Condenados sólo 2 policías por un total de 181 casos

Penas de 18 y 25 años para dos represores de los CCD Atlético, Banco y Olimpo
Antes prófugos, ahora condenados

Los represores se encontraban prófugos cuando en 2009 se realizó el primer juicio por el circuito ABO. Ahora se aplicaron las reglas fijadas por la Cámara de Casación para acortar los tiempos de los procesos vinculados con el terrorismo de Estado.

 Por Ailín Bullentini

Otros dos represores fueron condenados ayer por el Tribunal Oral Federal Nº2 por crímenes de lesa humanidad cometidos en el circuito de centros clandestinos del Primer Cuerpo del Ejército Atlético, Banco y Olimpo. Pedro Santiago Godoy y Alfredo Omar Feito se encontraban prófugos cuando en 2009 se llevó a cabo el primer juicio por el circuito ABO, como es conocido este conjunto de escenarios donde el terrorismo se hizo carne. Pese a que el ex policía Feito insistió, en sus últimas palabras en el marco del juicio, en negar su participación en los crímenes cometidos durante la última dictadura, el tribunal lo penó con 18 años de prisión por 15 casos de privación ilegítima de la libertad con aplicación de tormentos. La condena para Godoy fue de 25 años, por 152 casos.

“Más allá de las diferencias en las condenas solicitadas por las querellas y la habilitación a la continuidad de la prisión domiciliaria que está cumpliendo Godoy hasta que la sentencia quede firme, consideramos que la sentencia fue positiva porque se definieron los delitos como de lesa humanidad y porque las penas son muy altas”, analizó en diálogo con este diario Carlos Pisoni, hijo de dos de las más de cien víctimas que pasaron por alguno de los centros clandestinos que conforman el circuito ABO y militante de H.I.J.O.S.

El presidente del TOF Nº 2, Jorge Tassara, leyó ayer al mediodía la sentencia a la que llegó junto con los otros dos integrantes del tribunal, Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu, en el marco del juicio conocido como “ABO Bis”, el primero en el que efectivamente se aplicaron las reglas fijadas por la Cámara de Casación que apuntó a acelerar los tiempos de los juicios vinculados con el terrorismo de Estado. En este caso, se desestimó a algunos testigos, se introdujeron declaraciones de otros mediante lectura y se realizaron más audiencias por semana.

Poco más de una hora antes, uno de los acusados accedió a la posibilidad siempre presente de decir unas “últimas palabras”. Feito negó todo lo que se atribuyó: dijo que “jamás” secuestró ni torturó y que sus familiares saben que fue un soldado “valiente y honrado”.

Con aplausos dentro y fuera del edificio de los tribunales de Comodoro Py, militantes de derechos humanos, familiares y amigos de las víctimas recibieron el veredicto del TOF Nº2. “Privación ilegal de la libertad agravada por la condición de funcionario público” y “mediar violencia” y “amenazas” con “imposición de tormentos” fue la figura penal que se les aplicó a ambos condenados.

De las 181 víctimas cuyas vejaciones fueron tenidas en cuenta, los jueces consideraron que Godoy, alias Calculín, participó en 152 casos, mientras que Feito, conocido como Cacho, tuvo responsabilidad en 15. De allí, la diferencia en las penas a uno y otro. Además, el TOF Nº2 determinó que Godoy, de 72 años, continúe gozando del beneficio de prisión domiciliaria hasta que quede firme la sentencia.

Pisoni remarcó que la organización que integra y el resto de las agrupaciones de derechos humanos que estuvieron presentes en la sentencia y que participaron del juicio –Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, Familiares de Detenidos Desaparecidos por Razones Políticas– entendieron como positiva la sentencia debido a que las condenas son altas. Pero definió como necesario el hecho de que “todo el poder judicial entienda que los culpables de delitos de lesa humanidad no deben tener privilegios de los que un acusado de delitos comunes no goza. Godoy debería haber ido a parar a cárcel común”. En ese sentido, el hijo de Rolando Pisoni e Irene Bellocchio, dos de los cientos de presos clandestinos de Atlético y que aún continúan desaparecidos, denunció que “todavía quedan muchos represores en sus casas”.

El juicio en el que fueron declarados culpables podría entenderse como la continuación de aquel juicio que analizó los delitos cometidos a 182 personas que estuvieron detenidas ilegalmente en el Atlético, Banco u Olimpo, o en más de uno de esos centros clandestinos, y en el que fueron condenados 12 represores a prisión perpetua, cuatro a 25 años de prisión y uno, el ex policía federal Juan Carlos Falcón, absuelto.

Veredicto Jucio ABO - 8/6 a las 12 hs.

Un represor se suicida tras ser imputado por crímenes de lesa humanidad

El expolicía Miguel Ángel Junco fue acusado de secuestros, torturas y asesinatos cometidos en tres centros clandestinos de detención de la dictadura militar

Un expolicía argentino que estaba prófugo se arrojó a las vías del tren en Buenos Aires, luego de que la Justicia le imputara por delitos de lesa humanidad cometidos en la última dictadura militar, informaron hoy fuentes judiciales. El exsuboficial auxiliar de la Policía Federal Miguel Ángel Junco, alias Ratón, se suicidó dos días después de que la policía fuera a buscarle a su casa y su esposa dijera que su marido había ido a visitar unos familiares, según las mismas fuentes.

Los policías le buscaban para conducirle a los juzgados, donde debía ser interrogado por el juez Daniel Rafecas, quien le acusaba de secuestros, torturas y asesinatos cometidos en tres centros clandestinos de detención de la última dictadura militar argentina (1976-1983). Antes de que los investigadores le encontraran, Junco se arrojó a las vías de la estación porteña de Flores cuando un tren se acercaba a los andenes y murió en el acto.

"Avisen a mi esposa al domicilio Zelarrayan 531, 3 A", rezaba una nota hallada entre las vestimentas del exefectivo de Coordinación Federal, acusado de actuar en las cárceles clandestinas Atlético, Banco y Olimpo. Sobrevivientes de estos centros reconocieron al expolicía como miembro de grupos de tareas encargados de secuestros y torturas en perjuicio de centenares de víctimas del régimen.
La Coordinadora, un órgano policial de represión

Las víctimas de los crímenes de la represión también acusaron a otros antiguos integrantes de la Coordinadora, un órgano policial que ocupó un lugar central en la política de represión desplegada en Buenos Aires durante la dictadura. Entre ellos están detenidos Carlos Lorenzatti, alias Gato viejo, y Juan Carlos Chacra, conocido como Paco, mientras que tanto sus compañeros Gerardo Arraes y Miguel Britos siguen prófugos.

"Es la primera vez que ocurre esto en una causa que lleva siete años de tramitación, con más de un centenar y medio de detenidos", varios de los cuales ya fueron condenados por la Justicia, señalaron testigos al enterarse del suicidio de Junco, según la agencia oficial Télam. La investigación de Rafecas es una de las causas que se reabrieron en Argentina tras la derogación de las "leyes del perdón", en 2003, que libraron de responsabilidad a más de un millar de represores y que en 2005 también fueron declaradas nulas por la Corte Suprema.

Actualmente, son 281 los represores condenados y 785 los procesados a la espera de juicio oral por delitos cometidos durante la dictadura, en la que, según organismos de derechos humanos, desaparecieron unas 30.000 personas.
Suicidios de otros represores

Junco no es el primer represor argentino que prefiere matarse antes de sentarse en el banquillo. En 2009, se conocieron los suicidios del excapitán Alfredo Marcó, acusado de torturas y asesinato, y del ex subcomisario Segundo Garro, que se quitó la vida después de que un tribunal ordenara investigarle por crímenes de lesa humanidad.

En diciembre de 2007 fue hallado muerto el exprefecto Héctor Febres, envenenado con cianuro en una delegación de Prefectura Naval donde esperaba veredicto por un juicio por crímenes cometidos en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA), la mayor cárcel de la dictadura. Organizaciones de Derechos Humanos expresaron entonces sus sospechas sobre el posible asesinato del represor.

El cuerpo del delito

La Fiscalía pedirá que se acuse a represores por 31 homicidios.
A pesar de que la mayoría de las víctimas siguen desaparecidas, los fiscales plantearán, en base a documentos públicos y testimonios, que está probado que fueron asesinadas. De esta forma las penas para los acusados serían más graves.

 Por Alejandra Dandan

En los juicios en los que se investigan delitos de lesa humanidad, los fiscales y las querellas intentan todos los días avanzar un paso más. Esta vez, en la segunda parte del juicio por los crímenes del circuito Atlético-Banco-Olimpo (ABO) la materialidad del cuerpo de los desa-parecidos vuelve a ponerse en juego. La fiscalía federal de Alejandro Alagia acaba de pedirles a los jueces lo que técnicamente se llama “ampliación” por el delito de “homicidio” por 31 víctimas para los dos acusados del juicio. Si el pedido prospera, las víctimas pasarán de ser consideradas “desaparecidas” a ser declaradas jurídicamente “asesinadas”. Entre ellos hay dos grupos: cinco víctimas cuyos cuerpos fueron identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense, es decir pruebas con un “cuerpo real”. Y 26 víctimas distintas entre las que reside la novedad: las pruebas no se construyeron en base a los cuerpos físicos porque permanecen desaparecidos, sino sobre actas del Estado y testimonios que construyen lo que se llama “el cuerpo del delito”. Es la primera vez que una fiscalía avanza en la reconstrucción del homicidio sin cuerpos por un número tan importante de víctimas. Los efectos podrían alentar lecturas similares en otras causas.

El pedido de Alagia no es el primero, pero es numéricamente el más importante. La diferencia, desde el punto de vista del “relato jurídico”, es que un homicidio habilita condenas a prisión perpetua. En el último tiempo, el tribunal que juzgó a los represores de la ESMA siguió un camino semejante en el caso de Rodolfo Walsh. Sin su cuerpo –y entonces sin la prueba física del crimen–, el debate oral reconstruyó sus últimos momentos: seis represores que al comienzo estaban acusados sólo por su privación ilegal de la libertad y tormentos terminaron el juicio condenados además por el asesinato.

En ese momento, el presidente del Tribunal Oral Federal 5 explicó algo que parece una obviedad, pero no lo es tanto: dijo que una cosa “es el cuerpo del finado” y otra “el cuerpo del delito” y por eso la Justicia no necesita el cuerpo físico para probar un crimen, sino la reconstrucción del asesinato. Pese a que se supone que esto es verdad de perogrullo, las acusaciones por homicidios en las causas por delitos de lesa humanidad no suelen prosperar, y si lo hacen, sólo es cuando hay cuerpos recuperados e identificados. Como alguna vez dijo el propio Alagia: “En el país de los desaparecidos, ése es un verdadero dilema estructural”.
El cuerpo del delito

Para avanzar con el pedido, la fiscalía recorrió un camino largo como en un tablero de ajedrez. Antes del juicio oral, pidió a distintos organismos del Estado certificados de defunción o resoluciones similares sobre los desa-parecidos de las 181 víctimas del juicio. Del total recibido, separó 26 resoluciones. Una es la de Marcelo Miguel Angel Butti Arana, que sirve como ejemplo para el resto. Marcelo Miguel Angel fue secuestrado el 16 de marzo de 1977, está desaparecido, pero desde el 7 de abril de 1997 el Juzgado Nacional de Primera Instancia Nº 60 resolvió su “ausencia por desaparición forzada”. A ojos de la fiscalía, el documento señala que una institución del Estado en algún momento declaró su muerte.

La etapa oral empezó así, con esos papeles en mano. En el debate, el equipo de fiscales del que forman parte Gabriela Sosti y Cesar Garagna reforzaron la prueba con otras dos líneas: relatos de testigos que situaron a las 26 víctimas en alguno de los centros clandestinos del circuito. Y testimonios sobre el momento en el que los sobrevivientes supieron que esas personas fueron incorporadas al sistema de “traslados”. Esa es otra clave del debate: a través de distintas preguntas, los fiscales reconstruyeron la arquitectura de los “traslados”, sus procedimientos, rutinas y condiciones subjetivas y objetivas vividas por sobrevivientes y por quienes partían. De esa manera, en el juicio se escuchó cómo el traslado se asociaba al momento de la ejecución. En una línea que, como un juego de encastres, genera un hilo conductor entre el secuestro y los tormentos, pero también entre el “traslado” y el “homicidio”, como tramos de un único “plan criminal”.

“La prueba nueva producida en este debate en relación con los ‘traslados al destino final’ permite tener seguridad para establecer que los secuestros de personas en campos de concentración constituían el comienzo de ejecución de homicidios masivos de prisioneros que se realizaban mediante procedimientos específicos de traslados, que modificaban la rutina concentracionaria”, dice el escrito de la fiscalía. “De allí que puede hablarse en el inicio del secuestro de un ‘blanco’ del comienzo de ejecución de un plan homicida o de aniquilamiento en el lenguaje de las órdenes secretas de militares. Por ello, si el prisionero era liberado o legalizada su detención, ocurría un verdadero desistimiento del homicidio.”
Los jueces

El juicio tiene dos procesados: el ex policía Pedro Santiago Godoy y el ex militar Alfredo Omar Feito, acusados por secuestros y tormentos. Los fiscales le pidieron al Tribunal Oral Federal 2 que la indagatoria sea por el homicidio de 31 víctimas. Pero, ¿es posible?

El debate oral se hace después de una etapa de instrucción que suele determinar el resto del proceso: surge un grupo de acusados por equis tipo de delito. Para garantizar la defensa, no pueden ser sorprendidos en la etapa oral con una acusación distinta de la primera. Una persona acusada en la etapa uno de secuestros y tormentos, no puede ser “sorprendida” en la etapa dos con una acusación de homicidio. Dicho esto, hay excepciones y son las que dan lugar a verdaderas batallas de interpretación, en ocasiones dogmáticas, pero sobre todo políticas. Eso se discute en este momento.

Una excepción se da cuando el juicio oral produce “nueva” prueba. Otra, cuando quien acusa demuestra que el supuesto nuevo delito no es tal, sino que es una continuación de los anteriores.

En ABO, la fiscalía consideró todas esas excepciones a la vez. Presentó como “nueva prueba” los certificados y testimonios. Pero dijo otras dos cosas: 1) que más allá de que los hechos sean “nuevos” o no, la relectura de la acusación del juez Daniel Rafecas en la instrucción ya alerta a los acusados de todo esto; es decir, no habría “sorpresa”. Y 2) sostienen que hay “línea de continuidad”: el homicidio para ellos es parte o “continuidad” del plan homicida que sólo comienza con el secuestro.

En el primer juicio por los crímenes cometidos en ABO, el tribunal aceptó indagar por homicidio, pero lo hizo aceptando cuerpos que habían sido identificados como “nueva prueba”. No se pronunció sobre la continuidad del delito. En aquel momento, la decisión habilitó sentencias a perpetua, pero la decisión no fue tenida en cuenta por otros tribunales que se encontraron con pedidos semejantes. A lo mejor el problema es ése: cuando no se define la estructura de un asunto, las cuestiones periféricas pueden cambiar.

“Una máquina para matar”

 Isabel Fernández Blanco y Enrique Ghezam, sobrevivientes del Banco Olimpo
“Una máquina para matar”

Los testigos contaron detalles de los dos acusados en el segundo juicio del circuito Atlético-Banco-Olimpo, Pedro Godoy y Alfredo Omar Feito. “Somos una máquina aceitada todos los días para matar”, les dijo este último.

 Por Alejandra Dandan

El ingreso al campo no tiene rodeos. El fiscal advierte al testigo que como en otras oportunidades ya declaró lo suficiente sobre sus secuestros y padecimientos en los centros clandestinos, ahora puede recordar específicamente si tuvo contacto con los dos nuevos acusados del juicio: el policía Pedro Godoy y el militar Alfredo Omar Feito. El procedimiento es parte de la dinámica con la que se desarrolla el segundo juicio del circuito Atlético-Banco-Olimpo. Si bien arrastra críticas y pone en revisión los criterios de fragmentación de las causas por delitos de lesa humanidad, aquí es un intento por abreviar los tiempos y evitar que las víctimas vuelvan a sumergirse completamente en el mal. También es la posibilidad de generar una ventana desde donde mirar con exclusividad el andar de estos dos represores.

Isabel Fernández Blanco y Enrique Ghezam declararon en la audiencia de ayer, día cuarto del debate. Eran pareja cuando los secuestraron. Pasaron por el Banco y el Olimpo. Ambos situaron en esos espacios a los dos acusados del juicio: Godoy, alias “Calculín”, policía de la Federal, y Feito o “Cacho”, militar del Batallón 601.

“Calculín era parte del Grupo de Tareas 1”, dijo Enrique. “Era el segundo de Inteligencia, pertenecía a la Policía Federal porque así se definía. He tenido varias charlas con él de tipo políticas: realmente había diferentes niveles de compromiso o de ideología entre los represores y a Calculín yo lo podría definir como alguien de una formación ideológica fuerte. Una de sus tareas era discutir política con nosotros: normalmente estábamos tabicados, con una venda sobre los ojos, pero con Calculín se hacían sin tabique. Eran discusiones, pero al mismo tiempo era una evaluación: uno no sabía dónde estaba la frontera. Sentías que evaluaba el grado de compromiso. Tenía una formación política bastante sólida, difícil de encontrar entre sus pares del campo. Tenía una estatura más bien baja y usaba anteojos de aumento bastante grandes. En esa época había un dibujito animado que se llamaba así, y de ahí viene su nombre, de los anteojos”.

Algunos otros testigos agregaron más datos: la raya al medio pronunciada, para tapar una posible pelada, “un hombre muy feo”, petiso que arrastraba una pierna, anteojos y fama de torturador, recordó en ese caso Graciela Irma Trotta.

Con Cacho Feito, Enrique e Isabel tuvieron mayor contacto, en el centro, pero también durante el período de libertad vigilada. “Cacho formaba parte del Grupo de Tareas 2 (GT2)”, dijo Enrique. “Lo conocí en mi secuestro y participó de mi tortura en el Banco. Tuve interrogatorios con él durante la permanencia en el campo y fue el oficial que nos comunicó que íbamos a ser liberados”. Es decir, dijo después: estuvo en el secuestro, en la tortura y en el momento de la liberación.

Después de recuperar la libertad, Isabel y Enrique se establecieron en Tandil. “Vivíamos en el campo y teníamos radiollamado, se hablaba con cambio”, dijo ella. “Hacia octubre del ’80, una vez atiendo el teléfono y me dice que llamaba Cacho. Como a mi papá le decían Cacho pensé que era mi padre. Pero no: ‘No soy tu papá’”, le dijo Feito. Y siguió: “Estamos por ir a Tandil, así que preparen el asado”, le explicó. Pasaron unos días, volvieron a llamarla y pusieron una fecha para el encuentro.

“Cuando llegaron, Cacho no estaba, pero había otros dos (represores) y vinieron con dos niños: uno de cuatro años y otro de año y medio”. Les dijeron que sus padres se habían tomado “las pastillas”, que estaban buscando a los familiares, y les pidieron que se queden con ellos hasta resolver el tema. Ellos lo hicieron. “Los chicos estuvieron con no-sotros hasta el 23 de diciembre, en ese momento vienen a buscarlos y se los llevan sin ropa y sin juguetes, ni nada. Y como nos habían dejado un teléfono, llamo inmediatamente y no recuerdo quién me atendió, pero quedamos en vernos.”

Enrique completó más tarde la descripción. Era cerca de la Navidad. Viajaron a Buenos Aires y se encontraron con Cacho Feito en una confitería de la significativa esquina de Callao y Córdoba. Hasta ese momento, creían que los militares iban a entregar a los niños en adopción a alguna familia y ambos querían impedirlo. Feito les dijo que no: que sus padres habían caído en la Contraofensiva y que a los niños se los habían entregado a familiares de Chivilcoy, dato que ellos comprobaron como ciertos con el correr del tiempo.

En la confitería, dijo Enrique, “Cacho renguea de una pierna. Yo le pregunté qué le había pasado y él me dice si no había visto los diarios: me dijo que habían matado a (Horacio) Mendizábal, el número tres del ejército de Montoneros, que lo habían abatido en un tiroteo”. Le explicó dónde fue y le dijo que él lo había matado y que le había entrado un tiro de bala en la pierna, pero se estaba recuperando. “La charla duró bastante más. Lo acompañamos y lo dejé en la puerta del Batallón 601”, dijo Enrique.

–¿Usted sabía en ese momento qué era ese edificio? –preguntaron los fiscales.

–Obviamente –dijo él–: las ventanas tapiadas, no se las olvida nadie.

Isabel se acordó de otro detalle. El momento en que Enrique se detuvo en esa herida y le preguntó: ¿Cómo te sentís después de haber matado tanta gente? “Cacho le dijo: somos una máquina aceitada todos los días para matar”.

La prueba de los “traslados”

Buscan acusar por asesinato a los dos represores imputados en juicio ABO

Los fiscales intentan establecer jurídicamente que el “traslado” significaba la muerte para lograr condenas por asesinatos. Tres sobrevivientes testificaron cómo vivieron los momentos finales de sus compañeros.

 Por Alejandra Dandan

¿Qué eran los traslados? ¿Cómo se vivían en los campos de detención? ¿Cómo eran los procedimientos? ¿Y los mecanismos de selección de prisioneros? Algunas de estas preguntas están nutriendo en estos días el segundo juicio por los crímenes del circuito Atlético, Banco, Olimpo. ¿Es posible emparentar los traslados jurídicamente con los homicidios? Durante la mañana de ayer, tres sobrevivientes reconstruyeron las dinámicas específicas de esos procedimientos a la luz de la reconstrucción que intenta hacer la fiscalía federal para demostrar que el asesinato formó parte del camino que se iniciaba con el secuestro y los interrogatorios. Esto permitirá repensar el lugar y las calificaciones legales de quienes intervinieron como represores en los centros clandestinos del circuito, entre ellos los dos imputados en esta causa.

A Mariana Arcondo la secuestraron “un día antes” del comienzo del Mundial de Fútbol de 1978, exactamente el 31 de mayo, explicó. Vivía en la parte de atrás de una casa de Ituzaingó con su compañero Rafael Tello, trabajador de los astilleros HR, de San Fernando, y sus tres hijos. A las cuatro y media de la tarde, cuando los chicos volvieron de la escuela, ella se sorprendió al escuchar al de cuatro años y medio:

–¿Papá? –preguntó.

–No llegó –le dijo la mujer–, hoy se iba a marcar el terreno.

–No –dijo el niño–, a papá lo mataron.

“Yo me quedé de una pieza, pero seguí, los metí adentro de casa y les serví la leche para continuar con nuestro día y esa frase de mi hijo.” Su compañero no estaba muerto, pero aunque ella no lo sabía, a esa hora estaba secuestrado. Lo habían levantado cinco minutos antes del horario de salida del astillero, con su hermano y otros compañeros. Pero eso es parte de otro juicio. Aquí recordó su secuestro y la convicción de haber escuchado dentro del campo El Banco los nombres de los dos acusados: Pedro “Calculín” Godoy y Cacho Feito, el policía y el militar. También habló de los “traslados”.

¿Cuándo se hacían los traslados?, preguntó el equipo de la fiscalía de Alejandro Alagia y su ad hoc Gabriela Sosti. ¿Qué significación tenía para ustedes?, quisieron saber. “Cuando yo llegué al Banco, no los conté, pero éramos algo así como 60 o 70 personas, más la troupe de represores, y cuando salí (16 días después) eran 150: en el ínterin había traslados y liberados. Me parecía que el lugar era como una gran ballena: abre la boca y se llena de mar con un montón de bichitos y la ballena selecciona qué se queda y el resto se va: eran muchos los que estaban y después los mataban.”

La pregunta volvió a escucharse cuando declaró Rufino Almeida: ¿Cuántos traslados presenció?, le dijeron. “En el tiempo que estuvimos nosotros, hubo gente que fue liberada, pero a fines de junio hubo un traslado importante”, explicó. ¿Cómo se instrumentaban? “Yo escuchaba que iban llamando y los iban llevando a algún lugar. Para decirlo como en la vida cotidiana, era como que se los entrevistaba y ahí se les decía y se les preguntaba cosas. Esto muestra que había una metodología sistemática, con roles sobre qué hacía cada uno: yo soy carpintero y en una carpintería cada trabajador se encarga de la parte de un mueble, hay una organización sistematizada para hacer el producto”, explicó.

Rufino incorporó en esa escena a uno de los acusados: Calculín. “Así como el Turco Julián se jactaba de lo que hacía o Colores se jactaba de haber inventado la picana automática, Calculín se jactaba de que era Dios y podía decidir la vida y la muerte.” En su testimonio, Calculín aparece como el encargado de evaluar a quienes iban a ser trasladados, hacía el trabajo de coordinación: “Tenía los datos o porque se los pasaban desde arriba o porque los conseguía horizontalmente”. De todas formas, los fiscales entienden que más allá del lugar que asumió cada uno de los represores dentro del centro clandestino, todos integraron un mecanismo que les permitía saber y participar de la cadena que conducía al asesinato de las víctimas.

Isabel Cerutti estuvo secuestrada entre el 22 de julio de 1978 y el 29 de enero de 1979. “Hacía dos días que me habían secuestrado cuando escuché por primera vez la palabra traslado”, explicó. “Me enteré de que a fines de junio había habido uno grande; que se habían llevado a varios compañeros y que esos compañeros eran boleta.” Luego observó que cuando llamaban sólo a una persona, no sucedía lo mismo que cuando lo hacían en grupos, una dinámica que parecía hablar de las liberaciones. “Pero yo viví –enfatizó– lo que era el traslado: en ese momento no llegaba la comida a horario y por esos días no se acercaba nadie a hablar con nosotros. Después aparecía alguien con una lista y llamaban por la letra y el número. Se armaba una fila y todos esperaban. Desde allí los llevaban al sector de incomunicados y les decían que se iban a una granja.” En la situación de la fila, “hacían apoyar el brazo con el hombro del compañero de adelante porque supuestamente nadie veía, pero en el fondo de cada uno de nosotros, aunque algunos se lo quisieran negar, sabíamos que estos compañeros iban a ser asesinados. De hecho ahora sabemos que estos compañeros fueron asesinados, por supuesto no están desaparecidos, sino que los mataron, ahora tenemos la corroboración porque aparecieron cuerpos que están identificados. Para mí ésa fue una situación terrible: en mi recuerdo es como escuchar los gritos de la tortura”.

Denuncian el vaciamiento del espacio que funciona en el el CCD Olimpo

Un reclamo por la memoria

Vecinos y organizaciones sociales y de derechos humanos organizaron un festival en la puerta del ex centro clandestino de detención. Reclaman porque el gobierno porteño retiró al personal de seguridad y se han producido robos.

“No al vaciamiento y al cierre de los espacios públicos y sitios de Memoria.” La frase, escrita en una bandera ubicada en la puerta del ex Centro Clandestino de Detención y Tortura El Olimpo, fue la consigna principal de la jornada cultural convocada por organizaciones políticas y de derechos humanos del barrio de Floresta. La actividad, que se llevó a cabo el sábado a la tarde en ese sitio recuperado en 2005 por los vecinos como un Espacio para la Memoria, tuvo como objetivo principal denunciar la situación actual del lugar y repudiar la política de “desprotección a los espacios públicos, históricos y culturales que lleva adelante el gobierno porteño”. Durante la manifestación actuaron bandas de rock, grupos de murga y un elenco de Teatro x la Identidad.

Mientras los vecinos se iban acercando al lugar, atraídos por la música y en apoyo a las consignas, los grupos musicales hacían sus presentaciones en un escenario instalado en la puerta del ex centro clandestino, ubicado en Ramón Falcón 4250. El colectivo de teatro interpretó dos breves obras con temáticas sociales y referidas a la búsqueda y a la recuperación de la identidad. “Vamos a continuar con nuestra lucha hasta que aparezca el último nieto y conozca su verdadero origen”, manifestó uno de los actores al cierre de su presentación. Luego subió al escenario el grupo de murga uruguaya La Contracara, y más tarde lo hicieron Quiero Vale Murga, Avanti Esperanza, Brancaleone y el ballet Cruz Andina (de danzas bolivianas), entre otros.

La jornada cultural fue organizada para denunciar la falta de personal de seguridad para el cuidado de los equipos y otros bienes, lo que afecta el funcionamiento de los talleres que se realizan en ese espacio. Es que, en 2011, el gobierno porteño quitó la custodia con el objetivo de reemplazarlo por cámaras de seguridad ubicadas afuera y adentro del ex centro clandestino. Y desde entonces el lugar ha sufrido robos, ataques y roturas de vidrios, según denuncian. “Esa medida tomada por el Gobierno de la Ciudad es parte de la estrategia de vaciamiento de los sitios de la Memoria porque, al dejarnos sin seguridad, hace que todas las actividades dejen de funcionar”, denunció a Página/12 Soledad Adeira, integrante de H.I.J.O.S. Zona Oeste.

En ese sentido, Isabel Cerruti, ex detenida-desaparecida durante la dictadura y una de las integrantes de la organización de ese espacio, consideró que “hay una desprotección a todos los espacios públicos de la ciudad. Y con respecto a las políticas por la memoria, Macri nunca se hizo cargo. Al contrario, si pudiera sacárselas de encima, mejor”.

“La desprotección a este espacio y de otros como El Corralón de Floresta es una constante que viene sucediendo hace años. El gobierno porteño quiere cerrarlos y como no los puede cerrar porque hay muchas organizaciones resistiendo, los quieren vaciar”, consideró Cerruti, quien estuvo detenida ilegalmente desde julio de 1978 hasta enero de 1979. Cerruti continúa buscando a su compañero desaparecido, Ernesto Verter. Y esta semana tendrá que declarar en el juicio contra los represores Alfredo Omar Feito y Pedro Santiago Godoy del circuito ABO (ex CCD Atlético, Banco y Olimpo) por 181 crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.

El ex Olimpo funcionó como centro clandestino de detención y allí fueron ilegalmente detenidas y mantenidas en cautiverio alrededor de 500 personas, muchas de ellas aún desaparecidas. El predio –que pertenecía en ese entonces a la División de Automotores de la Policía Federal– fue recuperado en 2005 como consecuencia de la lucha de vecinos y organizaciones políticas y sociales de Floresta y barrios cercanos, que apoyaron y se solidarizaron con la causa. Actualmente, ese espacio funciona como un centro cultural y de inclusión social en el que se realizan talleres artísticos para chicos, formación laboral para jóvenes, un bachillerato para adultos, la radio Bemba (91.3) y la Biblioteca Pública y Popular Carlos Fuentealba. Además se realizan visitas semanales al “pozo”, lugar donde encerraban a los detenidos-desaparecidos y que se conserva intacto, como prueba para los juicios contra los represores.

Informe: María Luz Carmona.

Comienza el Juicio ABO bis

JUSTICIA YA

Este jueves 19 de abril se dará inicio al juicio contra 2 represores por delitos cometidos en los centros clandestinos de detención Atlético, Banco y Olimpo.

El debate comenzará este jueves en los tribunales de Comodoro Py 2002 a las 10 hs, con la participación denumerosas querellas de organizaciones y particulares. Las audiencias tendrán lugar los días jueves y viernes, y los miércoles cada 15 días.

 
LOS GENOCIDAS

    Alfredo Omar Feito, alias “Cacho”, represor integrante del Ejército
    Pedro Santiago Godoy, alias “Calculín”, represor integrante de la Policía Federal Argentina

EL TRIBUNAL

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 2 estará a cargo de este juicio, integrado por los jueces Dr. Rodrigo Giménez Uriburu (presidente del tribunal), Dr. Jorge Alberto Tassara, y el Dr. Jorge Luciano Gorini.

EL JUICIO

En este juicio se tratarán los delitos cometidos contra 181 compañeros. El represor Godoy está procesado por 181 casos, por los delitos cometidos en los campos de concentración Atlético-Banco-Olimpo. El represor Feito será juzgado por 118 casos cometidos en los campos de concentración Banco y Olimpo.

Es de suma importancia destacar, que este juicio es una copia exacta del juicio anterior llevado adelante por el Tof 2, los mismos 181 casos, contra 2 represores que no formaron parte del conjunto anterior debido a los retrasos producidos en la instrucción de la causa.

Esta situación de fragmentación de las causas contra los genocidas se repite en la mayoría de los expedientes en todo el país. Luego de las experiencias de los juicios orales de los últimos años, y tras innumerables reclamos de organismos de ddhh, sobrevivientes, familiares, y otras organizaciones, finalmente el 28 de febrero de 2012 la Cámara Federal de Casación Penal aprobó la Acordada 1/12 que permitirá acelerar el desarrollo de este y otros juicios.

LOS COMPAÑEROS

Deberán seguir esperando su turno para conseguir justicia…

La instrucción de la causa 14.216 esté en manos del juez de primera instancia Daniel Rafecas, y este tramo representa solamente una elevación parcial.

De hecho, el juez dejó fuera de este procesamiento contra Godoy y Feito –así como de los 17 represores juzgados con anterioridad- los delitos que esos mismos genocidas cometieron contra otras 356 personas que estuvieron secuestradas en esos mismos campos de concentración. Los delitos cometidos contra 208 de esas víctimas se encontraban ya denunciados –con testimonios- en la causa antes de la elevación del juicio de 2009. Las otras 148 son víctimas que, según consta en la página web de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, también estuvieron secuestradas en los mismos Centros de Detención y permanecen desaparecidas o fueron asesinadas.
 
Resaltamos también que existen nuevos procesamientos que darán lugar a nuevos juicios por delitos cometidos en el Circuito ABO. Exigimos la unificación de todos los tramos y la instrucción de todos los delitos cometidos contra todos los compañeros.

Volvieron y aún así no fue suficiente para los jueces…

En el año 2007 fueron identificados los restos de los compañeros Cristina Magdalena Carreño Araya, Isidoro Oscar Peña, Nora Fátima Haiuk de Forlenza, Oscar Néstor Forlenza, Helios Serra, Jesús Pedro Peña, Santiago Villanueva, María Cristina Pérez y Carlos Antonio Pacino.

Los casos de 5 de esos compañeros -Jesús Pedro Peña, Helios Hermógenes Serra Silvera, Isidoro Oscar Peña, Cristina Magdalena Carreño Araya y Santiago Bernardo Villanueva- forman parte de este juicio oral. Sin embargo sólo se procesó a los represores por sus secuestros y tormentos, y no por sus homicidios.

Los 4 compañeros restantes - Nora Fátima Haiuk de Forlenza, Oscar Néstor Forlenza, María Cristina Pérez y Carlos Antonio Pacino- ni siquiera fueron incluidos.

Por todo esto decimos:
Condena a todos los genocidas!
Justicia para todos los compañeros!

Empezó el juicio A.B.O. bis, en el que se juzga el secuestro y tortura de 181 víctimas

Proceso breve para no revictimizar

Los tormentos y desapariciones que tuvieron como escenario los centros clandestinos conocidos como el Atlético, el Banco y el Olimpo entraron en una segunda etapa con dos nuevos acusados. Se aplicarán las normas de Casación para abreviar los juicios.

 Por Alejandra Dandan
El militar Alfredo Feito y el policía Pedro Santiago Godoy se negaron a declarar ante el tribunal.

Uno de los represores era Cacho, tiene una cicatriz marcada todavía en la pierna. El otro se hacía llamar Calculín. El primero es el miembro del Ejército y se llama Alfredo Feito y el otro es el ex policía de la Federal Pedro Santiago Godoy: los dos comenzaron a ser juzgados en los tribunales federales de Comodoro Py por los crímenes en el circuito integrado por los centros clandestinos del Atlético-Banco y Olimpo. Están acusados como autores directos de privación ilegal de la libertad y tormentos a 181 víctimas. Cuando el presidente del Tribunal Federal 2 les preguntó si deseaban declarar antes del comienzo oficial del debate, los dos se negaron. Cuando le preguntó a Calculín si tuvo o tiene algún apodo, él advirtió: “No, por lo menos que yo sepa”. Feito aceptó sin ningún tipo de ironía evidente algo distinto: “De chico me decían Cachito”, explicó.

El juicio, llamado ABO bis, es la segunda etapa del primer tramo del juicio oral que terminó en diciembre de 2010 con la condena a 16 imputados, y penas que fueron de los 25 años de prisión a la prisión perpetua. Ahora el mismo Tribunal Federal Oral 2, pero con dos de los tres integrantes distintos, lleva adelante este segundo tramo por las mismas 181 víctimas, pero juzgan a dos nuevos acusados. Por eso el juicio que empezó no es un ABO II que reúne los expedientes de las víctimas que aún siguen esperando el juicio, sino un ABO bis, porque las víctimas son las mismas.

“El juicio constituye un paso más en el avance de la Justicia, pero pone de manifiesto la importancia de unificar las causas porque se va a juzgar a dos represores por los mismos 181 hechos por los que se los juzgó en el primer tramo”, dice Ana María Careaga, una de las sobrevivientes. “Todavía hay muchas víctimas que quedan afuera nuevamente, cuyos familiares no tienen posibilidad de acceder a la Justicia, por eso decimos que lo que se invierte como recurso en tiempos materiales, todo lo que implica esto para los testigos y demás tiene que estar en el marco de un gran juicio, que finalmente es el reclamo histórico de los organismos de derechos humanos y es lo que en parte contempló la última acordada de Casación.”

Una de las características de este juicio es justamente efecto de esa acordada. Será el primero que se hace en el ámbito porteño en el que se pongan en práctica las nuevas reglas para acelerar los debates y evitar, entre otras cosas, la revictimización de los sobrevivientes y testigos. En una primera audiencia preliminar, la fiscalía, las querellas y las defensas acordaron algunos puntos para eso. Entre otros, reducir el número de testigos a unos 25, porque se considera que el resto de las declaraciones ya fueron probadas en el primer tramo. Otro de los efectos se vio ya en la primera jornada. Ayer no se leyó la acusación completa; ni la de la fiscalía de instrucción ni de las querellas. Sólo se leyó un tramo con la descripción de los 181 “casos”, sin los argumentos sobre cómo era el circuito de centros o los fundamentos del plan represivo. En ese contexto, sólo se agregaron tramos de las querellas que no coincidían con los fiscales de instrucción: así, por ejemplo, hubo una aclaración de la querella de Justicia Ya! porque no comparte la acusación de los fiscales y pidió que sean imputados por genocidio.

Poco después de la una de la tarde, el Tribunal integrado por Jorge Alberto Tassara, Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Luciano Gorini, oyó a los dos imputados decir que no iban a declarar, por ahora.

El ex militar del Ejército Chacho Feito tiene 67 años, y aunque se presentó como “empresario”, durante la dictadura era sargento de Caballería. Estuvo en dos de los tres centros del circuito: Banco y Olimpo. Permaneció en actividad hasta diciembre de 1982, cuando fue dado de baja. Según las pruebas de la causa, integró el GT2. Está acusado de privación ilegal de la libertad y tormentos por 118 víctimas.

Godoy tiene 72 años. Se presentó como “policía retirado”. Integró los servicios de Inteligencia de la Policía Federal; pasó por los tres centros clandestinos y desde abril de 1978 formó parte del Departamento de Asuntos Antisubversivos. Un año más tarde llegó al grado de “oficial tercero” de Informaciones y está acusado por privación ilegal de la libertad y tormentos de 181 casos. De su intervención en cada uno de esos espacios, darán cuenta durante el debate Isabel Fernández Blanco o Mario Villani, que va a declarar desde Estados Unidos.

Entre el público estaban algunos de los sobrevivientes que desde hace años llevan adelante la causa. Isabel Fernández Blanco, Miguel D’Agostino, Marco Bechis, que estuvo secuestrado en el Olimpo y dirigió luego la película Garage Olimpo, y Delia Barrera. También estuvieron los integrantes de HIJOS. Paula Moroni, que es querellante, tiene al padre y su tía desaparecidos, y su madre entre los sobrevivientes. Carlos Pisoni, que entró con la remera de los Juicios, tiene a la madre y el padre desaparecidos; Agustín Cetrángolo, con su padre entre las víctimas desaparecidas, y Adriana Lewi, entre otros.

Uno de los desafíos de esta etapa es ahora la acusación por homicidio. Feito y Godoy llegan a juicio acusados por privación ilegal de la libertad y tormentos, como sucedió con los acusados del primer tramo. En esa ocasión, sin embargo, los jueces aceptaron condenar finalmente también por homicidio a partir de una de las pruebas que incorporó durante el juicio: la ubicación de los cuerpos de cinco desaparecidos que habían sido identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). El fiscal Alejandro Alagia y su ad hoc Gabriela Sosti impulsaron el pedido y habilitaron de esa manera también los pedidos a perpetua. En este caso también podrían hacerlo porque los casos son los mismos. La lógica indicaría que como además es el mismo tribunal, el pedido debería ser aceptado, pero nadie lo sabe: primero porque Tassara es el único de los tres jueces que venía del viejo tribunal; segundo, porque Giménez Uriburu y Gorini estuvieron en el juicio del Posadas, donde se planteó una situación con algunas semejanzas, y lo rechazaron. La relación entre homicidio y la prueba del cuerpo de desaparecidos es todavía una de las discusiones en tensión, debajo de estas posiciones. Pero en este caso, la traba formal es que se supone que los acusados deben llegar a la etapa oral sabiendo de qué se los acusa para poder defenderse. Sobre los límites de qué es lo que saben y por qué no saben lo que deberían saber, se abren las posiciones entre las partes.

Los represores serán asistidos por los defensores oficiales Santiago Fin y Enrique Manson. Entre las querellas están los organismos de derechos humanos: en la primera querella está el CELS, Abuelas de Plaza de Mayo, Madres Línea Fundadora, Hijos, Alcira Ríos y los representados del grupo KAOS. Luego hay otras dos querellas unificadas, una integrada por Justicia Ya! y la otra de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.