ABO: la Fiscalía pidió perpetua para siete acusados y penas de 25 años de prisión para otros dos

Los crímenes en el circuito de centros clandestinos de detención El Atlético, El Banco y El Olimpo

Lesa humanidad

La Fiscalía calificó los crímenes con la categoría internacional de genocidio. Destacó el aporte de los testigos, en especial de los sobrevivientes. Los nueve acusados revistaron en la Policía Federal, el Ejército, la Gendarmería Nacional y el Servicio Penitenciario Federal.

El fiscal general a cargo de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad Jorge Auat y la fiscal ad hoc Gabriela Sosti solicitaron esta tarde al Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº2 de la Capital Federal que imponga penas de prisión perpetua para siete acusados y de 25 años de prisión para otros dos por el crimen internacional de genocidio. Los representantes del MPF los consideraron coautores de los delitos tipificados en el derecho interno como privaciones ilegítimas de la libertad, aplicación de tormentos y homicidios -estos últimos para los pedidos de pena máxima- contra 352 víctimas en el circuito de centros clandestinos de detención ABO, conformado por El Atlético, El Banco y El Olimpo.

Así la Fiscalía culminó su quinta jornada de exposición, que había comenzado el 15 de agosto. Durante su intervención, Sosti señaló que los delitos llevados a juicio -este es el tercer proceso judicial por crímenes en ese circuito- "no fueron comunes, de los prescriptibles para el Código Penal Argentino", sino que se enmarcaron en "la masividad del aniquilamiento y el objetivo de destruir una parte de la población".

"Los imputados participaron de un delito del derecho internacional", indicó, y encuadró la actividad de los acusados en el artículo 2 de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio (1948) de las Naciones Unidas, a la cual Argentina adhirió en 1956. "Se entiende por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal", indica ese instrumento internacional, y especifica en sus incisos a, b y c, respectivamente, la "matanza de miembros del grupo"; la "lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo"; y el "sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial". Las tres conductas -el artículo incluye otros incisos- fueron las utilizadas por la fiscal para describir la acción de los acusados.

 "Estos delitos aberrantes fueron cometidos al amparo de la clandestinidad", enfatizó Sosti, y resaltó el aporte de los testigos para el esclarecimiento de los hechos.

Auat y Sosti pideron la pena máxima para el ex ayudante de 5ª del Servicio Penitenciario Federal, Héctor Horacio Marc; el ex gendarme Juan Miguel Méndez; el ex sargento del Ejército Alfredo Omar Feito, y los siguientes ex miembros de la Policía Federal Argentina (PFA): los ex auxiliares de 4ª y 2ª del Cuepro de Informaciones, Eduardo Ángel Cruz y Juan Carlos Mario Chacra, respectivamente; el ex inspector de la Dirección de Inteligencia de la Superintendencia de Seguridad Federal, Gerardo Jorge Arráez, y el ex subcomisario del Departamento de Situación Subversiva de la Superintendencia de Seguridad Federal, Ricardo Valdivia.

Y reclamaron la imposición de 25 años de prisión para el ex cabo de la PFA Raimundo Oscar Izzi y para el ex principal de la misma fuerza, Carlos Alberto Lorenzatti.

Antes de llegar al pedido de pena y después de recorrer uno a uno los 352 hechos que llegaron a juicio, Sosti indicó que "estos delitos aberrantes fueron cometidos al amparo de la clandestinidad". En ese sentido, señaló que "cobra mayor relevancia la valoración conjunta de todos los elementos probatorios" y remarcó la "coincidencia de diferentes declaraciones testimoniales" de los sobrevivientes que dan cuenta de los hechos y de la participación de los imputados. Recordó las condiciones de detención de las víctimas, encapuchadas y/o con los ojos vendados, y remarcó que "un olor, el sonido de la voz, fueron tan definitorios, sumadas a las aclaraciones de los testigos".

Citó el nítido recuerdo de un sobreviviente que al momento de los hechos tenía 8 años. "Asistió a los golpes de sus padres, sus hermanos y él mismo. El estrés postraumático le fijó en la memoria los hechos. En el recuerdo, como declaró el mismo, vuelve ese niño llorando aquél día por lo que había visto", señaló.

El fiscal Auat, por su parte, destacó que el trabajo del Ministerio Público Fiscal en el juicio "ha sido producto de una exhaustiva tarea". El titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad dijo que este es "un proceso especial, que merece mayor cantidad de energía jurisdiccional", pues es un "proceso de profundo dolor y muerte". Y, en esa línea, resaltó el testimonio de los sobrevivientes, sobre quienes -dijo- "están el juicio en nombre no sólo de ellos sino de los que no pueden estar".

La Fiscalía recurrió a la calificación de genocidio del artículo 2 de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, a la cual Argentina adhirió en 1956.

La acusación

La Fiscalía calificó los crímenes con la tipificación del Código Penal al momento de los hechos como privación ilegítima de la libertad cometida por funcionario público agravada por haber sido cometida con violencia y amenazas y, en algunos hechos, con el agravamiento de haber durado más de un mes; aplicación de tormentos por ser la víctima un prisionero político; y homicidio doblemente calificado por haber sido cometido con alevosía y con el concurso premeditado de dos o más personas. Señaló que los acusados participaron de los hechos en grado de coautores.

En ese marco, acusó a:

Marc por 282 casos de privación ilegítima de la libertad (194 de las cuales duraron más de un mes) y de aplicación de tormentos, y por 19 homicidios.

Méndez por 212 casos de privación ilégitima de la libertad (191 agravadas por la duración mayor a un mes) y aplicación de tormentos, y por 19 homicidios.

Feito por 8 casos de privación ilegítima de la libertad (5 agravadas por su duración) y aplicación de tormentos, y un homicidio en grado de cómplice primario.

Cruz por 213 casos de privación ilegítima de la libertad (141 agravadas por su duración) y aplicación de tormentos, y 19 homicidios.

Chacra por 305 casos de privación ilegítima de la libertad (164 agravadas por su duración) y aplicación de tormentos, y 19 homicidios.

Izzi por 57 privaciones ilegítimas de la libertad y aplicación de tormentos.

Lorenzatti por 154 privaciones ilegítimas de la libertad (93 agravadas por su duración) y aplicación de tormentos.

Arráez por 214 privaciones ilegítimas de la libertad (141 agravadas por su duración) y aplicación de tormentos, y por 19 homicidios.

Valdivia por 201 privaciones ilegales de la libertad (123 agravadas por su duración) y aplicación de tormentos, y por 19 homicidios.

"Todas las noches pienso en mi mamá violada y torturada”

Se reanudaron las audiencias del tercer juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Cuerpo I del Ejército en el circuito Atlético-Banco-Olimpo. Ante el tribunal, declararon Josefina y Francisco Giglio. Los ocho imputados estuvieron ausentes.

 
01/02/2017 Por María Sucarrat

Todas las noches pienso en el cuerpo de mi mamá violada y torturada. Todas las noches pienso qué fue de mis padres”. Dice Josefina y rompe en llanto.

“Todo el trabajo lo hacemos las víctimas. Buscamos las pruebas, encontramos a los vecinos, les pedimos a los ex compañeros que nos cuenten. Me gustaría que la Justicia tome conciencia de que no alcanza con los juicios. Que sería bueno que los imputados estuvieran sentados acá. Los señores que dieron órdenes y las cumplieron piensan que hicieron un bien a la patria. Quisiera que el Poder Judicial le exija al Ejecutivo que disponga de todos los medios para encontrar los huesos de mis padres y de todos los desaparecidos y que le dé su identidad a todos los hijos que fueron robados. Porque además de la justicia, hace falta el reconocimiento del mal. Hace falta que nos digan la verdad que siguen teniendo los malos”. Dice Josefina y mira al jurado.

“Mi mamá es la más linda del mundo. Miren sus fotos”. Dice Josefina e invita a verlas.

Josefina es Giglio. Su madre, Virginia Isabel Cazalás de Giglio. O “Vivel” o “Coca”. “Coco” es su padre. Carlos Alberto Giglio. “Coco y Coca”, dice Pancho, el hermano de Josefina. Las fotos del matrimonio en blanco y negro se ven a través de una pantalla. Un blindex grueso divide la sala. Los espectadores están lejos de los jueces, cerca de los televisores. Los acusados, ausentes.

Josefina era María José Roldán. Con ese nombre hizo primero y segundo grado de la escuela primaria. Ese fue el nombre que le dio a los policías el 5 de diciembre de 1977, cuando secuestraron a su madre. Su hermano era Francisco Roldán. Roldán, no Giglio. Dos años de sus vidas fueron clandestinos. Pancho no se preocupó porque entonces no sabía hablar. Cuando secuestraron a su mamá corría por la casa, todavía en pañales.

“La noche en que se llevaron a mi madre hacía mucho, mucho calor. Habíamos terminado de cenar. Serían las once de la noche. De repente golpes en la puerta. Entraron unos hombres, hubo gritos. No sé, yo tenía vergüenza porque como hacía tanto calor, estaba en bombacha. Y no quería que me vieran”, cuenta Josefina que, en ese momento y por apenas unas horas más, era María José Roldán.

Las historias tremendas de Josefina y Francisco Giglio se sumaron a la de Daniel Merialdo, militante de Montoneros, secuestrado en el CCD Club Atlético, Banco, Olimpo, Pozo de Quilmes, aparentemente también en “Omega”, ESMA y en Isla El Silencio. Las declaraciones, brindadas en un subsuelo de Comodoro Py ante el Tribunal Oral Federal 2 porteño, son parte del tercer juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos contra 352 víctimas entre 1976 y 1979 en el circuito que conformaban los centros clandestinos Atlético, Banco y Olimpo (ABO), dependiente del Cuerpo I de Ejército.

“En 1975 allanaron mi casa. Mi mamá y yo estábamos de vacaciones en Tres Arroyos. De allá era ella. Entonces comenzaron las mudanzas. Recuerdo zozobra. Yo lloraba mucho”, declara Josefina. El 19 de mayo de 1976, Coco Giglio fue secuestrado por las fuerzas de seguridad. Coca estaba embarazada de siete meses. Su hija tenía seis años. “Pienso mucho en esa mujer sola con sus hijos, escapando”.

El 5 de diciembre, cuando se llevaron a Coca del octavo piso de un edificio de la calle Freire, en el barrio de Belgrano, María José y Francisco fueron a parar a la casa de su vecina.

– ¿Qué voy a hacer con estos chicos? – le decía esa noche a su marido María Susana Martínez.

Ella tenía 25 años y una beba recién nacida. Con Google, con la guía telefónica, nada complicado, Josefina buscó a Susana y la encontró muchos años después. “Me había quedado con una imagen de mi mamá bajando con uno de los secuestradores en el ascensor. Pero Susana me dijo que la última imagen que ella tiene es de mi mamá tirada en el piso, en camisón, apuntada por las armas de los hombres. Es extraña la mente. Siempre me pregunté si mi mamá no me debió haber dado una última instrucción. Algo que no pude escuchar. Pero no. No fue así. Quizás me lo imaginé”, dice Josefina.

Los chicos pasaron la noche en la casa de Susana. “Durmieron en la cama grande”, dirá ella frente al mismo jurado, convencida por los Giglio de que debía declarar. Al día siguiente los policías se presentaron en el edificio de Freire. Antes de llevarlos a la Comisaría 37 le permitieron a María José entrar al departamento. “La puerta estaba salida de las bisagras. Me dijeron que podía entrar a buscar ropa. Yo me puse una remera roja, un jean y unas zapatillas. Me acordé que mi mamá tenía una bolsita con fotos y la agarré. También un collar que le gustaba”, cuenta y saca de su cartera ese collar blanco, de cuentas gigantes, que muestra sonriendo. Lo apoya sobre la mesa, entre el vaso y el micrófono.

“Una vez jugaba a pintarme los dedos con un marcador. Mi mamá me vio y me dijo que no haga eso. Que no lo haga más. Después supe por qué: cuando entré a la comisaría me hicieron tocar el pianito. Mi mamá tenía razón”, dice.

María José Roldán dio a la policía los datos de su abuelo, el padre de Virginia Isabel Cazalás de Giglio. “Mi abuelo Polo tiene una fábrica de soda, vive en Tres Arroyos”, dijo la nena. Desde la comisaría enviaron un radiomensaje a Bahía Blanca. Los hermanos esa noche se separaron. Ella fue a dormir a la casa de una policía y el bebé a la de un policía varón y recién casado que, según había dicho, se quedó con las ganas de adoptarlo.

Polo y su esposa viajaron a Buenos Aires y después de un papeleo extenso pudieron sacar a los chicos de ahí. A ningún policía ni asistente social se le ocurrió preguntar por qué los nenes entraron como Roldán y salieron como Giglio. Se ve que la moneda había caído de este lado: los habían dejado ir.

Van a aparecer

“Quisiera decir algo antes de retirarme”. Francisco Giglio pide permiso al tribunal. “La figura de la desaparición produjo en mí, como hijo, no saber nunca dónde están mis padres. Quiero decir también lo que esta figura produjo en mis abuelos. Ellos sabían que sus hijos estaban en actividades políticas, sabían que había una dictadura, pero jamás imaginaron, como la mayoría de los padres de esa época, que los iban a torturar y a asesinar. Y menos desaparecer. Mis abuelos tuvieron dificultades para transmitir la desaparición: no sabían si iban a volver, si estaban detenidos o no. Nunca lo supieron. Nunca lo supimos nosotros. Lo que produce la desaparición en la mente de un hijo es tremendo porque siempre los estás esperando. Cumplí 40 años y los sigo esperando. Hay perversidad en esa figura para los padres y los hijos. Una de las principales cuestiones que yo necesito para mi vida es que se encuentren los restos de mis padres. Que se recuperen los restos de mis padres sería como un pedacito de reencontrarme con ellos. A mi padre no lo conocí, con mi madre estuve un año y medio. Ojalá se haga algo para encontrar los restos de mis padres y de los 30.000. Ojalá se juzgue a los autores”.

“Pasé de vivir en La Plata a estar clandestina en Buenos Aires. Luego fuimos a Tres Arroyos, la estabilidad total. Fui a la escuela de enfrente de la casa de mis abuelos, a la que había ido mi mamá. Fue un ámbito de contención importantísimo pero también complicado porque era un pueblo chico. Mi abuela siempre contaba que había gente que ya no la saludaba. Eso le dolía mucho. Ellos siempre fueron respetuosos de las decisiones de mis padres. Mi abuelo había sido militante radical. No era un hombre que no supiera de las lides políticas aunque suponía que mi mamá y mi papá estaban presos en algún lado y que cuando volviera la democracia iban a aparecer. Cuando ganó Alfonsín la esperanza era enorme y yo pensaba “A lo mejor los largan para mi cumpleaños de 15” o “Tal vez vienen para el baile de egresados”. Era muy difícil”.

Ante cada nueva situación, la abuela le decía a Josefina:

– Bueno, cuando vengan tus papás vas a poder hacer lo que quieras.

Y en un momento se dio cuenta de que no iban a volver. “Me enojé hasta que en la facultad de Periodismo fui compañera de Miguel Bru. Ahí supe que no me pasaba algo terrible sólo a mí y a mi hermano. Y fue todo un trabajo poder acercarme a la historia liberándome de mis enojos. Milité en HIJOS y así entendí la cabal dimensión del plan sistemático de desaparición de personas. Democraticé mi dolor aunque me costó mucho darme cuenta que yo también era una víctima. Los gobiernos de los distintos partidos políticos tuvieron muchas dificultades para acercarse al tema de los derechos humanos. Recién con el anterior gobierno sentí que salía de la clandestinidad”.

Francisco y Josefina Giglio declaran, recuerdan y reviven hechos que pasaron hace 40 años. Ni uno ni otra quiere que sus hijos crezcan buscando los huesos de sus abuelos.

La audiencia se seca las lágrimas. Y Josefina dice “Ya es tiempo”. Entonces toma el collar de bolas de madera blancas, se lo pone en el cuello, se lo abrocha con cuidado. Se para, sonríe y en medio de un estallido de aplausos, deja el estrado y se va.
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María Sucarrat   
Periodista.

“Fueron 105 días terribles que marcaron mi vida”

En una declaración adelantada ante el Tribunal Oral Federal 6, Cristina Comandé contó cómo fue secuestrada en 1976, los tormentos que sufrió en el centro clandestino y a qué víctimas y represores vio durante su cautiverio.
Por: Alejandra Dandan

Cristina Comandé logró que los represores la dejaran de nuevo en su casa. Era 30 de diciembre de 1976. Habían pasado tres meses desde el ingreso al campo, el modo en el que aún hoy llama al centro clandestino Puente 12, que funcionó en la Brigada Güemes desde antes del comienzo de la dictadura. “Me bajé del auto sin mirar para atrás”, dijo a los jueces. “Quería correr, pero sabía que no podía. Alcance a ver a mi mamá en la calle, en la misma situación que yo, pero metros más adelante. ¡Mamá! ¡Mamá!, le grite. Ella no se dio vuelva. ¡Mamá! ¡Mamá! Y ahí se dio vuelta. Nos dimos un abrazo. ¿Por qué no te dabas vuelta? Porque todo el tiempo escuchaba que me llamabas.”

La pequeña sala de audiencias donde el Tribunal Oral Federal 6 de la Ciudad de Buenos Aires, que tomó testimonios adelantados de un juicio que después de 40 años aún no tiene fecha de comienzo, escuchó en silencio. Cristina había dejado su bastón a un lado de la silla. “Fueron 105 días siniestros, 105 días terribles que marcaron mi vida para siempre”, continuó. “Durante el tiempo que estuve nunca menstrué, por ejemplo. Cuando llegué a mi casa del brazo de mi mamá, fuimos a ver a mi papá a la cama porque había entrado en una depresión. No iba a trabajar. Mi hermano más chico tenía 10 años, y cada tanto volvía de la escuela diciendo que alguien me había visto y que yo estaba bien, porque creía que así aliviaba a mis viejos. Mi hermano mayor, Luis,  tenia 18 años y fue el que asumió el lugar de mi padre. Hizo la denuncia en la Comisaría 6ª con mi madre. Fueron el mismo día del secuestro. Les preguntaron: ¿ustedes son los de la calle Moreno? Una pregunta por la que sospechamos que habían dado zona liberada. A esa misma hora yo estaba siendo torturada en ese mismo lugar. Hoy tengo 62 años –les dijo entonces a los jueces–. Tengo un compañero excepcional, dos hijos que son mi amor, dos nueras a las que quiero como hijas y tres nietos con los que soy feliz sólo al verlos. Pero para cada fin de año, cuando se acerca la fecha de mi liberación, siento que me faltan mis compañeros, que me faltan a mí y a toda la sociedad. Acá se cometió un genocidio. Mataron. Violaron. Torturaron. Robaron niños. Hicieron barbaridades a mansalva. Destruyeron el destino de familias enteras. Yo le pido al tribunal, a ustedes, señores jueces: memoria, verdad y justicia.”

Cristina Comandé declaró el jueves 17 de noviembre; antes lo había hecho Lucía Beatriz Fariña. Cuando la fiscal Angeles Ramos le pidió que contara su tránsito por el centro clandestino, Cristina se detuvo. “Primero quiero dejar planteada mi queja porque no están aquí sentados los imputados: me gustaría que escuchen el testimonio de sus víctimas.” Lucía había dicho lo mismo. La presidenta del tribunal, María del Carmen Roqueta, que en aquella ocasión no dijo nada, esta vez, aclaró que ellos iban a escucharlo a través de alguno de los mecanismos establecidos por sus defensores.
– Pero no es lo mismo –se escuchó, en voz baja, en la sala.
Entre los acusados del juicio están los responsables del centro clandestino que funcionó en Ricchieri y General Paz. Enfrente estuvo el Vesubio y en el mismo predio funcionó más tarde el centro clandestino El Banco. Por eso, en la historia de su reconstrucción, los sobrevivientes tuvieron que aprender a nombrarlo. Se lo conoció como Protobanco y ahora como Puente 12. Mediante el incansable trabajo de investigación y reconstrucción de los sobrevivientes y familiares, la Justicia logró ir separando a detenidos desaparecidos que en algún momento confundieron el cautiverio con esos otros centros clandestinos. Puente 12 funcionó entre 1974 y abril de 1977. Era un lugar administrado por la Policía bonaerense en conexión con el Ejército, aunque también hubo participación de Fuerzas conjuntas, según testimonio de las víctimas. Los detenidos estuvieron recluidos en el lugar conocido como División Cuatrerismo. De los responsables vivos llegaron a esta etapa nueve imputados, entre ellos el ex comisario Miguel Echectolatz como jefe de la Policía bonaerense, el ex jefe del área militar 112 de La Tablada Federico Antonio Minicucci y el teniente coronel Hugo Idelbrando Pascarli. El resto son policías bonaerenses. 

“Yo era de una familia de clase media con mucha sensibilidad social. Iba a una escuela de monjas, trabajaba porque en mi casa se necesitaba mi sueldo para vivir. Mi familia estaba integrada por mis padres, y dos hermanos menores. Tenía 18 años cuando salí del colegio secundario y empecé a estudiar y trabajar. Ahí fue como salir al mundo: me di cuenta que no era una cajita de bombones como había aprendido.” Cristina habló sin papeles en la mano pero extremadamente pausada, como si siguiera mentalmente la lectura del texto que escribió a lo largo de los años.

“Siendo joven comencé a participar socialmente de las actividades y de los movimientos que se estaban produciendo en esos momentos. Era el año ‘73. Me fui acercando a la política. Milité en la Facultad de Filosofía y Letras en la Juventud Guevarista, que era la juventud del PRT-ERP. A los 22 años, una noche, luego del cumpleaños de mi mamá del 16 de septiembre de 1976, en la madrugada golpearon la puerta de casa y entró una patota de la Policía Federal, de cinco o seis personas, vestidas de civil y fuertemente armadas.” 

Esas “personas” fueron quienes encerraron a la familia en el baño y la hicieron vestir a ella, mientras saqueaban la casa. Se llevaron lo que pudieron y también a ella adentro de un auto. Luego de un corto trayecto la subieron por una escalera estrecha hasta un altillo, con las manos esposadas. Le mostraron a un compañero, el primero de una larga lista de nombres de los que habló a lo largo de la audiencia: José Martín Mendoza. Le picanearon el cuerpo especialmente ensañados con las zonas de mayor dolor. Cuando la bajaron, la dejaron tendida sobre un piso de madera, antes de sacarle los aros. “Eran los aros que me había regalado mi abuelo en mi bautismo, me los sacaron –dijo–: en ese momento tuve una sensación de despojo total, de no tener nada, ni siquiera mi cuerpo.”
Una noche volvieron a trasladarla. Ahora viajaba en el baúl de un auto durante un trayecto largo. Pensó que iban a matarla. “Ojalá fuera así –se dijo– porque no sabía cuánto más iba a resistir”.

Con ella, también la sala llegó, así, al centro clandestino. El calabozo de dos metros por uno, con piso de cemento, sin ventanas, del que había hablado Lucía. El espacio repleto, “no había lugar dónde estar”. Le decían que era una especie de cárcel, y más tarde uno de los detenidos le dijo que era un centro clandestino. Volvieron a torturarla. Otra vez frente a aquel compañero. Los sometieron a ambos desnudos. En los interrogatorios usaron picanas, golpes, baldes de agua fría. “Pero también había un sistema de ponernos una pulsera de metal conectado a un cable por el que pasaba la corriente: cuando usaban la picana sentíamos la electricidad a través de las pulseras”.

Como en los relatos ante la Conadep y los primeros testimonios de los juicios, Cristina mencionó una a una las condiciones de deshumanización en el centro clandestino, los tormentos, “la comida espantosa”: “Traían una olla grande y repartían dos o tres jarros con una o dos cucharas para que fuéramos comiendo entre los compañeros. El pan lo guardábamos para las embarazadas.”
Las guardias rotaban en turnos de 24 por 48 horas: Sapo Chico, que era petiso y gordo, Sapo Grande, alto delgado; Don Juan, morocho y probablemente del interior; Ricardo, joven teñido de rubio...

Y allí dijo. “En el campo eran muy comunes las violaciones”. Lucía ya había dicho lo mismo. “Las veces que venía el coronel decían: ¡A tabicarse que viene el coronel! Entrábamos en pánico porque era muy probable que se llevaran a una compañera para violar. En una ocasión empecé a llorar y a los gritos. Y no paré hasta que me devolvieron al calabozo.”
Allí adentro vio a Miguel País, muy lastimado, a Hugo Federico González, a Maria Eloisa Castellini de Petrakos, a Marta Taboada, al Negro Arroyo, a Gladys Porcel, entre muchos otros.

El 30 de diciembre le dijeron que se iba a ir. Agarró el pulover pensado que se iba a ir a una cárcel. La pusieron en un auto. Y la dejaron a dos cuadras de la casa. “Me bajé –dijo– sin mirar atrás.”

“La desaparición es infinita perversidad”

El testimonio de Gonzalo Pereira Pérez en el juicio por los crímenes en el Circuito ABO

Pereira Pérez contó la historia de su hermano Martín, secuestrado en 1977, la búsqueda y los sufrimientos de su familia.
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Por: Alejandra Dandan

En mayo de 1977, en Mar del Plata, los Pereira Pérez recibieron una carta sin firma. Decía que Martín, segundo de cuatro hijos, había sido secuestrado en Villa Crespo. Tenía además una lista de instituciones a las que debían recurrir: Amnistía Internacional, APDH, obispados, ministerios. Era la primera noticia de Martín en un proceso devastador que recién empezaba. “Sabíamos lo que estaba pasando, todos lo sabíamos”, dijo ayer su hermano mayor, Gonzalo Pereira Pérez, a los jueces del Tribunal Oral 2, en la causa por crímenes de lesa humanidad en el circuito represivo Atlético, Banco y Olimpo.

 
“Voy a reconstruir la historia de mi hermano desde la perspectiva de la verdad histórica, desde la perspectiva familiar y de lo que significó el terrorismo de Estado”, adelantó ante una pregunta de la fiscal Gabriela Sosti, quien sugirió que comenzara contando el momento en el que supieron qué pasó con su hermano. Gonzalo, entonces, habló de la carta. “Para mi padre todas las organizaciones mencionadas en la carta manipulaban el dolor con fines políticos. Eso sí, escribió al Ministerio del Interior. Y presentamos un habeas corpus, que fui siguiendo yo en cada viaje a Buenos Aires, y del que obtuvimos respuestas siempre negativas.”

 
La historia de los Pereira Pérez se escuchó entre una diversidad de testimonios y sin la presencia de los nueve acusados: una decisión del tribunal que nuevamente fue recordada por los testigos a modo de impugnación.
Martín se había mudado a Buenos Aires en 1972. Estudió historia, después “consiguió un trabajo en el Hogar Obrero donde fue ascendiendo y terminó como delegado de sección. Para entonces tenía una militancia sindical. Estuvo en Ezeiza con una lectura muy clara de las facciones que estaban en pugna. A fines del 74, lo perseguían los grupos paramilitares y en 1975 la Triple A. Martín estuvo en Montoneros.

 
Gonzalo viajaba a Buenos Aires una vez por semana a estudiar violonchelo. Ahora es músico de la Orquesta Sinfónica de Córdoba. Veía a Martín en cada viaje. “Y creo que éramos un poco mellizos porque teníamos una evolución en paralelo. Cada viaje era un reencuentro. Estaba la vida política. Martín me invitaba a reuniones que eran cada vez más serias a medida que el clima se iba poniendo más serio. Y le dije que yo había encontrado mi vocación con la música.”

 
La casa de Mar del Plata comenzó a estar vigilada. Martín pasaba cada verano allí, pero para 1977 sus padres le dijeron que no viajara porque era peligroso. Gonzalo lo vio en marzo. Quería saldar una discusión familiar. “Hablé muchísimo para aclarar los malos entendidos. Lo despedí. Nos despedimos. Nunca más iba a volver a verlo.”

 
Héctor Pereira Pérez, el padre, era médico sanitarista, director de Reconocimientos Médicos en Mar del Plata. Lo cesantearon. Se embarcó con un contrato en un pesquero de altura. Pero Gonzalo dice que sus embates y contradicciones no le impidieron llevar adelante la situación con coraje. En ese sentido su testimonio también buscó homenajear o reparar la memoria de sus padres, dijo. Establecer un diálogo con sus viejos debates. Pero también volverles a decir en la audiencia que nunca estuvo de acuerdo con que no siguieran la lista de esa carta, que incluía a las asociaciones de familiares con redes y tramas colectivas, también de reparación. Porque eso, dijo, era también jugar todas las cartas.

 
Para entonces los cuatro jueces dejaron computadoras y papeles de lado y se pusieron a mirarlo. Gonzalo habló como si dibujara en el aire una de sus partituras. La sala estaba llena como en cada audiencia de este juicio.
Para entonces –continuó– desapareció una gran amiga de Susana, su madre: su nombre era Alicia y tenía una hija casada con un joven militante (...) Mi padre regresó 24 horas más tarde. Y se fue a golpear las puertas del cuartel. Ahí lo recibió el coronel (del Ejército Pedro Alberto) Barda. Mi padre se presentó como doctor. Barda lo confundió con un abogado. Nadie lo aclaró. Barda dijo que no sabía nada, pero Alicia apareció al otro día. Estaba golpeada, torturada, con el cuerpo quemado y había sido violada. ‘Pero no les dije nada de ustedes’, le dijo a mi madre, cuando los militares le preguntaron por los nombres que aparecían en una carta de su hija. El pánico en ese momento era tan grande que mi madre se desmayó”.

 
Al cabo de meses sin resultados en la búsqueda de Martín, Pereira Pérez padre fue nuevamente a ver a Barda.
“Esa vez, la escena fue totalmente desopilante, si no fuese realmente trágica. Lo atendió una persona:
–Yo soy Barda –le dijo.
–Usted no es Barda –respondió mi padre.

 
El hombre entró en cólera. ‘Soy yo’, repitió. Y trajo a otras personas para confirmarlo. En medio de ese escenario en el que la última esperanza se hacía fantasma, comienza la devastación”, dijo Gonzalo. “Mi padre se fue consumiendo en una depresión silenciosa. Literalmente se moría cada día. Y resucitaba al día siguiente. Mi madre había perdido su fe (...) Nunca más fue a misa. La familia se sumió en un ostracismo, en una suerte de exilio interno, producto también de la sociedad, de una mezcla de fastidio, cierta compasión, lástima, que te obligaba a sentirte silenciado.”

Diego, el hermano menor, comenzó un proceso que lo llevó a la psicosis; terminaría desapareciendo en 2006. Gonzalo agradeció que sus padres ya no estuvieran vivos porque les evitó atravesar nuevamente el infierno de la búsqueda que le tocó repetir a él. En 2012, Diego fue declarado muerto. Dice Gonzalo que Diego parece haberse ido asociando a la imagen de su hermano.

–¿Y qué supieron después sobre Martín? –preguntó la fiscal, sacudiendo esa especie de ensueño de la sala.
–En todo este desmoronamiento y con sus contradicciones, con el regreso de la democracia mi padre consiguió una especie de salvoconducto o pase libre para hacer una pesquisa. Estuvo en La Plata. Revisó fichas odontológicas del Hogar Obrero. Buscó en tribunales. Ahora supe que viajó hasta a San Luis.

 
La familia supo a través de otra carta que Martín estuvo secuestrado en el Atlético. Miguel D’Agostino, uno de los sobrevivientes, logró verlo detrás de una mirilla pintando números en una puerta. “Mi padre le pidió a Miguel que haga una pantomima de esa imagen. Miguel no entendió. Pero lo hizo. Primero levantó la mano derecha pero después cambió de brazo porque se dio cuenta que mi hermano usaba la izquierda. Eso a mi padre le dio un dato fehaciente: era verdad. Esa certeza fue una suerte de cierre. Creo que la desaparición es una infinita perversidad. Es anular a la muerte. Impedir poner la etiqueta sobre una lápida a un ser querido, imponer así una clausura se hace imposible porque no hay nada. Sólo hay vacío.”

Concenden prisión domicilaria a ex comisario de la dictadura

Se trata de Roberto Rosa, quien se le otorgó el beneficio por problemas de salud. Sobrevivientes contaron sobre su ferocidad en “interrogatorios”.
Nestor Espósito

La Cámara Federal de Casación Penal le concedió la prisión domiciliaria por razones de salud a un ex comisario de la Policía Federal condenado a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura. Se trata de Roberto Antonio Rosa, de 66 años de edad, quien en 1985 fue beneficiado con la ley de Obediencia Debida y se recicló en democracia a tal punto que se lo sindicó como un estrecho colaborador del ex juez federal Norberto Oyarbide, cuando pesaban sobre el magistrado acusaciones de protección a una red de prostíbulos.

Rosa está condenado por su participación en los centros clandestinos de detención conocidos como “Circuito ABO” (Club Atlético, Banco y Olimpo).

Sobrevivientes de la dictadura recordaron, primero ante la CONADEP y luego en el juicio oral que concluyó en condena en 2010, la ferocidad y crueldad con que “interrogaba” a las víctimas.

La Sala Cuarta de la Casación, con las firmas de los jueces Juan Carlos Gemignani y Gustavo Hornos, anuló un fallo del Tribunal Oral Federal número seis, que había rechazado la prisión domiciliaria pedida por la defensora oficial Ximena Figueroa, quien consideró que “el cuadro de salud que presenta su asistido será atendido en mejores condiciones en un contexto familiar con instalaciones y cuidados propias de la detención domiciliaria”.

Rosa fue condenado junto con otros represores dolorosamente conocidos: Raúl Guglielminetti, Julio “el Turco Julián” Simón, Samuel Miara, Juan Antonio “Colores” Del Cerro. Entre sus víctimas figura Lucila Adela Revora, la madre del diputado nacional por el Frente para la Victoria Eduardo “Wado” De Pedro.

Rosa tenía como seudónimo “Clavel”. En el juicio a los comandantes de la última dictadura, Mónica Evelina Brul de Guillén, recordó las circunstancias en que fue secuestrada por “Clavel”: el 7 de diciembre de 1978, en la entonces calle Cangallo casi Pasteur, fue subida a un automóvil cuando caminaba con su bebé de ocho meses en brazos. Integraba “Cristianos para la Liberación”, una organización solidaria que trabajaba en ayuda de los sectores más pobres de la sociedad. Fue llevada al centro clandestino El Olimpo; “Clavel” la llevó ante “El Turco Julián”, quien ordenó iniciar de inmediato la tortura: “a la máquina”. Le advirtieron que el trayecto la mujer había advertido que estaba embarazada, pero la orden de torturar no varió. “Va a aguantar… y además, viólenla”. En realidad, el término utilizado fue otro.

Los torturadores cumplieron. Y se ensañaron por tres razones: no lloraba con la picana, era judía, y además, ciega.

La Cámara de Casación le concedió la prisión domiciliaria a Rosa, ex alias “Clavel”, porque ya perdió el 81 por ciento de la visión de ambos ojos. “El componente medular de la enfermedad de glaucoma sobre el órgano de la visión, resulta ser el estrés producto de las múltiples intervenciones médicas” que recibe en la cárcel, sostiene el fallo que mandó al represor a su casa.
Rosa tuvo otros dos episodios por los que, ya en democracia, quedó expuesto. Uno de ellos, queda dicho, fue la relación con Oyarbide y con el empresario teatral Luciano Garbellano, cuando ambos aparecían sospechados por su vinculación con el prostíbulo masculino Spartacus. El otro fue un extraño “accidente” que ocurrió en su despacho del Departamento Central de la Policía Federal el 4 de enero de 1995. Rosa estaba reunido con el padre de una beba que reclamaba su devolución, después de que hubiera sido encontrada en poder de dos prostitutas. Estaban solos y de repente un disparo del arma reglamentaria del policía atravesó el pulmón de su interlocutor. Hubo una causa penal en la que la propia víctima reconoció que se había tratado de un accidente y el comisario fue sobreseído.

Pero el Estado Nacional terminó condenado en un juicio civil a indemnizar económicamente a la víctima.

Juicio ABO: “Nos condenaron al duelo eterno”

por María Eugenia Ludueña · 07/11/2016
Tres testigas del juicio por los delitos en El Atlético -Ana María Careaga, Silvia Fontana e Irma Medina- reclamaron con dureza a los jueces del Tribunal Oral Criminal Federal 2 por la ausencia de los imputados en la sala. Hace pocos días, la única vez que asistieron, Fontana había reconocido a dos de ellos como los hombres que estuvieron en su casa y se llevaron a su hermana.

irma medina

Mientras en la puerta de Comodoro Py se amontonaban decenas de periodistas y móviles de radio y televisión detrás de Lázaro Báez, en una sala del subsuelo donde no cabía más público, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 2 escuchaba los testimonios de tres mujeres. Fue en la audiencia del miércoles 2 de noviembre del juicio que investiga delitos en tres centros clandestinos de detención, tortura y exterminio: El Atlético, Banco y Olimpo (ABO). Ana María Careaga es una sobreviviente del primero. Silvia Fontana, testigo del secuestro de su hermana Liliana, vista ahí. Irma Liliana Medina declaraba por primera vez por el caso de su hermano Raúl, un médico de 24 años secuestrado en Niceto Vega y Juan B. Justo el 2 de marzo de 1977. En la enfermería de El Atlético era obligado a ejercer trabajo esclavo.

Si los testimonios que estremecieron a los presentes -familiares, organismos, estudiantes de la maestría de Comunicación y Derechos Humanos de la UNLP- hubieran sido televisados, su impacto podría ser poderoso. Además de aportar datos y detalles inenarrables de cómo se perpetró el terrorismo de Estado, esas mujeres expresaron a un linaje de madres, abuelas, hermanas, tías e hijas capaces de  ponerle palabras y cara a lo indecible. De mirar a los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Alberto Tassara y reclamar ¿por qué eximieron a los imputados de asistir a las audiencias y escuchar sus relatos? ¿por qué se las privó de esta oportunidad de mirarlos a los ojos por primera vez? Cuando cada una de ellas terminó su relato, el público las aplaudió de pie.

Que se haga justicia

Ana María Careaga declaró varias veces en otros procesos. Su cara, enmarcada en un pelo negro, lacio y largo, refleja cierto espíritu de esa jovialidad que intentaron arrasar. 

– ¿Tiene algún interés personal en la causa? – le preguntó el presidente del tribunal.

– Que se haga justicia.

“Fui secuestrada el 13 de junio de 1977 en Juan B. Justo y Corrientes. Tenía 16 años y un embarazo de tres meses, me había casado en abril”. De ahí la llevaron a El Atlético, en Paseo Colón entre Cochabamba y San Juan. Allí funcionaba una oficina de la Policía Federal; y en el subsuelo, un centro clandestino. “Al llegar, me quitaron las pertenencias y me tiraron baldazos de agua helada. Me tapé la cara, me apoyaron las botas en las muñecas para que no pudiera defenderme. Vi ropa de fajina azul. Me acostaron en una mesa de metal con las piernas abiertas y me aplicaron picana eléctrica. Quería morirme, la única forma de salir”.

Los torturadores le repetían: “Sabemos que te querés morir, pero te vamos a mantener viva para torturarte. Tenemos todo el tiempo del mundo. Nadie sabe dónde estás”. “Me arrojaban nafta y querosén en los ojos y genitales. Me quemaban con cigarrillos, me ponían una bolsa de plástico en la cabeza. Yo trataba de contener el aire. Creyeron que hacía yoga, me dieron unas pastillas de coramina para el corazón, hasta que tuve convulsiones!”.

El testimonio de Careaga citó a varias personas con las que compartió el cautiverio durante los cuatro meses que pasó con los ojos vendados y los pies con cadenas, hasta su liberación. La mayoría está desaparecida. Como Gerónimo, el médico forzado por sus captores a atender a las víctimas. Careaga contó que la asistió en la enfermería y la operó del tímpano (destrozado en la tortura). Él la instaba a mirar un rayo de luz a través de una ventanita que daba a la calle. “Veíamos las sombras de las personas o camiones que pasaban. Era un contraste tremendo. Tan cerca de la civilización, tan lejos de nuestros seres queridos”. Recordó que Gerónimo tuvo una relación con una mujer a la que obligaban a trabajar de enfermera, Laura Graciela Pérez Rey. Ella quedó embarazada. Nunca más se supo de ellos ni del hijo.

Ana Maria Careaga

“Un lugar de mi cuerpo al que no habían podido llegar”

“Todo era una tortura permanente, la pérdida de la identidad, de la condición humana”. Un día, sintió los movimientos del bebé en su panza. Fue la única vez que lloró en El Atlético. “Había un lugar de mi cuerpo al que no habían podido llegar. El bebé había sobrevivido”. Era una paradoja: haber estado embarazada, dijo Careaga, era para ella una suerte de privilegio: “hablaba todo el tiempo con la panza, le decía poesías”. Sentada en la primera fila del público, la hija escuchaba el testimonio de su madre agarrándose la cara entre las manos.

Habló de los pequeños gestos de resistencia entre las personas cautivas: de una mano que se apretaba sobre el hombro cuando los hacían ponerse en fila, de un compañero que tenía a su mujer embarazada y secuestrada, y le pedía sentir los movimientos del bebé. Habló del hambre de Leila, una compañera a la que se le marcaban las costillas, y que para pasar el tiempo decía “voy a hacer recetas de cocina”. En charlas de celda a celda, Ana María y Leila fantaseaban: ¿qué harían si salieran en libertad? “Iría a Rosario a la casa de mi mamá, me metería en la cama y le pediría que me preparara un té con galletitas”, le dijo Leila, hasta hoy desaparecida.

El ensañamiento con los judíos

En El Atlético con los judíos se ensañaban de manera especial. Una vez escuchó al subcomisario Samuel Miara (apropiador de los mellizos Reggiardo Tolosa) tratar como un perro a un joven. Lo obligaba a ladrar y le ordenaba: “mové la cola, dame la patita”.

Describió los “traslados”: se hacían una vez por mes, se leía una lista donde se identificaban por letras y números. “Yo no sabía la connotación del término “traslado”. En ese momento, nos decían que los llevaban a una granja. Todos querían irse”. La fiscal Gabriela Sosti le preguntó cuántas personas habían pasado por eso. “Calculo serían entre 15 y 20 en mi sector. Pero había otra área de celdas. El lugar quedaba prácticamente vacío, hasta que lo volvían a llenar”. 

Cuando su embarazo fue evidente, los represores se enfurecieron: “hija de puta, ¿cómo no nos dijiste? ¿querés que te abramos de piernas y te lo hagamos abortar acá?”. Un día que estaba llena de piojos le ordenaron a una compañera, la Negrita Marta, que le cortara el pelo. “Me llevó al baño, me puso frente a un espejo. Me miré y no me reconocí. Nunca en la vida voy a olvidarme esa sensación: estar frente a lo más familiar y lo más ajeno”.

Recordó que cada tanto, ella y Liliana Fontana -otra embarazada- podían caminar con los ojos vendados por el pasillo. Los represores se burlaban: “¿Están mirando vidrieras para comprarle el ajuar a sus bebés?”.

Se estima que por El Atlético pasaron entre 1500 y 1800 personas. En la audiencia, la testigo utilizó una reconstrucción en 3D para situar los hechos, parte de un trabajo interdisciplinario que realizó desde el Instituto Espacio para la Memoria (IEM) y con la carrera de Diseño de Imagen y Sonido de la UBA, a partir de testimonios y del hallazgos a partir de excavaciones, ya que el lugar fue demolido para construir la autopista. La reconstrucción incluye también los audios con los discursos de Hitler que los represores ponían a todo volumen, y la mesa donde jugaban ping pong y el golpeteo de la pelotita se fundía de manera siniestra con los gritos de la tortura.

La desaparición de una Madre fundadora

Apenas la liberaron, Ana María volvió unos días con sus padres. Su mamá, Esther Balestrino, era una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo. Ana María cruzó a Brasil y después se exilió en Suecia. Allí, el 11 de diciembre de 1977 nació su hija. Cuando llamó a sus padres para contarles, recibió otra noticia: días antes, en la Iglesia de la Santa Cruz, habían sido secuestradas tres madres fundadoras, entre ellas, la suya (junto a Azucena Villaflor y María Ponce, y a las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet). Los restos fueron identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense en 2005. 

Cerró su testimonio con una carta que le escribió su madre días antes de su desaparición forzada: “Una cosa no debes olvidar: en los seres con ideales y fe en la humanidad, estos dolores fortalecen”.

Una testigo reconoció a los captores de su hermana

Antes de empezar a contar cómo fue el secuestro de su hermana, Silvia Fontana miró grave a los jueces:

– Me llama la atención que no estén presentes los imputados.

– Es un tema resuelto- le respondió el juez. 

– Entiendo que está resuelto. Quiero dejar en claro mi derecho a que estén, a mirarlos a la cara. Ustedes tomaron una decisión que a los familiares nos pone mal. Esperamos casi 40 años para estar acá sentados.

Se hizo un silencio. Silvia -que tenía 17 cuando se llevaron a su hermana y participó desde los inicios de Familiares de Detenidos-Desaparecidos por razones políticas- siguió: 

– Quiero contar que el día que empezó este juicio, el 20 de septiembre, estuve acá sentada con la foto de mi hermana. Cuando comenzaron a entrar los imputados, mi cuerpo se estremeció cuando vi a las dos personas que vinieron a mi casa el día que se llevaron a Liliana. Uno, un señor alto, y otro, un morocho más bajito. Siempre los señalé en mis relatos. Uno de ellos hizo un gesto y supe que era él. La persona de la que siempre hablé estaba en la sala. En el primer tramo de ABO vi muchas fotos de represores, pero dije: acá no están. Ahora es distinto: no tengo dudas, eran ellos. Sé con certeza absoluta que uno de ellos es el que me alcanzó un vaso de agua. Y encima ese día nos hicieron burla cuando se estaban por retirar.

La fiscal Sosti le sugirió ubicara a esas personas en el relato. Fontana contó: el 30 de junio de 1977, el operativo había empezado en casa del marido de su hermana, Pedro Sandoval. Pero Liliana -embarazada de dos meses y medio- y él se habían quedado a dormir en el hogar de los Fontana, en Caseros (Tres de Febrero). Los represores no encontraron a Pedro en la casa de los Sandoval pero se llevaron a su hermano, Juan Carlos (nadie lo vio en un centro clandestino de detención, continúa desaparecido).

“El 1 de julio sentimos un golpe fuerte en la puerta. Un civil nos gritó que nos metieramos para adentro, llevaban armas cortas y largas”, recordó Silvia. “Nos metieron a todos en la habitación de mis padres. Lo llevan a Pedro a la mía. Yo había pasado meses en cama, enferma, me puse a llorar. Mi hermana me pedía que me calmara y les rogaba no me hicieran nada. Pidió que me trajeran un vaso de agua. Una de esas personas que yo ví acá estaba disfrazada con peluca y bigotes, me acercó el vaso y dijo: “quedate tranquila, con vos no es”.

Cuando se lo llevaban a Pedro, Liliana preguntó: “¿lo puedo despedir?”. Los represores quisieron saber quién era. Les dijo: “la mujer”. Uno de los hombres salió, consultó algo, volvió y dijo: que venga. “Antes de cruzar la puerta, mi hermana miró a mi mamá, le sonrió. Miró a mi papá, le sonrió. Me miró a mí, me sonrió. Tengo miedo de que algún día se me borre esa imagen. Esa sonrisa me alentó todos estos años. Ese día empezó otra etapa de nuestras vidas”.

Silvia Fontana

“La ausencia de los imputados es un privilegio”

Ante la ausencia de imputados, Fontana debió repasar una carpeta con fotos en blanco y negro. Eligió dos. Después, el secretario del tribunal leyó cuáles eran los nombres de esas caras: Héctor Horacio Marc (ayudante de 5ª del Servicio Penitenciario Federal) y Juan Carlos Mario Chacra (ayudante del Cuerpo de Informaciones de Policía Federal).

“La ausencia de los imputados es algo que está pasando. Provoca a las víctimas y familiares una decepción enorme. Es parte del abordaje procesal. Verles las caras puede ser parte de la reparación, pero también es derecho a la publicidad de los actos de gobierno que el tribunal vedó”, dijo a Cosecha Roja la fiscal Gabriela Sosti. “No es cierto que el código lo autoriza, sino que crea un privilegio injustificado”.

“Sin los sobrevivientes no podríamos estar acá”

Silvia y su familia recién tuvieron noticias de Liliana y Pedro en 1979. Uno de los hermanos Fontana mostró fotos de ellos en una conferencia de Amnistía Internacional. Así empezó el contacto con sobrevivientes que los habían visto en El Atlético, donde los conocían como Paty y Erico. “Sin los sobrevivientes no podríamos estar acá, sin ellos no habría juicios”, valoró Fontana.

“Nos contaron que Lili era K34y Erico K33. Que cada vez que a mi hermana la llamaban para torturarla, le ordenaban que dijera su código. Ella decía: “me llamo Liliana Fontana” y recibía una golpiza. Pedro escuchaba la tortura y les pedía que tuvieran cuidado con su hijo. Ese hijo es la vida después de la muerte”, dijo Silvia. Sobrevivientes de El Atlético contaron que el Turco Julián la llevó a parir a la ESMA y al volver comentó: “La rubita tuvo un varón”. El bebé fue apropiado por un agente de inteligencia de la Gendarmería, Víctor Rei.

“Mi madre se sumó a Abuelas. Hace poco cumplió 85 años. De ser almacenera pasó a ser una luchadora buscando a su hija y a su nieto. En 2006, las Abuelas y la familia, después de 28 años, lo encontramos. Fue encontrar un pedazo de ellos”, dijo Silvia. Pedro Sandoval Fontana, el hijo de Liliana y Pedro, escuchaba a su tía sentado entre el público. Fue el primero en abrazarla fuerte al terminar el testimonio.

Silvia también le habló a los defensores: “El viernes falleció mi papá, pero no quise posponer esta declaración: es un homenaje a ese entrerriano camionero que no pudo sobrellevar el secuestro de su hija, que hizo miles de kilómetros, viajó a cada lugar donde le decían que había una chica rubia, como mi hermana. Hace unos días, lo besé, lo despedí, le prometí que seguiría buscando, lo llevé al cementerio. Quiero señalar la tremenda diferencia que existe de despedirse en paz. De mi hermana no tenemos cuerpo. Les digo a los defensores, para que le transmitan a esas personas: mi padre se fue en paz. Ellos no podrán jamás, su conciencia no los va a dejar”.

“Nos condenaron al duelo eterno”

Irma Medina declaró por primera vez en el caso de su hermano Raúl Medina. Los sobrevivientes lo recordaron en El Atlético como el médico al que obligaban a trabajar: Gerónimo.

Irma narró la historia de su familia y repasó la situación política del país desde el año en que nació su hermano, 1953. Los dos estudiaban Medicina en la UBA y militaban en la Juventud Universitaria Peronista. Él se recibió en junio de 1976. Después de vivir en pensiones y hoteles, porque su familia era del Chaco, habían conseguido ahorrar para alquilar un departamento juntos. Habían quedado en encontrarse para la mudanza, pero él nunca llegó. Poco después, su hermana recibió una llamada: “La voz de un compañero me dijo la peor frase de mi vida: Flaca, lo levantaron”.

Irma recorrió muchas veces la calle Niceto Vega para encontrar testigos. “Nos contaron que un camión del ejército se lo había llevado”. Tiempo después recibió una misteriosa visita: la mujer de un pastor evangélico le contó que su marido había estado con él en un centro y lo habían torturado mucho. A través de sobrevivientes, supo en 1979 que ese lugar era El Atlético. También le contaron que tuvo una relación con otra secuestrada a la que también obligaban a trabajar en la enfermería. Ella quedó embarazada de Gerónimo. Irma sigue buscando a los tres. En los primeros listados, llegó a ver el nombre de su hermano junto a una palabra: “traslado”. Se ilusionó. Después supo del eufemismo.

La fiscalía y las querellas (la Secretaría de DDHH de la Nación, Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), y Justicia Ya!) plantearon instancias para contar cómo eran las víctimas. Cuando le preguntaron sobre su hermano, Irma lo definió: “Era un representante de esa época”. También se pidió que las fotos de las víctimas fueran exhibidas en las pantallas.  

La hermana contó que junto a su madre (falleció después de una depresión) iniciaron muchos trámites hasta llegar a este juicio. “En cada uno había que presentar el DNI y la cara. Y acá estoy. Cuando pedí ser querellante, creí que llegaría el día de verles la cara a los perpetradores. Quería que escucharan el dolor que nos causaron, con la expectativa de que quizás eso, algo, los haga torcer el silencio. Este tribunal tomó otras medidas. Revean sus decisiones… 39 años y ocho meses es mucho tiempo. En este tiempo, los imputados han tenido una vida; en cambio, a nosotros, nos han condenado al duelo eterno”. 

El juicio por los crímenes cometidos en Atlético,Banco y El Olimpo

Los acusados están incómodos
Los jueces resolvieron que un militar no sea juzgado por el delito de homicidio. Los defensores plantearon al tribunal que se les permita a los represores no concurrir a las audiencias porque les resultaba incómodo el viaje a Comodoro Py.

Por Alejandra Dandan
Este es el tercer juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en Atlético, Banco y Olimpo (ABO).
Imagen: Rafael Yohai.

Miguel D´Agostino quería mirarle la cara a los jueces. Ver que lo vieran. Los integrantes del Tribunal Oral Federal 2 iban a decidir la suerte de uno de los nueve acusados del juicio, el único ex miembro del Ejército, Alfredo “Cacho” Feito. Su defensa había pedido que lo aparten del juicio. D’Agostino quería estar ahí para escuchar a los jueces. Más allá de todo lo que podían decir fiscales, querellas y defensas, dijo, “quiero que me vean”. “Que sepan que los que estamos esperando la respuesta somos nosotros, los testigos”, de los tres campos de concentración, aquellos organizados secuencialmente en Atlético, Banco y Olimpo.

El presidente del Tribunal aceptó.

–Está bien, los testigos que hablarán durante el juicio –explicó Rodrigo Giménez Uriburu– pueden quedarse en la sala hasta que se resuelva el planteo, pero después haremos un cuarto intermedio y luego se van. Allí era el momento del comienzo formal del juicio: las declaraciones indagatorias de los acusados.

Miércoles 28. 9 am. La sala de Comodoro Py. La hora prevista de la audiencia destinada a Feito. Nada. 9.30. La sala vacía. 10. Lo mismo. Varios pisos más arriba, D´Agostino se acercó a la ventanilla del tribunal. ¿Cuánto más será la demora? Quienes se iban acercando comenzaron a saber, así, que gran parte de los detenidos siguen en el penal de Marcos Paz. Al parecer, el único vehículo del Servicio Penitenciario Federal encargado de los traslados de los acusados por crímenes de lesa humanidad había salido a buscarlos a las ¡seis de la mañana! pero todavía no había llegado.

Las 11. Comenzó la audiencia. Giménez Uriburu leyó la resolución esperada. Feito fue condenado a 18 años de prisión en junio de 2012 durante el juicio ABO II. Llegó a este nuevo juicio acusado por el homicidio de Santiago Bernardo Villanueva y nueve secuestros y tormentos. Su defensa pidió sobreseimientos para todos los casos al entender que ya fue juzgado.

Durante el juicio pasado, la fiscalía reiteró lo que viene pidiendo hace años: que en los casos en los que existen pruebas de homicidios, los perpetradores sean condenados de modo integral. En aquel momento, el tribunal dijo que no. Que como Feito había sido acusado sólo por secuestro y torturas, no podía ser condenado por homicidio. Separó la acusación por homicidio y volvió a mandarla a la instrucción para que sea investigada de nuevo y por separado, en un circulo que toma en cuenta garantías jurídicas pero que a la vez se vuelve un inacabable dilema para la elaboración de pruebas y búsqueda de justicia, no sólo para las víctimas, sobrevivientes sino para los propios acusados. El juzgado de Daniel Rafecas finalmente le imputó el homicidio para este juicio. Entendió que los hechos quedaban re–significados por la lógica jurídica. Una vez comenzado el juicio los defensores de Feito se opusieron.

“Hemos decidido rechazar los cargos de homicidio”, dijo Giménez Uriburu en la audiencia, sin quitar la vista del escrito. D´Agostino lo miraba desde una silla varios metros atrás. “No se han encontrado elementos nuevos que modifiquen los hechos que ya fueron juzgados –explicó el juez–. Se trata al homicidio como un hecho independiente cuando en realidad no hay elementos que modifique los acontecimientos históricos”. Inmediatamente pasó a la segunda respuesta: los planteos por las nuevas acusaciones de secuestros.

Los defensores habían dicho que como ya había sido juzgado por su participación en el engranaje represivo, entonces ya había sido juzgado por cualquier delito cometido en ese marco. Los jueces, esta vez, dijeron que no. “Se trata de bienes jurídicos distintos, personas distintas, víctimas distintas, que no formaron parte de casos atribuidos con anterioridad”. Feito seguirá en juicio.

–Me gustaría explicar que como se vio hoy, este será un juicio extenso, con jornadas de varias horas y producción de prueba –señaló uno de los defensores antes de que se ordenara el cuarto intermedio–. Nuestros asistidos, para llegar a tiempo, se levantan a las tres o cuatro de la mañana, si todo sale bien, los llevan a Devoto desde donde los redistribuyen para los traslados: hoy debían haber llegado a las nueve. Hacen ese viaje esposados hasta …

–¡Y si! –dijo alguien en la sala, en un diálogo que probablemente sólo oían los familiares y supervivientes y testigos sentados detrás.

–Esperan en la alcaldía de este edifico, los martes, especialmente, permanecen más horas..

–¿Y? –volvió a escucharse.

El defensor dijo que otros tribunales permiten a los acusados no estar en las salas de audiencias, escuchen los debates en sus lugares de detención. También dijo que sabe que están presentando escritos en el ministerio de Justicia por las condiciones de detención. Habeas corpus, explicó.

La fiscal Gabriela Sosti salió rápido a decir lo que tenía que decir: “Los imputados deben asistir al debate. Lo único que la ley prevé es que estén en la sala contigua a disposición. La presencia de ellos en la sala es importante porque permite pensar en situaciones espontáneas”. Recordó que el mismo tribunal vedó la posibilidad de que los reporteros les tomen fotografías por si iban a ser sometidos a reconocimientos. Y citó un escrito del propio presidente del tribunal, en el juicio por la tragedia de Once, en el que considera indispensable la presencia “ininterrumpida de los acusados durante todo el debate como garantía máxima” de una ley que no admite interpretaciones. Giménez Uriburu dijo en esa oportunidad que sin esas presencias un juicio se trasforma en un juicio en ausencia, violando el principio de publicidad.

–Y en cuanto a lo que dicen de la incomodidad, con todo el respeto, digo que es insostenible –agregó la fiscal–. Pretenden habilitar un privilegio que la ley no habilita. Esto es un juicio oral, y esa incomodidad existe para todas las partes.

¿Será que el Tribunal les permitirá ver los juicios por video conferencia como si se tratara del Mundial? Todos los querellas adhirieron a los fundamentos de la fiscal. Alguna abrió la alternativa de la video conferencia, pero no para los que tienen domiciliarias. Los acusados finalmente no declararon. La próxima audiencia será el miércoles 6 de octubre.