El expolicía Miguel Ángel Junco fue acusado de secuestros, torturas y asesinatos cometidos en tres centros clandestinos de detención de la dictadura militar
Un expolicía argentino que estaba prófugo se arrojó a las vías del tren en Buenos Aires, luego de que la Justicia le imputara por delitos de lesa humanidad cometidos en la última dictadura militar, informaron hoy fuentes judiciales. El exsuboficial auxiliar de la Policía Federal Miguel Ángel Junco, alias Ratón, se suicidó dos días después de que la policía fuera a buscarle a su casa y su esposa dijera que su marido había ido a visitar unos familiares, según las mismas fuentes.
Los policías le buscaban para conducirle a los juzgados, donde debía ser interrogado por el juez Daniel Rafecas, quien le acusaba de secuestros, torturas y asesinatos cometidos en tres centros clandestinos de detención de la última dictadura militar argentina (1976-1983). Antes de que los investigadores le encontraran, Junco se arrojó a las vías de la estación porteña de Flores cuando un tren se acercaba a los andenes y murió en el acto.
"Avisen a mi esposa al domicilio Zelarrayan 531, 3 A", rezaba una nota hallada entre las vestimentas del exefectivo de Coordinación Federal, acusado de actuar en las cárceles clandestinas Atlético, Banco y Olimpo. Sobrevivientes de estos centros reconocieron al expolicía como miembro de grupos de tareas encargados de secuestros y torturas en perjuicio de centenares de víctimas del régimen.
La Coordinadora, un órgano policial de represión
Las víctimas de los crímenes de la represión también acusaron a otros antiguos integrantes de la Coordinadora, un órgano policial que ocupó un lugar central en la política de represión desplegada en Buenos Aires durante la dictadura. Entre ellos están detenidos Carlos Lorenzatti, alias Gato viejo, y Juan Carlos Chacra, conocido como Paco, mientras que tanto sus compañeros Gerardo Arraes y Miguel Britos siguen prófugos.
"Es la primera vez que ocurre esto en una causa que lleva siete años de tramitación, con más de un centenar y medio de detenidos", varios de los cuales ya fueron condenados por la Justicia, señalaron testigos al enterarse del suicidio de Junco, según la agencia oficial Télam. La investigación de Rafecas es una de las causas que se reabrieron en Argentina tras la derogación de las "leyes del perdón", en 2003, que libraron de responsabilidad a más de un millar de represores y que en 2005 también fueron declaradas nulas por la Corte Suprema.
Actualmente, son 281 los represores condenados y 785 los procesados a la espera de juicio oral por delitos cometidos durante la dictadura, en la que, según organismos de derechos humanos, desaparecieron unas 30.000 personas.
Suicidios de otros represores
Junco no es el primer represor argentino que prefiere matarse antes de sentarse en el banquillo. En 2009, se conocieron los suicidios del excapitán Alfredo Marcó, acusado de torturas y asesinato, y del ex subcomisario Segundo Garro, que se quitó la vida después de que un tribunal ordenara investigarle por crímenes de lesa humanidad.
En diciembre de 2007 fue hallado muerto el exprefecto Héctor Febres, envenenado con cianuro en una delegación de Prefectura Naval donde esperaba veredicto por un juicio por crímenes cometidos en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA), la mayor cárcel de la dictadura. Organizaciones de Derechos Humanos expresaron entonces sus sospechas sobre el posible asesinato del represor.
Un expolicía argentino que estaba prófugo se arrojó a las vías del tren en Buenos Aires, luego de que la Justicia le imputara por delitos de lesa humanidad cometidos en la última dictadura militar, informaron hoy fuentes judiciales. El exsuboficial auxiliar de la Policía Federal Miguel Ángel Junco, alias Ratón, se suicidó dos días después de que la policía fuera a buscarle a su casa y su esposa dijera que su marido había ido a visitar unos familiares, según las mismas fuentes.
Los policías le buscaban para conducirle a los juzgados, donde debía ser interrogado por el juez Daniel Rafecas, quien le acusaba de secuestros, torturas y asesinatos cometidos en tres centros clandestinos de detención de la última dictadura militar argentina (1976-1983). Antes de que los investigadores le encontraran, Junco se arrojó a las vías de la estación porteña de Flores cuando un tren se acercaba a los andenes y murió en el acto.
"Avisen a mi esposa al domicilio Zelarrayan 531, 3 A", rezaba una nota hallada entre las vestimentas del exefectivo de Coordinación Federal, acusado de actuar en las cárceles clandestinas Atlético, Banco y Olimpo. Sobrevivientes de estos centros reconocieron al expolicía como miembro de grupos de tareas encargados de secuestros y torturas en perjuicio de centenares de víctimas del régimen.
La Coordinadora, un órgano policial de represión
Las víctimas de los crímenes de la represión también acusaron a otros antiguos integrantes de la Coordinadora, un órgano policial que ocupó un lugar central en la política de represión desplegada en Buenos Aires durante la dictadura. Entre ellos están detenidos Carlos Lorenzatti, alias Gato viejo, y Juan Carlos Chacra, conocido como Paco, mientras que tanto sus compañeros Gerardo Arraes y Miguel Britos siguen prófugos.
"Es la primera vez que ocurre esto en una causa que lleva siete años de tramitación, con más de un centenar y medio de detenidos", varios de los cuales ya fueron condenados por la Justicia, señalaron testigos al enterarse del suicidio de Junco, según la agencia oficial Télam. La investigación de Rafecas es una de las causas que se reabrieron en Argentina tras la derogación de las "leyes del perdón", en 2003, que libraron de responsabilidad a más de un millar de represores y que en 2005 también fueron declaradas nulas por la Corte Suprema.
Actualmente, son 281 los represores condenados y 785 los procesados a la espera de juicio oral por delitos cometidos durante la dictadura, en la que, según organismos de derechos humanos, desaparecieron unas 30.000 personas.
Suicidios de otros represores
Junco no es el primer represor argentino que prefiere matarse antes de sentarse en el banquillo. En 2009, se conocieron los suicidios del excapitán Alfredo Marcó, acusado de torturas y asesinato, y del ex subcomisario Segundo Garro, que se quitó la vida después de que un tribunal ordenara investigarle por crímenes de lesa humanidad.
En diciembre de 2007 fue hallado muerto el exprefecto Héctor Febres, envenenado con cianuro en una delegación de Prefectura Naval donde esperaba veredicto por un juicio por crímenes cometidos en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA), la mayor cárcel de la dictadura. Organizaciones de Derechos Humanos expresaron entonces sus sospechas sobre el posible asesinato del represor.
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