófugos cuando en 2009 se realizó el primer juicio por el circuito ABO. Ahora se aplicaron las reglas fijadas por la Cámara de Casación para acortar los tiempos de los procesos vinculados con el terrorismo de Estado.

 Por Ailín Bullentini

Otros dos represores fueron condenados ayer por el Tribunal Oral Federal Nº2 por crímenes de lesa humanidad cometidos en el circuito de centros clandestinos del Primer Cuerpo del Ejército Atlético, Banco y Olimpo. Pedro Santiago Godoy y Alfredo Omar Feito se encontraban prófugos cuando en 2009 se llevó a cabo el primer juicio por el circuito ABO, como es conocido este conjunto de escenarios donde el terrorismo se hizo carne. Pese a que el ex policía Feito insistió, en sus últimas palabras en el marco del juicio, en negar su participación en los crímenes cometidos durante la última dictadura, el tribunal lo penó con 18 años de prisión por 15 casos de privación ilegítima de la libertad con aplicación de tormentos. La condena para Godoy fue de 25 años, por 152 casos.

“Más allá de las diferencias en las condenas solicitadas por las querellas y la habilitación a la continuidad de la prisión domiciliaria que está cumpliendo Godoy hasta que la sentencia quede firme, consideramos que la sentencia fue positiva porque se definieron los delitos como de lesa humanidad y porque las penas son muy altas”, analizó en diálogo con este diario Carlos Pisoni, hijo de dos de las más de cien víctimas que pasaron por alguno de los centros clandestinos que conforman el circuito ABO y militante de H.I.J.O.S.

El presidente del TOF Nº 2, Jorge Tassara, leyó ayer al mediodía la sentencia a la que llegó junto con los otros dos integrantes del tribunal, Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu, en el marco del juicio conocido como “ABO Bis”, el primero en el que efectivamente se aplicaron las reglas fijadas por la Cámara de Casación que apuntó a acelerar los tiempos de los juicios vinculados con el terrorismo de Estado. En este caso, se desestimó a algunos testigos, se introdujeron declaraciones de otros mediante lectura y se realizaron más audiencias por semana.

Poco más de una hora antes, uno de los acusados accedió a la posibilidad siempre presente de decir unas “últimas palabras”. Feito negó todo lo que se atribuyó: dijo que “jamás” secuestró ni torturó y que sus familiares saben que fue un soldado “valiente y honrado”.

Con aplausos dentro y fuera del edificio de los tribunales de Comodoro Py, militantes de derechos humanos, familiares y amigos de las víctimas recibieron el veredicto del TOF Nº2. “Privación ilegal de la libertad agravada por la condición de funcionario público” y “mediar violencia” y “amenazas” con “imposición de tormentos” fue la figura penal que se les aplicó a ambos condenados.

De las 181 víctimas cuyas vejaciones fueron tenidas en cuenta, los jueces consideraron que Godoy, alias Calculín, participó en 152 casos, mientras que Feito, conocido como Cacho, tuvo responsabilidad en 15. De allí, la diferencia en las penas a uno y otro. Además, el TOF Nº2 determinó que Godoy, de 72 años, continúe gozando del beneficio de prisión domiciliaria hasta que quede firme la sentencia.

Pisoni remarcó que la organización que integra y el resto de las agrupaciones de derechos humanos que estuvieron presentes en la sentencia y que participaron del juicio –Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, Familiares de Detenidos Desaparecidos por Razones Políticas– entendieron como positiva la sentencia debido a que las condenas son altas. Pero definió como necesario el hecho de que “todo el poder judicial entienda que los culpables de delitos de lesa humanidad no deben tener privilegios de los que un acusado de delitos comunes no goza. Godoy debería haber ido a parar a cárcel común”. En ese sentido, el hijo de Rolando Pisoni e Irene Bellocchio, dos de los cientos de presos clandestinos de Atlético y que aún continúan desaparecidos, denunció que “todavía quedan muchos represores en sus casas”.

El juicio en el que fueron declarados culpables podría entenderse como la continuación de aquel juicio que analizó los delitos cometidos a 182 personas que estuvieron detenidas ilegalmente en el Atlético, Banco u Olimpo, o en más de uno de esos centros clandestinos, y en el que fueron condenados 12 represores a prisión perpetua, cuatro a 25 años de prisión y uno, el ex policía federal Juan Carlos Falcón, absuelto.

sábado, 2 de junio de 2012

Un represor se suicida tras ser imputado por crímenes de lesa humanidad

El expolicía Miguel Ángel Junco fue acusado de secuestros, torturas y asesinatos cometidos en tres centros clandestinos de detención de la dictadura militar

Un expolicía argentino que estaba prófugo se arrojó a las vías del tren en Buenos Aires, luego de que la Justicia le imputara por delitos de lesa humanidad cometidos en la última dictadura militar, informaron hoy fuentes judiciales. El exsuboficial auxiliar de la Policía Federal Miguel Ángel Junco, alias Ratón, se suicidó dos días después de que la policía fuera a buscarle a su casa y su esposa dijera que su marido había ido a visitar unos familiares, según las mismas fuentes.

Los policías le buscaban para conducirle a los juzgados, donde debía ser interrogado por el juez Daniel Rafecas, quien le acusaba de secuestros, torturas y asesinatos cometidos en tres centros clandestinos de detención de la última dictadura militar argentina (1976-1983). Antes de que los investigadores le encontraran, Junco se arrojó a las vías de la estación porteña de Flores cuando un tren se acercaba a los andenes y murió en el acto.

"Avisen a mi esposa al domicilio Zelarrayan 531, 3 A", rezaba una nota hallada entre las vestimentas del exefectivo de Coordinación Federal, acusado de actuar en las cárceles clandestinas Atlético, Banco y Olimpo. Sobrevivientes de estos centros reconocieron al expolicía como miembro de grupos de tareas encargados de secuestros y torturas en perjuicio de centenares de víctimas del régimen.
La Coordinadora, un órgano policial de represión

Las víctimas de los crímenes de la represión también acusaron a otros antiguos integrantes de la Coordinadora, un órgano policial que ocupó un lugar central en la política de represión desplegada en Buenos Aires durante la dictadura. Entre ellos están detenidos Carlos Lorenzatti, alias Gato viejo, y Juan Carlos Chacra, conocido como Paco, mientras que tanto sus compañeros Gerardo Arraes y Miguel Britos siguen prófugos.

"Es la primera vez que ocurre esto en una causa que lleva siete años de tramitación, con más de un centenar y medio de detenidos", varios de los cuales ya fueron condenados por la Justicia, señalaron testigos al enterarse del suicidio de Junco, según la agencia oficial Télam. La investigación de Rafecas es una de las causas que se reabrieron en Argentina tras la derogación de las "leyes del perdón", en 2003, que libraron de responsabilidad a más de un millar de represores y que en 2005 también fueron declaradas nulas por la Corte Suprema.

Actualmente, son 281 los represores condenados y 785 los procesados a la espera de juicio oral por delitos cometidos durante la dictadura, en la que, según organismos de derechos humanos, desaparecieron unas 30.000 personas.
Suicidios de otros represores

Junco no es el primer represor argentino que prefiere matarse antes de sentarse en el banquillo. En 2009, se conocieron los suicidios del excapitán Alfredo Marcó, acusado de torturas y asesinato, y del ex subcomisario Segundo Garro, que se quitó la vida después de que un tribunal ordenara investigarle por crímenes de lesa humanidad.

En diciembre de 2007 fue hallado muerto el exprefecto Héctor Febres, envenenado con cianuro en una delegación de Prefectura Naval donde esperaba veredicto por un juicio por crímenes cometidos en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA), la mayor cárcel de la dictadura. Organizaciones de Derechos Humanos expresaron entonces sus sospechas sobre el posible asesinato del represor.