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lunes, 21 de noviembre de 2016

“La desaparición es infinita perversidad”

El testimonio de Gonzalo Pereira Pérez en el juicio por los crímenes en el Circuito ABO

Pereira Pérez contó la historia de su hermano Martín, secuestrado en 1977, la búsqueda y los sufrimientos de su familia.
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Por: Alejandra Dandan

En mayo de 1977, en Mar del Plata, los Pereira Pérez recibieron una carta sin firma. Decía que Martín, segundo de cuatro hijos, había sido secuestrado en Villa Crespo. Tenía además una lista de instituciones a las que debían recurrir: Amnistía Internacional, APDH, obispados, ministerios. Era la primera noticia de Martín en un proceso devastador que recién empezaba. “Sabíamos lo que estaba pasando, todos lo sabíamos”, dijo ayer su hermano mayor, Gonzalo Pereira Pérez, a los jueces del Tribunal Oral 2, en la causa por crímenes de lesa humanidad en el circuito represivo Atlético, Banco y Olimpo.
 
“Voy a reconstruir la historia de mi hermano desde la perspectiva de la verdad histórica, desde la perspectiva familiar y de lo que significó el terrorismo de Estado”, adelantó ante una pregunta de la fiscal Gabriela Sosti, quien sugirió que comenzara contando el momento en el que supieron qué pasó con su hermano. Gonzalo, entonces, habló de la carta. “Para mi padre todas las organizaciones mencionadas en la carta manipulaban el dolor con fines políticos. Eso sí, escribió al Ministerio del Interior. Y presentamos un habeas corpus, que fui siguiendo yo en cada viaje a Buenos Aires, y del que obtuvimos respuestas siempre negativas.”
 
La historia de los Pereira Pérez se escuchó entre una diversidad de testimonios y sin la presencia de los nueve acusados: una decisión del tribunal que nuevamente fue recordada por los testigos a modo de impugnación.
Martín se había mudado a Buenos Aires en 1972. Estudió historia, después “consiguió un trabajo en el Hogar Obrero donde fue ascendiendo y terminó como delegado de sección. Para entonces tenía una militancia sindical. Estuvo en Ezeiza con una lectura muy clara de las facciones que estaban en pugna. A fines del 74, lo perseguían los grupos paramilitares y en 1975 la Triple A. Martín estuvo en Montoneros.
 
Gonzalo viajaba a Buenos Aires una vez por semana a estudiar violonchelo. Ahora es músico de la Orquesta Sinfónica de Córdoba. Veía a Martín en cada viaje. “Y creo que éramos un poco mellizos porque teníamos una evolución en paralelo. Cada viaje era un reencuentro. Estaba la vida política. Martín me invitaba a reuniones que eran cada vez más serias a medida que el clima se iba poniendo más serio. Y le dije que yo había encontrado mi vocación con la música.”
 
La casa de Mar del Plata comenzó a estar vigilada. Martín pasaba cada verano allí, pero para 1977 sus padres le dijeron que no viajara porque era peligroso. Gonzalo lo vio en marzo. Quería saldar una discusión familiar. “Hablé muchísimo para aclarar los malos entendidos. Lo despedí. Nos despedimos. Nunca más iba a volver a verlo.”
 
Héctor Pereira Pérez, el padre, era médico sanitarista, director de Reconocimientos Médicos en Mar del Plata. Lo cesantearon. Se embarcó con un contrato en un pesquero de altura. Pero Gonzalo dice que sus embates y contradicciones no le impidieron llevar adelante la situación con coraje. En ese sentido su testimonio también buscó homenajear o reparar la memoria de sus padres, dijo. Establecer un diálogo con sus viejos debates. Pero también volverles a decir en la audiencia que nunca estuvo de acuerdo con que no siguieran la lista de esa carta, que incluía a las asociaciones de familiares con redes y tramas colectivas, también de reparación. Porque eso, dijo, era también jugar todas las cartas.
 
Para entonces los cuatro jueces dejaron computadoras y papeles de lado y se pusieron a mirarlo. Gonzalo habló como si dibujara en el aire una de sus partituras. La sala estaba llena como en cada audiencia de este juicio.
Para entonces –continuó– desapareció una gran amiga de Susana, su madre: su nombre era Alicia y tenía una hija casada con un joven militante (...) Mi padre regresó 24 horas más tarde. Y se fue a golpear las puertas del cuartel. Ahí lo recibió el coronel (del Ejército Pedro Alberto) Barda. Mi padre se presentó como doctor. Barda lo confundió con un abogado. Nadie lo aclaró. Barda dijo que no sabía nada, pero Alicia apareció al otro día. Estaba golpeada, torturada, con el cuerpo quemado y había sido violada. ‘Pero no les dije nada de ustedes’, le dijo a mi madre, cuando los militares le preguntaron por los nombres que aparecían en una carta de su hija. El pánico en ese momento era tan grande que mi madre se desmayó”.
 
Al cabo de meses sin resultados en la búsqueda de Martín, Pereira Pérez padre fue nuevamente a ver a Barda.
“Esa vez, la escena fue totalmente desopilante, si no fuese realmente trágica. Lo atendió una persona:
–Yo soy Barda –le dijo.
–Usted no es Barda –respondió mi padre.
 
El hombre entró en cólera. ‘Soy yo’, repitió. Y trajo a otras personas para confirmarlo. En medio de ese escenario en el que la última esperanza se hacía fantasma, comienza la devastación”, dijo Gonzalo. “Mi padre se fue consumiendo en una depresión silenciosa. Literalmente se moría cada día. Y resucitaba al día siguiente. Mi madre había perdido su fe (...) Nunca más fue a misa. La familia se sumió en un ostracismo, en una suerte de exilio interno, producto también de la sociedad, de una mezcla de fastidio, cierta compasión, lástima, que te obligaba a sentirte silenciado.”
Diego, el hermano menor, comenzó un proceso que lo llevó a la psicosis; terminaría desapareciendo en 2006. Gonzalo agradeció que sus padres ya no estuvieran vivos porque les evitó atravesar nuevamente el infierno de la búsqueda que le tocó repetir a él. En 2012, Diego fue declarado muerto. Dice Gonzalo que Diego parece haberse ido asociando a la imagen de su hermano.
–¿Y qué supieron después sobre Martín? –preguntó la fiscal, sacudiendo esa especie de ensueño de la sala.
–En todo este desmoronamiento y con sus contradicciones, con el regreso de la democracia mi padre consiguió una especie de salvoconducto o pase libre para hacer una pesquisa. Estuvo en La Plata. Revisó fichas odontológicas del Hogar Obrero. Buscó en tribunales. Ahora supe que viajó hasta a San Luis.
 
La familia supo a través de otra carta que Martín estuvo secuestrado en el Atlético. Miguel D’Agostino, uno de los sobrevivientes, logró verlo detrás de una mirilla pintando números en una puerta. “Mi padre le pidió a Miguel que haga una pantomima de esa imagen. Miguel no entendió. Pero lo hizo. Primero levantó la mano derecha pero después cambió de brazo porque se dio cuenta que mi hermano usaba la izquierda. Eso a mi padre le dio un dato fehaciente: era verdad. Esa certeza fue una suerte de cierre. Creo que la desaparición es una infinita perversidad. Es anular a la muerte. Impedir poner la etiqueta sobre una lápida a un ser querido, imponer así una clausura se hace imposible porque no hay nada. Sólo hay vacío.”

martes, 15 de noviembre de 2016

Concenden prisión domicilaria a ex comisario de la dictadura

Se trata de Roberto Rosa, quien se le otorgó el beneficio por problemas de salud. Sobrevivientes contaron sobre su ferocidad en “interrogatorios”.
Nestor Espósito

La Cámara Federal de Casación Penal le concedió la prisión domiciliaria por razones de salud a un ex comisario de la Policía Federal condenado a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura. Se trata de Roberto Antonio Rosa, de 66 años de edad, quien en 1985 fue beneficiado con la ley de Obediencia Debida y se recicló en democracia a tal punto que se lo sindicó como un estrecho colaborador del ex juez federal Norberto Oyarbide, cuando pesaban sobre el magistrado acusaciones de protección a una red de prostíbulos.

Rosa está condenado por su participación en los centros clandestinos de detención conocidos como “Circuito ABO” (Club Atlético, Banco y Olimpo).

Sobrevivientes de la dictadura recordaron, primero ante la CONADEP y luego en el juicio oral que concluyó en condena en 2010, la ferocidad y crueldad con que “interrogaba” a las víctimas.

La Sala Cuarta de la Casación, con las firmas de los jueces Juan Carlos Gemignani y Gustavo Hornos, anuló un fallo del Tribunal Oral Federal número seis, que había rechazado la prisión domiciliaria pedida por la defensora oficial Ximena Figueroa, quien consideró que “el cuadro de salud que presenta su asistido será atendido en mejores condiciones en un contexto familiar con instalaciones y cuidados propias de la detención domiciliaria”.

Rosa fue condenado junto con otros represores dolorosamente conocidos: Raúl Guglielminetti, Julio “el Turco Julián” Simón, Samuel Miara, Juan Antonio “Colores” Del Cerro. Entre sus víctimas figura Lucila Adela Revora, la madre del diputado nacional por el Frente para la Victoria Eduardo “Wado” De Pedro.

Rosa tenía como seudónimo “Clavel”. En el juicio a los comandantes de la última dictadura, Mónica Evelina Brul de Guillén, recordó las circunstancias en que fue secuestrada por “Clavel”: el 7 de diciembre de 1978, en la entonces calle Cangallo casi Pasteur, fue subida a un automóvil cuando caminaba con su bebé de ocho meses en brazos. Integraba “Cristianos para la Liberación”, una organización solidaria que trabajaba en ayuda de los sectores más pobres de la sociedad. Fue llevada al centro clandestino El Olimpo; “Clavel” la llevó ante “El Turco Julián”, quien ordenó iniciar de inmediato la tortura: “a la máquina”. Le advirtieron que el trayecto la mujer había advertido que estaba embarazada, pero la orden de torturar no varió. “Va a aguantar… y además, viólenla”. En realidad, el término utilizado fue otro.

Los torturadores cumplieron. Y se ensañaron por tres razones: no lloraba con la picana, era judía, y además, ciega.

La Cámara de Casación le concedió la prisión domiciliaria a Rosa, ex alias “Clavel”, porque ya perdió el 81 por ciento de la visión de ambos ojos. “El componente medular de la enfermedad de glaucoma sobre el órgano de la visión, resulta ser el estrés producto de las múltiples intervenciones médicas” que recibe en la cárcel, sostiene el fallo que mandó al represor a su casa.
Rosa tuvo otros dos episodios por los que, ya en democracia, quedó expuesto. Uno de ellos, queda dicho, fue la relación con Oyarbide y con el empresario teatral Luciano Garbellano, cuando ambos aparecían sospechados por su vinculación con el prostíbulo masculino Spartacus. El otro fue un extraño “accidente” que ocurrió en su despacho del Departamento Central de la Policía Federal el 4 de enero de 1995. Rosa estaba reunido con el padre de una beba que reclamaba su devolución, después de que hubiera sido encontrada en poder de dos prostitutas. Estaban solos y de repente un disparo del arma reglamentaria del policía atravesó el pulmón de su interlocutor. Hubo una causa penal en la que la propia víctima reconoció que se había tratado de un accidente y el comisario fue sobreseído.

Pero el Estado Nacional terminó condenado en un juicio civil a indemnizar económicamente a la víctima.

lunes, 7 de noviembre de 2016

Juicio ABO: “Nos condenaron al duelo eterno”

por María Eugenia Ludueña · 07/11/2016
Tres testigas del juicio por los delitos en El Atlético -Ana María Careaga, Silvia Fontana e Irma Medina- reclamaron con dureza a los jueces del Tribunal Oral Criminal Federal 2 por la ausencia de los imputados en la sala. Hace pocos días, la única vez que asistieron, Fontana había reconocido a dos de ellos como los hombres que estuvieron en su casa y se llevaron a su hermana.

irma medina

Mientras en la puerta de Comodoro Py se amontonaban decenas de periodistas y móviles de radio y televisión detrás de Lázaro Báez, en una sala del subsuelo donde no cabía más público, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 2 escuchaba los testimonios de tres mujeres. Fue en la audiencia del miércoles 2 de noviembre del juicio que investiga delitos en tres centros clandestinos de detención, tortura y exterminio: El Atlético, Banco y Olimpo (ABO). Ana María Careaga es una sobreviviente del primero. Silvia Fontana, testigo del secuestro de su hermana Liliana, vista ahí. Irma Liliana Medina declaraba por primera vez por el caso de su hermano Raúl, un médico de 24 años secuestrado en Niceto Vega y Juan B. Justo el 2 de marzo de 1977. En la enfermería de El Atlético era obligado a ejercer trabajo esclavo.

Si los testimonios que estremecieron a los presentes -familiares, organismos, estudiantes de la maestría de Comunicación y Derechos Humanos de la UNLP- hubieran sido televisados, su impacto podría ser poderoso. Además de aportar datos y detalles inenarrables de cómo se perpetró el terrorismo de Estado, esas mujeres expresaron a un linaje de madres, abuelas, hermanas, tías e hijas capaces de  ponerle palabras y cara a lo indecible. De mirar a los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Alberto Tassara y reclamar ¿por qué eximieron a los imputados de asistir a las audiencias y escuchar sus relatos? ¿por qué se las privó de esta oportunidad de mirarlos a los ojos por primera vez? Cuando cada una de ellas terminó su relato, el público las aplaudió de pie.

Que se haga justicia

Ana María Careaga declaró varias veces en otros procesos. Su cara, enmarcada en un pelo negro, lacio y largo, refleja cierto espíritu de esa jovialidad que intentaron arrasar. 

– ¿Tiene algún interés personal en la causa? – le preguntó el presidente del tribunal.

– Que se haga justicia.

“Fui secuestrada el 13 de junio de 1977 en Juan B. Justo y Corrientes. Tenía 16 años y un embarazo de tres meses, me había casado en abril”. De ahí la llevaron a El Atlético, en Paseo Colón entre Cochabamba y San Juan. Allí funcionaba una oficina de la Policía Federal; y en el subsuelo, un centro clandestino. “Al llegar, me quitaron las pertenencias y me tiraron baldazos de agua helada. Me tapé la cara, me apoyaron las botas en las muñecas para que no pudiera defenderme. Vi ropa de fajina azul. Me acostaron en una mesa de metal con las piernas abiertas y me aplicaron picana eléctrica. Quería morirme, la única forma de salir”.

Los torturadores le repetían: “Sabemos que te querés morir, pero te vamos a mantener viva para torturarte. Tenemos todo el tiempo del mundo. Nadie sabe dónde estás”. “Me arrojaban nafta y querosén en los ojos y genitales. Me quemaban con cigarrillos, me ponían una bolsa de plástico en la cabeza. Yo trataba de contener el aire. Creyeron que hacía yoga, me dieron unas pastillas de coramina para el corazón, hasta que tuve convulsiones!”.

El testimonio de Careaga citó a varias personas con las que compartió el cautiverio durante los cuatro meses que pasó con los ojos vendados y los pies con cadenas, hasta su liberación. La mayoría está desaparecida. Como Gerónimo, el médico forzado por sus captores a atender a las víctimas. Careaga contó que la asistió en la enfermería y la operó del tímpano (destrozado en la tortura). Él la instaba a mirar un rayo de luz a través de una ventanita que daba a la calle. “Veíamos las sombras de las personas o camiones que pasaban. Era un contraste tremendo. Tan cerca de la civilización, tan lejos de nuestros seres queridos”. Recordó que Gerónimo tuvo una relación con una mujer a la que obligaban a trabajar de enfermera, Laura Graciela Pérez Rey. Ella quedó embarazada. Nunca más se supo de ellos ni del hijo.

Ana Maria Careaga

“Un lugar de mi cuerpo al que no habían podido llegar”

“Todo era una tortura permanente, la pérdida de la identidad, de la condición humana”. Un día, sintió los movimientos del bebé en su panza. Fue la única vez que lloró en El Atlético. “Había un lugar de mi cuerpo al que no habían podido llegar. El bebé había sobrevivido”. Era una paradoja: haber estado embarazada, dijo Careaga, era para ella una suerte de privilegio: “hablaba todo el tiempo con la panza, le decía poesías”. Sentada en la primera fila del público, la hija escuchaba el testimonio de su madre agarrándose la cara entre las manos.

Habló de los pequeños gestos de resistencia entre las personas cautivas: de una mano que se apretaba sobre el hombro cuando los hacían ponerse en fila, de un compañero que tenía a su mujer embarazada y secuestrada, y le pedía sentir los movimientos del bebé. Habló del hambre de Leila, una compañera a la que se le marcaban las costillas, y que para pasar el tiempo decía “voy a hacer recetas de cocina”. En charlas de celda a celda, Ana María y Leila fantaseaban: ¿qué harían si salieran en libertad? “Iría a Rosario a la casa de mi mamá, me metería en la cama y le pediría que me preparara un té con galletitas”, le dijo Leila, hasta hoy desaparecida.

El ensañamiento con los judíos

En El Atlético con los judíos se ensañaban de manera especial. Una vez escuchó al subcomisario Samuel Miara (apropiador de los mellizos Reggiardo Tolosa) tratar como un perro a un joven. Lo obligaba a ladrar y le ordenaba: “mové la cola, dame la patita”.

Describió los “traslados”: se hacían una vez por mes, se leía una lista donde se identificaban por letras y números. “Yo no sabía la connotación del término “traslado”. En ese momento, nos decían que los llevaban a una granja. Todos querían irse”. La fiscal Gabriela Sosti le preguntó cuántas personas habían pasado por eso. “Calculo serían entre 15 y 20 en mi sector. Pero había otra área de celdas. El lugar quedaba prácticamente vacío, hasta que lo volvían a llenar”. 

Cuando su embarazo fue evidente, los represores se enfurecieron: “hija de puta, ¿cómo no nos dijiste? ¿querés que te abramos de piernas y te lo hagamos abortar acá?”. Un día que estaba llena de piojos le ordenaron a una compañera, la Negrita Marta, que le cortara el pelo. “Me llevó al baño, me puso frente a un espejo. Me miré y no me reconocí. Nunca en la vida voy a olvidarme esa sensación: estar frente a lo más familiar y lo más ajeno”.

Recordó que cada tanto, ella y Liliana Fontana -otra embarazada- podían caminar con los ojos vendados por el pasillo. Los represores se burlaban: “¿Están mirando vidrieras para comprarle el ajuar a sus bebés?”.

Se estima que por El Atlético pasaron entre 1500 y 1800 personas. En la audiencia, la testigo utilizó una reconstrucción en 3D para situar los hechos, parte de un trabajo interdisciplinario que realizó desde el Instituto Espacio para la Memoria (IEM) y con la carrera de Diseño de Imagen y Sonido de la UBA, a partir de testimonios y del hallazgos a partir de excavaciones, ya que el lugar fue demolido para construir la autopista. La reconstrucción incluye también los audios con los discursos de Hitler que los represores ponían a todo volumen, y la mesa donde jugaban ping pong y el golpeteo de la pelotita se fundía de manera siniestra con los gritos de la tortura.

La desaparición de una Madre fundadora

Apenas la liberaron, Ana María volvió unos días con sus padres. Su mamá, Esther Balestrino, era una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo. Ana María cruzó a Brasil y después se exilió en Suecia. Allí, el 11 de diciembre de 1977 nació su hija. Cuando llamó a sus padres para contarles, recibió otra noticia: días antes, en la Iglesia de la Santa Cruz, habían sido secuestradas tres madres fundadoras, entre ellas, la suya (junto a Azucena Villaflor y María Ponce, y a las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet). Los restos fueron identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense en 2005. 

Cerró su testimonio con una carta que le escribió su madre días antes de su desaparición forzada: “Una cosa no debes olvidar: en los seres con ideales y fe en la humanidad, estos dolores fortalecen”.

Una testigo reconoció a los captores de su hermana

Antes de empezar a contar cómo fue el secuestro de su hermana, Silvia Fontana miró grave a los jueces:

– Me llama la atención que no estén presentes los imputados.

– Es un tema resuelto- le respondió el juez. 

– Entiendo que está resuelto. Quiero dejar en claro mi derecho a que estén, a mirarlos a la cara. Ustedes tomaron una decisión que a los familiares nos pone mal. Esperamos casi 40 años para estar acá sentados.

Se hizo un silencio. Silvia -que tenía 17 cuando se llevaron a su hermana y participó desde los inicios de Familiares de Detenidos-Desaparecidos por razones políticas- siguió: 

– Quiero contar que el día que empezó este juicio, el 20 de septiembre, estuve acá sentada con la foto de mi hermana. Cuando comenzaron a entrar los imputados, mi cuerpo se estremeció cuando vi a las dos personas que vinieron a mi casa el día que se llevaron a Liliana. Uno, un señor alto, y otro, un morocho más bajito. Siempre los señalé en mis relatos. Uno de ellos hizo un gesto y supe que era él. La persona de la que siempre hablé estaba en la sala. En el primer tramo de ABO vi muchas fotos de represores, pero dije: acá no están. Ahora es distinto: no tengo dudas, eran ellos. Sé con certeza absoluta que uno de ellos es el que me alcanzó un vaso de agua. Y encima ese día nos hicieron burla cuando se estaban por retirar.

La fiscal Sosti le sugirió ubicara a esas personas en el relato. Fontana contó: el 30 de junio de 1977, el operativo había empezado en casa del marido de su hermana, Pedro Sandoval. Pero Liliana -embarazada de dos meses y medio- y él se habían quedado a dormir en el hogar de los Fontana, en Caseros (Tres de Febrero). Los represores no encontraron a Pedro en la casa de los Sandoval pero se llevaron a su hermano, Juan Carlos (nadie lo vio en un centro clandestino de detención, continúa desaparecido).

“El 1 de julio sentimos un golpe fuerte en la puerta. Un civil nos gritó que nos metieramos para adentro, llevaban armas cortas y largas”, recordó Silvia. “Nos metieron a todos en la habitación de mis padres. Lo llevan a Pedro a la mía. Yo había pasado meses en cama, enferma, me puse a llorar. Mi hermana me pedía que me calmara y les rogaba no me hicieran nada. Pidió que me trajeran un vaso de agua. Una de esas personas que yo ví acá estaba disfrazada con peluca y bigotes, me acercó el vaso y dijo: “quedate tranquila, con vos no es”.

Cuando se lo llevaban a Pedro, Liliana preguntó: “¿lo puedo despedir?”. Los represores quisieron saber quién era. Les dijo: “la mujer”. Uno de los hombres salió, consultó algo, volvió y dijo: que venga. “Antes de cruzar la puerta, mi hermana miró a mi mamá, le sonrió. Miró a mi papá, le sonrió. Me miró a mí, me sonrió. Tengo miedo de que algún día se me borre esa imagen. Esa sonrisa me alentó todos estos años. Ese día empezó otra etapa de nuestras vidas”.

Silvia Fontana

“La ausencia de los imputados es un privilegio”

Ante la ausencia de imputados, Fontana debió repasar una carpeta con fotos en blanco y negro. Eligió dos. Después, el secretario del tribunal leyó cuáles eran los nombres de esas caras: Héctor Horacio Marc (ayudante de 5ª del Servicio Penitenciario Federal) y Juan Carlos Mario Chacra (ayudante del Cuerpo de Informaciones de Policía Federal).

“La ausencia de los imputados es algo que está pasando. Provoca a las víctimas y familiares una decepción enorme. Es parte del abordaje procesal. Verles las caras puede ser parte de la reparación, pero también es derecho a la publicidad de los actos de gobierno que el tribunal vedó”, dijo a Cosecha Roja la fiscal Gabriela Sosti. “No es cierto que el código lo autoriza, sino que crea un privilegio injustificado”.

“Sin los sobrevivientes no podríamos estar acá”

Silvia y su familia recién tuvieron noticias de Liliana y Pedro en 1979. Uno de los hermanos Fontana mostró fotos de ellos en una conferencia de Amnistía Internacional. Así empezó el contacto con sobrevivientes que los habían visto en El Atlético, donde los conocían como Paty y Erico. “Sin los sobrevivientes no podríamos estar acá, sin ellos no habría juicios”, valoró Fontana.

“Nos contaron que Lili era K34y Erico K33. Que cada vez que a mi hermana la llamaban para torturarla, le ordenaban que dijera su código. Ella decía: “me llamo Liliana Fontana” y recibía una golpiza. Pedro escuchaba la tortura y les pedía que tuvieran cuidado con su hijo. Ese hijo es la vida después de la muerte”, dijo Silvia. Sobrevivientes de El Atlético contaron que el Turco Julián la llevó a parir a la ESMA y al volver comentó: “La rubita tuvo un varón”. El bebé fue apropiado por un agente de inteligencia de la Gendarmería, Víctor Rei.

“Mi madre se sumó a Abuelas. Hace poco cumplió 85 años. De ser almacenera pasó a ser una luchadora buscando a su hija y a su nieto. En 2006, las Abuelas y la familia, después de 28 años, lo encontramos. Fue encontrar un pedazo de ellos”, dijo Silvia. Pedro Sandoval Fontana, el hijo de Liliana y Pedro, escuchaba a su tía sentado entre el público. Fue el primero en abrazarla fuerte al terminar el testimonio.

Silvia también le habló a los defensores: “El viernes falleció mi papá, pero no quise posponer esta declaración: es un homenaje a ese entrerriano camionero que no pudo sobrellevar el secuestro de su hija, que hizo miles de kilómetros, viajó a cada lugar donde le decían que había una chica rubia, como mi hermana. Hace unos días, lo besé, lo despedí, le prometí que seguiría buscando, lo llevé al cementerio. Quiero señalar la tremenda diferencia que existe de despedirse en paz. De mi hermana no tenemos cuerpo. Les digo a los defensores, para que le transmitan a esas personas: mi padre se fue en paz. Ellos no podrán jamás, su conciencia no los va a dejar”.

“Nos condenaron al duelo eterno”

Irma Medina declaró por primera vez en el caso de su hermano Raúl Medina. Los sobrevivientes lo recordaron en El Atlético como el médico al que obligaban a trabajar: Gerónimo.

Irma narró la historia de su familia y repasó la situación política del país desde el año en que nació su hermano, 1953. Los dos estudiaban Medicina en la UBA y militaban en la Juventud Universitaria Peronista. Él se recibió en junio de 1976. Después de vivir en pensiones y hoteles, porque su familia era del Chaco, habían conseguido ahorrar para alquilar un departamento juntos. Habían quedado en encontrarse para la mudanza, pero él nunca llegó. Poco después, su hermana recibió una llamada: “La voz de un compañero me dijo la peor frase de mi vida: Flaca, lo levantaron”.

Irma recorrió muchas veces la calle Niceto Vega para encontrar testigos. “Nos contaron que un camión del ejército se lo había llevado”. Tiempo después recibió una misteriosa visita: la mujer de un pastor evangélico le contó que su marido había estado con él en un centro y lo habían torturado mucho. A través de sobrevivientes, supo en 1979 que ese lugar era El Atlético. También le contaron que tuvo una relación con otra secuestrada a la que también obligaban a trabajar en la enfermería. Ella quedó embarazada de Gerónimo. Irma sigue buscando a los tres. En los primeros listados, llegó a ver el nombre de su hermano junto a una palabra: “traslado”. Se ilusionó. Después supo del eufemismo.

La fiscalía y las querellas (la Secretaría de DDHH de la Nación, Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), y Justicia Ya!) plantearon instancias para contar cómo eran las víctimas. Cuando le preguntaron sobre su hermano, Irma lo definió: “Era un representante de esa época”. También se pidió que las fotos de las víctimas fueran exhibidas en las pantallas.  

La hermana contó que junto a su madre (falleció después de una depresión) iniciaron muchos trámites hasta llegar a este juicio. “En cada uno había que presentar el DNI y la cara. Y acá estoy. Cuando pedí ser querellante, creí que llegaría el día de verles la cara a los perpetradores. Quería que escucharan el dolor que nos causaron, con la expectativa de que quizás eso, algo, los haga torcer el silencio. Este tribunal tomó otras medidas. Revean sus decisiones… 39 años y ocho meses es mucho tiempo. En este tiempo, los imputados han tenido una vida; en cambio, a nosotros, nos han condenado al duelo eterno”. 

viernes, 25 de diciembre de 2015

Jornada por la Memoria en el CCDyE Atlético - 5 diciembre 2015

martes, 17 de noviembre de 2015

Circuito ABO: la Corte desestimó una queja de 3 represores condenados


Los habían sentenciado a perpetua en 2010

El máximo tribunal declaró inadmisible un recurso presentado por la defensa de Guillermo Víctor Cardozo, Eugenio Pereyra Apestegui y Oscar Rolón. Los tres fueron condenados a perpetua por crímenes cometidos en los centros clandestinos Club Atlético, Banco y Olimpo.

La Corte Suprema de Justicia declaró inadmisible un recurso de queja presentado por la defensa de tres genocidas condenados por delitos de lesa humanidad por su accionar en el denominado circuito ABO (Club Atlético, Banco y Olimpo) durante la última dictadura cívico-militar. Se trata de los recursos presentados por la defensa de Guillermo Víctor Cardozo, Eugenio Pereyra Apestegui y Oscar Augusto Isidro Rolón, todos condenados a prisión perpetua en diciembre de 2010 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) N° 2 de la Capital Federal. Los jueces Ricardo Lorenzetti, Elena Higthon y Juan Maqueda firmaron el 10 de noviembre pasado el fallo que declaró “inadmisible” la queja presentada por la defensora oficial Magdalena Laiño.
Rolón era apodado como “Soler” en los centros clandestinos Atlético, Banco y Olimpo. Cardozo y Pereyra Apestegui (ambos gendarmes) actuaron en el Olimpo:  el primero cumplía funciones como torturador y guardia interna, y el segundo como guardia interna y en interrogatorios.

Mario Villani estuvo más de 40 meses secuestrado en cinco centros clandestinos. Sobrevivió porque en el circuito ABO y en el Pozo de Quilmes y la ESMA reparaba cosas que robaban a los secuestrados. Villani, ya en democracia, facilitó a la Justicia una lista donde daba los nombres de los represores y su apodo. Lo mismo hizo con víctimas y llegó a reconocer unas 166. En esa lista, por ejemplo, figuraba el propio Rolón.

“Cuando entré al Olimpo lo primero que me dijeron fue: ‘Somos Diosito’, así en diminutivo. Si no cantás, te vas para arriba. Acá ni siquiera tenés derecho a elegir cuándo vas a morir” dijo Villani. Y relató que "en la oficina de Inteligencia, sobre la pared, habían puesto un gran paño rojo con un gran círculo blanco en el centro y dentro, una cruz esvástica”.

Cardozo, alias “Cortés”, se dedicó a adoctrinar en Campo de Mayo a los guardias de los centros clandestinos para que no hablaran de los crímenes con nadie. En los ’90 fue comandante mayor y hasta 1998 fue segundo jefe de la Región II (Rosario) de Gendarmería. Por su parte, Apestegui, alias “Quintana”, es recordado porque obligaba a los secuestrados a hacer esfuerzos físicos inhumanos, escuchar discursos de Hitler y canciones de Nino Bravo.

Tres centros clandestinos
El circuito ABO funcionó al menos desde febrero de 1977 hasta enero de 1979, bajo la órbita operacional del entonces General de División Carlos Guillermo Suárez Mason a cargo del Comando del Primer Cuerpo del Ejército correspondiente a la Zona de Defensa I. Se trató de un único centro que fue mudando su sede sucesivamente, pero que mantenía sus guardias, detenidos, modus operandi e, incluso, su mobiliario.

Atlético estaba ubicado entre las calles Paseo Colón, San Juan, Cochabamba y Azopardo en lo que eran dependencias de la Superintendencia de Administración. Tenía capacidad aproximada para mantener en cautiverio a 200 personas y según datos que se expresaron en el juicio “se habrían alojado allí más de 1500 personas”. Operó desde mediados de 1976 hasta diciembre de 1977. Fue demolido para la construcción de la autopista 25 de Mayo.

El Banco funcionó en la intersección de la autopista Richieri y el Camino de Cintura, en La Matanza, provincia de Buenos Aires. Eran instalaciones que pertenecían y pertenecen a la Policía de la provincia de Buenos Aires. En aquel sitio operaron varias fuerzas desde fines de 1977 a mediados de 1978.

El Olimpo operó en la División Mantenimiento de Automotores de la PFA, ubicado en las calles Lacarra y Ramón L. Falcón de la Ciudad de Buenos Aires. Funcionó desde del 16 de agosto de 1978 hasta comienzos de 1979, en que fue desmantelado. Hoy los tres lugares son sitios de memoria.

sábado, 9 de junio de 2012

Condenados sólo 2 policías por un total de 181 casos

Penas de 18 y 25 años para dos represores de los CCD Atlético, Banco y Olimpo
Antes prófugos, ahora condenados

Los represores se encontraban prófugos cuando en 2009 se realizó el primer juicio por el circuito ABO. Ahora se aplicaron las reglas fijadas por la Cámara de Casación para acortar los tiempos de los procesos vinculados con el terrorismo de Estado.

 Por Ailín Bullentini

Otros dos represores fueron condenados ayer por el Tribunal Oral Federal Nº2 por crímenes de lesa humanidad cometidos en el circuito de centros clandestinos del Primer Cuerpo del Ejército Atlético, Banco y Olimpo. Pedro Santiago Godoy y Alfredo Omar Feito se encontraban prófugos cuando en 2009 se llevó a cabo el primer juicio por el circuito ABO, como es conocido este conjunto de escenarios donde el terrorismo se hizo carne. Pese a que el ex policía Feito insistió, en sus últimas palabras en el marco del juicio, en negar su participación en los crímenes cometidos durante la última dictadura, el tribunal lo penó con 18 años de prisión por 15 casos de privación ilegítima de la libertad con aplicación de tormentos. La condena para Godoy fue de 25 años, por 152 casos.

“Más allá de las diferencias en las condenas solicitadas por las querellas y la habilitación a la continuidad de la prisión domiciliaria que está cumpliendo Godoy hasta que la sentencia quede firme, consideramos que la sentencia fue positiva porque se definieron los delitos como de lesa humanidad y porque las penas son muy altas”, analizó en diálogo con este diario Carlos Pisoni, hijo de dos de las más de cien víctimas que pasaron por alguno de los centros clandestinos que conforman el circuito ABO y militante de H.I.J.O.S.

El presidente del TOF Nº 2, Jorge Tassara, leyó ayer al mediodía la sentencia a la que llegó junto con los otros dos integrantes del tribunal, Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu, en el marco del juicio conocido como “ABO Bis”, el primero en el que efectivamente se aplicaron las reglas fijadas por la Cámara de Casación que apuntó a acelerar los tiempos de los juicios vinculados con el terrorismo de Estado. En este caso, se desestimó a algunos testigos, se introdujeron declaraciones de otros mediante lectura y se realizaron más audiencias por semana.

Poco más de una hora antes, uno de los acusados accedió a la posibilidad siempre presente de decir unas “últimas palabras”. Feito negó todo lo que se atribuyó: dijo que “jamás” secuestró ni torturó y que sus familiares saben que fue un soldado “valiente y honrado”.

Con aplausos dentro y fuera del edificio de los tribunales de Comodoro Py, militantes de derechos humanos, familiares y amigos de las víctimas recibieron el veredicto del TOF Nº2. “Privación ilegal de la libertad agravada por la condición de funcionario público” y “mediar violencia” y “amenazas” con “imposición de tormentos” fue la figura penal que se les aplicó a ambos condenados.

De las 181 víctimas cuyas vejaciones fueron tenidas en cuenta, los jueces consideraron que Godoy, alias Calculín, participó en 152 casos, mientras que Feito, conocido como Cacho, tuvo responsabilidad en 15. De allí, la diferencia en las penas a uno y otro. Además, el TOF Nº2 determinó que Godoy, de 72 años, continúe gozando del beneficio de prisión domiciliaria hasta que quede firme la sentencia.

Pisoni remarcó que la organización que integra y el resto de las agrupaciones de derechos humanos que estuvieron presentes en la sentencia y que participaron del juicio –Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, Familiares de Detenidos Desaparecidos por Razones Políticas– entendieron como positiva la sentencia debido a que las condenas son altas. Pero definió como necesario el hecho de que “todo el poder judicial entienda que los culpables de delitos de lesa humanidad no deben tener privilegios de los que un acusado de delitos comunes no goza. Godoy debería haber ido a parar a cárcel común”. En ese sentido, el hijo de Rolando Pisoni e Irene Bellocchio, dos de los cientos de presos clandestinos de Atlético y que aún continúan desaparecidos, denunció que “todavía quedan muchos represores en sus casas”.

El juicio en el que fueron declarados culpables podría entenderse como la continuación de aquel juicio que analizó los delitos cometidos a 182 personas que estuvieron detenidas ilegalmente en el Atlético, Banco u Olimpo, o en más de uno de esos centros clandestinos, y en el que fueron condenados 12 represores a prisión perpetua, cuatro a 25 años de prisión y uno, el ex policía federal Juan Carlos Falcón, absuelto.

sábado, 2 de junio de 2012

Un represor se suicida tras ser imputado por crímenes de lesa humanidad

El expolicía Miguel Ángel Junco fue acusado de secuestros, torturas y asesinatos cometidos en tres centros clandestinos de detención de la dictadura militar

Un expolicía argentino que estaba prófugo se arrojó a las vías del tren en Buenos Aires, luego de que la Justicia le imputara por delitos de lesa humanidad cometidos en la última dictadura militar, informaron hoy fuentes judiciales. El exsuboficial auxiliar de la Policía Federal Miguel Ángel Junco, alias Ratón, se suicidó dos días después de que la policía fuera a buscarle a su casa y su esposa dijera que su marido había ido a visitar unos familiares, según las mismas fuentes.

Los policías le buscaban para conducirle a los juzgados, donde debía ser interrogado por el juez Daniel Rafecas, quien le acusaba de secuestros, torturas y asesinatos cometidos en tres centros clandestinos de detención de la última dictadura militar argentina (1976-1983). Antes de que los investigadores le encontraran, Junco se arrojó a las vías de la estación porteña de Flores cuando un tren se acercaba a los andenes y murió en el acto.

"Avisen a mi esposa al domicilio Zelarrayan 531, 3 A", rezaba una nota hallada entre las vestimentas del exefectivo de Coordinación Federal, acusado de actuar en las cárceles clandestinas Atlético, Banco y Olimpo. Sobrevivientes de estos centros reconocieron al expolicía como miembro de grupos de tareas encargados de secuestros y torturas en perjuicio de centenares de víctimas del régimen.
La Coordinadora, un órgano policial de represión

Las víctimas de los crímenes de la represión también acusaron a otros antiguos integrantes de la Coordinadora, un órgano policial que ocupó un lugar central en la política de represión desplegada en Buenos Aires durante la dictadura. Entre ellos están detenidos Carlos Lorenzatti, alias Gato viejo, y Juan Carlos Chacra, conocido como Paco, mientras que tanto sus compañeros Gerardo Arraes y Miguel Britos siguen prófugos.

"Es la primera vez que ocurre esto en una causa que lleva siete años de tramitación, con más de un centenar y medio de detenidos", varios de los cuales ya fueron condenados por la Justicia, señalaron testigos al enterarse del suicidio de Junco, según la agencia oficial Télam. La investigación de Rafecas es una de las causas que se reabrieron en Argentina tras la derogación de las "leyes del perdón", en 2003, que libraron de responsabilidad a más de un millar de represores y que en 2005 también fueron declaradas nulas por la Corte Suprema.

Actualmente, son 281 los represores condenados y 785 los procesados a la espera de juicio oral por delitos cometidos durante la dictadura, en la que, según organismos de derechos humanos, desaparecieron unas 30.000 personas.
Suicidios de otros represores

Junco no es el primer represor argentino que prefiere matarse antes de sentarse en el banquillo. En 2009, se conocieron los suicidios del excapitán Alfredo Marcó, acusado de torturas y asesinato, y del ex subcomisario Segundo Garro, que se quitó la vida después de que un tribunal ordenara investigarle por crímenes de lesa humanidad.

En diciembre de 2007 fue hallado muerto el exprefecto Héctor Febres, envenenado con cianuro en una delegación de Prefectura Naval donde esperaba veredicto por un juicio por crímenes cometidos en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA), la mayor cárcel de la dictadura. Organizaciones de Derechos Humanos expresaron entonces sus sospechas sobre el posible asesinato del represor.

domingo, 6 de mayo de 2012

El cuerpo del delito

La Fiscalía pedirá que se acuse a represores por 31 homicidios.
A pesar de que la mayoría de las víctimas siguen desaparecidas, los fiscales plantearán, en base a documentos públicos y testimonios, que está probado que fueron asesinadas. De esta forma las penas para los acusados serían más graves.

 Por Alejandra Dandan

En los juicios en los que se investigan delitos de lesa humanidad, los fiscales y las querellas intentan todos los días avanzar un paso más. Esta vez, en la segunda parte del juicio por los crímenes del circuito Atlético-Banco-Olimpo (ABO) la materialidad del cuerpo de los desa-parecidos vuelve a ponerse en juego. La fiscalía federal de Alejandro Alagia acaba de pedirles a los jueces lo que técnicamente se llama “ampliación” por el delito de “homicidio” por 31 víctimas para los dos acusados del juicio. Si el pedido prospera, las víctimas pasarán de ser consideradas “desaparecidas” a ser declaradas jurídicamente “asesinadas”. Entre ellos hay dos grupos: cinco víctimas cuyos cuerpos fueron identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense, es decir pruebas con un “cuerpo real”. Y 26 víctimas distintas entre las que reside la novedad: las pruebas no se construyeron en base a los cuerpos físicos porque permanecen desaparecidos, sino sobre actas del Estado y testimonios que construyen lo que se llama “el cuerpo del delito”. Es la primera vez que una fiscalía avanza en la reconstrucción del homicidio sin cuerpos por un número tan importante de víctimas. Los efectos podrían alentar lecturas similares en otras causas.

El pedido de Alagia no es el primero, pero es numéricamente el más importante. La diferencia, desde el punto de vista del “relato jurídico”, es que un homicidio habilita condenas a prisión perpetua. En el último tiempo, el tribunal que juzgó a los represores de la ESMA siguió un camino semejante en el caso de Rodolfo Walsh. Sin su cuerpo –y entonces sin la prueba física del crimen–, el debate oral reconstruyó sus últimos momentos: seis represores que al comienzo estaban acusados sólo por su privación ilegal de la libertad y tormentos terminaron el juicio condenados además por el asesinato.

En ese momento, el presidente del Tribunal Oral Federal 5 explicó algo que parece una obviedad, pero no lo es tanto: dijo que una cosa “es el cuerpo del finado” y otra “el cuerpo del delito” y por eso la Justicia no necesita el cuerpo físico para probar un crimen, sino la reconstrucción del asesinato. Pese a que se supone que esto es verdad de perogrullo, las acusaciones por homicidios en las causas por delitos de lesa humanidad no suelen prosperar, y si lo hacen, sólo es cuando hay cuerpos recuperados e identificados. Como alguna vez dijo el propio Alagia: “En el país de los desaparecidos, ése es un verdadero dilema estructural”.
El cuerpo del delito

Para avanzar con el pedido, la fiscalía recorrió un camino largo como en un tablero de ajedrez. Antes del juicio oral, pidió a distintos organismos del Estado certificados de defunción o resoluciones similares sobre los desa-parecidos de las 181 víctimas del juicio. Del total recibido, separó 26 resoluciones. Una es la de Marcelo Miguel Angel Butti Arana, que sirve como ejemplo para el resto. Marcelo Miguel Angel fue secuestrado el 16 de marzo de 1977, está desaparecido, pero desde el 7 de abril de 1997 el Juzgado Nacional de Primera Instancia Nº 60 resolvió su “ausencia por desaparición forzada”. A ojos de la fiscalía, el documento señala que una institución del Estado en algún momento declaró su muerte.

La etapa oral empezó así, con esos papeles en mano. En el debate, el equipo de fiscales del que forman parte Gabriela Sosti y Cesar Garagna reforzaron la prueba con otras dos líneas: relatos de testigos que situaron a las 26 víctimas en alguno de los centros clandestinos del circuito. Y testimonios sobre el momento en el que los sobrevivientes supieron que esas personas fueron incorporadas al sistema de “traslados”. Esa es otra clave del debate: a través de distintas preguntas, los fiscales reconstruyeron la arquitectura de los “traslados”, sus procedimientos, rutinas y condiciones subjetivas y objetivas vividas por sobrevivientes y por quienes partían. De esa manera, en el juicio se escuchó cómo el traslado se asociaba al momento de la ejecución. En una línea que, como un juego de encastres, genera un hilo conductor entre el secuestro y los tormentos, pero también entre el “traslado” y el “homicidio”, como tramos de un único “plan criminal”.

“La prueba nueva producida en este debate en relación con los ‘traslados al destino final’ permite tener seguridad para establecer que los secuestros de personas en campos de concentración constituían el comienzo de ejecución de homicidios masivos de prisioneros que se realizaban mediante procedimientos específicos de traslados, que modificaban la rutina concentracionaria”, dice el escrito de la fiscalía. “De allí que puede hablarse en el inicio del secuestro de un ‘blanco’ del comienzo de ejecución de un plan homicida o de aniquilamiento en el lenguaje de las órdenes secretas de militares. Por ello, si el prisionero era liberado o legalizada su detención, ocurría un verdadero desistimiento del homicidio.”
Los jueces

El juicio tiene dos procesados: el ex policía Pedro Santiago Godoy y el ex militar Alfredo Omar Feito, acusados por secuestros y tormentos. Los fiscales le pidieron al Tribunal Oral Federal 2 que la indagatoria sea por el homicidio de 31 víctimas. Pero, ¿es posible?

El debate oral se hace después de una etapa de instrucción que suele determinar el resto del proceso: surge un grupo de acusados por equis tipo de delito. Para garantizar la defensa, no pueden ser sorprendidos en la etapa oral con una acusación distinta de la primera. Una persona acusada en la etapa uno de secuestros y tormentos, no puede ser “sorprendida” en la etapa dos con una acusación de homicidio. Dicho esto, hay excepciones y son las que dan lugar a verdaderas batallas de interpretación, en ocasiones dogmáticas, pero sobre todo políticas. Eso se discute en este momento.

Una excepción se da cuando el juicio oral produce “nueva” prueba. Otra, cuando quien acusa demuestra que el supuesto nuevo delito no es tal, sino que es una continuación de los anteriores.

En ABO, la fiscalía consideró todas esas excepciones a la vez. Presentó como “nueva prueba” los certificados y testimonios. Pero dijo otras dos cosas: 1) que más allá de que los hechos sean “nuevos” o no, la relectura de la acusación del juez Daniel Rafecas en la instrucción ya alerta a los acusados de todo esto; es decir, no habría “sorpresa”. Y 2) sostienen que hay “línea de continuidad”: el homicidio para ellos es parte o “continuidad” del plan homicida que sólo comienza con el secuestro.

En el primer juicio por los crímenes cometidos en ABO, el tribunal aceptó indagar por homicidio, pero lo hizo aceptando cuerpos que habían sido identificados como “nueva prueba”. No se pronunció sobre la continuidad del delito. En aquel momento, la decisión habilitó sentencias a perpetua, pero la decisión no fue tenida en cuenta por otros tribunales que se encontraron con pedidos semejantes. A lo mejor el problema es ése: cuando no se define la estructura de un asunto, las cuestiones periféricas pueden cambiar.

jueves, 26 de abril de 2012

La prueba de los “traslados”

Buscan acusar por asesinato a los dos represores imputados en juicio ABO

Los fiscales intentan establecer jurídicamente que el “traslado” significaba la muerte para lograr condenas por asesinatos. Tres sobrevivientes testificaron cómo vivieron los momentos finales de sus compañeros.

 Por Alejandra Dandan

¿Qué eran los traslados? ¿Cómo se vivían en los campos de detención? ¿Cómo eran los procedimientos? ¿Y los mecanismos de selección de prisioneros? Algunas de estas preguntas están nutriendo en estos días el segundo juicio por los crímenes del circuito Atlético, Banco, Olimpo. ¿Es posible emparentar los traslados jurídicamente con los homicidios? Durante la mañana de ayer, tres sobrevivientes reconstruyeron las dinámicas específicas de esos procedimientos a la luz de la reconstrucción que intenta hacer la fiscalía federal para demostrar que el asesinato formó parte del camino que se iniciaba con el secuestro y los interrogatorios. Esto permitirá repensar el lugar y las calificaciones legales de quienes intervinieron como represores en los centros clandestinos del circuito, entre ellos los dos imputados en esta causa.

A Mariana Arcondo la secuestraron “un día antes” del comienzo del Mundial de Fútbol de 1978, exactamente el 31 de mayo, explicó. Vivía en la parte de atrás de una casa de Ituzaingó con su compañero Rafael Tello, trabajador de los astilleros HR, de San Fernando, y sus tres hijos. A las cuatro y media de la tarde, cuando los chicos volvieron de la escuela, ella se sorprendió al escuchar al de cuatro años y medio:

–¿Papá? –preguntó.

–No llegó –le dijo la mujer–, hoy se iba a marcar el terreno.

–No –dijo el niño–, a papá lo mataron.

“Yo me quedé de una pieza, pero seguí, los metí adentro de casa y les serví la leche para continuar con nuestro día y esa frase de mi hijo.” Su compañero no estaba muerto, pero aunque ella no lo sabía, a esa hora estaba secuestrado. Lo habían levantado cinco minutos antes del horario de salida del astillero, con su hermano y otros compañeros. Pero eso es parte de otro juicio. Aquí recordó su secuestro y la convicción de haber escuchado dentro del campo El Banco los nombres de los dos acusados: Pedro “Calculín” Godoy y Cacho Feito, el policía y el militar. También habló de los “traslados”.

¿Cuándo se hacían los traslados?, preguntó el equipo de la fiscalía de Alejandro Alagia y su ad hoc Gabriela Sosti. ¿Qué significación tenía para ustedes?, quisieron saber. “Cuando yo llegué al Banco, no los conté, pero éramos algo así como 60 o 70 personas, más la troupe de represores, y cuando salí (16 días después) eran 150: en el ínterin había traslados y liberados. Me parecía que el lugar era como una gran ballena: abre la boca y se llena de mar con un montón de bichitos y la ballena selecciona qué se queda y el resto se va: eran muchos los que estaban y después los mataban.”

La pregunta volvió a escucharse cuando declaró Rufino Almeida: ¿Cuántos traslados presenció?, le dijeron. “En el tiempo que estuvimos nosotros, hubo gente que fue liberada, pero a fines de junio hubo un traslado importante”, explicó. ¿Cómo se instrumentaban? “Yo escuchaba que iban llamando y los iban llevando a algún lugar. Para decirlo como en la vida cotidiana, era como que se los entrevistaba y ahí se les decía y se les preguntaba cosas. Esto muestra que había una metodología sistemática, con roles sobre qué hacía cada uno: yo soy carpintero y en una carpintería cada trabajador se encarga de la parte de un mueble, hay una organización sistematizada para hacer el producto”, explicó.

Rufino incorporó en esa escena a uno de los acusados: Calculín. “Así como el Turco Julián se jactaba de lo que hacía o Colores se jactaba de haber inventado la picana automática, Calculín se jactaba de que era Dios y podía decidir la vida y la muerte.” En su testimonio, Calculín aparece como el encargado de evaluar a quienes iban a ser trasladados, hacía el trabajo de coordinación: “Tenía los datos o porque se los pasaban desde arriba o porque los conseguía horizontalmente”. De todas formas, los fiscales entienden que más allá del lugar que asumió cada uno de los represores dentro del centro clandestino, todos integraron un mecanismo que les permitía saber y participar de la cadena que conducía al asesinato de las víctimas.

Isabel Cerutti estuvo secuestrada entre el 22 de julio de 1978 y el 29 de enero de 1979. “Hacía dos días que me habían secuestrado cuando escuché por primera vez la palabra traslado”, explicó. “Me enteré de que a fines de junio había habido uno grande; que se habían llevado a varios compañeros y que esos compañeros eran boleta.” Luego observó que cuando llamaban sólo a una persona, no sucedía lo mismo que cuando lo hacían en grupos, una dinámica que parecía hablar de las liberaciones. “Pero yo viví –enfatizó– lo que era el traslado: en ese momento no llegaba la comida a horario y por esos días no se acercaba nadie a hablar con nosotros. Después aparecía alguien con una lista y llamaban por la letra y el número. Se armaba una fila y todos esperaban. Desde allí los llevaban al sector de incomunicados y les decían que se iban a una granja.” En la situación de la fila, “hacían apoyar el brazo con el hombro del compañero de adelante porque supuestamente nadie veía, pero en el fondo de cada uno de nosotros, aunque algunos se lo quisieran negar, sabíamos que estos compañeros iban a ser asesinados. De hecho ahora sabemos que estos compañeros fueron asesinados, por supuesto no están desaparecidos, sino que los mataron, ahora tenemos la corroboración porque aparecieron cuerpos que están identificados. Para mí ésa fue una situación terrible: en mi recuerdo es como escuchar los gritos de la tortura”.

lunes, 23 de abril de 2012

Denuncian el vaciamiento del espacio que funciona en el el CCD Olimpo

Un reclamo por la memoria

Vecinos y organizaciones sociales y de derechos humanos organizaron un festival en la puerta del ex centro clandestino de detención. Reclaman porque el gobierno porteño retiró al personal de seguridad y se han producido robos.

“No al vaciamiento y al cierre de los espacios públicos y sitios de Memoria.” La frase, escrita en una bandera ubicada en la puerta del ex Centro Clandestino de Detención y Tortura El Olimpo, fue la consigna principal de la jornada cultural convocada por organizaciones políticas y de derechos humanos del barrio de Floresta. La actividad, que se llevó a cabo el sábado a la tarde en ese sitio recuperado en 2005 por los vecinos como un Espacio para la Memoria, tuvo como objetivo principal denunciar la situación actual del lugar y repudiar la política de “desprotección a los espacios públicos, históricos y culturales que lleva adelante el gobierno porteño”. Durante la manifestación actuaron bandas de rock, grupos de murga y un elenco de Teatro x la Identidad.

Mientras los vecinos se iban acercando al lugar, atraídos por la música y en apoyo a las consignas, los grupos musicales hacían sus presentaciones en un escenario instalado en la puerta del ex centro clandestino, ubicado en Ramón Falcón 4250. El colectivo de teatro interpretó dos breves obras con temáticas sociales y referidas a la búsqueda y a la recuperación de la identidad. “Vamos a continuar con nuestra lucha hasta que aparezca el último nieto y conozca su verdadero origen”, manifestó uno de los actores al cierre de su presentación. Luego subió al escenario el grupo de murga uruguaya La Contracara, y más tarde lo hicieron Quiero Vale Murga, Avanti Esperanza, Brancaleone y el ballet Cruz Andina (de danzas bolivianas), entre otros.

La jornada cultural fue organizada para denunciar la falta de personal de seguridad para el cuidado de los equipos y otros bienes, lo que afecta el funcionamiento de los talleres que se realizan en ese espacio. Es que, en 2011, el gobierno porteño quitó la custodia con el objetivo de reemplazarlo por cámaras de seguridad ubicadas afuera y adentro del ex centro clandestino. Y desde entonces el lugar ha sufrido robos, ataques y roturas de vidrios, según denuncian. “Esa medida tomada por el Gobierno de la Ciudad es parte de la estrategia de vaciamiento de los sitios de la Memoria porque, al dejarnos sin seguridad, hace que todas las actividades dejen de funcionar”, denunció a Página/12 Soledad Adeira, integrante de H.I.J.O.S. Zona Oeste.

En ese sentido, Isabel Cerruti, ex detenida-desaparecida durante la dictadura y una de las integrantes de la organización de ese espacio, consideró que “hay una desprotección a todos los espacios públicos de la ciudad. Y con respecto a las políticas por la memoria, Macri nunca se hizo cargo. Al contrario, si pudiera sacárselas de encima, mejor”.

“La desprotección a este espacio y de otros como El Corralón de Floresta es una constante que viene sucediendo hace años. El gobierno porteño quiere cerrarlos y como no los puede cerrar porque hay muchas organizaciones resistiendo, los quieren vaciar”, consideró Cerruti, quien estuvo detenida ilegalmente desde julio de 1978 hasta enero de 1979. Cerruti continúa buscando a su compañero desaparecido, Ernesto Verter. Y esta semana tendrá que declarar en el juicio contra los represores Alfredo Omar Feito y Pedro Santiago Godoy del circuito ABO (ex CCD Atlético, Banco y Olimpo) por 181 crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.

El ex Olimpo funcionó como centro clandestino de detención y allí fueron ilegalmente detenidas y mantenidas en cautiverio alrededor de 500 personas, muchas de ellas aún desaparecidas. El predio –que pertenecía en ese entonces a la División de Automotores de la Policía Federal– fue recuperado en 2005 como consecuencia de la lucha de vecinos y organizaciones políticas y sociales de Floresta y barrios cercanos, que apoyaron y se solidarizaron con la causa. Actualmente, ese espacio funciona como un centro cultural y de inclusión social en el que se realizan talleres artísticos para chicos, formación laboral para jóvenes, un bachillerato para adultos, la radio Bemba (91.3) y la Biblioteca Pública y Popular Carlos Fuentealba. Además se realizan visitas semanales al “pozo”, lugar donde encerraban a los detenidos-desaparecidos y que se conserva intacto, como prueba para los juicios contra los represores.

Informe: María Luz Carmona.

Comienza el Juicio ABO bis

JUSTICIA YA

Este jueves 19 de abril se dará inicio al juicio contra 2 represores por delitos cometidos en los centros clandestinos de detención Atlético, Banco y Olimpo.

El debate comenzará este jueves en los tribunales de Comodoro Py 2002 a las 10 hs, con la participación denumerosas querellas de organizaciones y particulares. Las audiencias tendrán lugar los días jueves y viernes, y los miércoles cada 15 días.
 
LOS GENOCIDAS

    Alfredo Omar Feito, alias “Cacho”, represor integrante del Ejército
    Pedro Santiago Godoy, alias “Calculín”, represor integrante de la Policía Federal Argentina

EL TRIBUNAL

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 2 estará a cargo de este juicio, integrado por los jueces Dr. Rodrigo Giménez Uriburu (presidente del tribunal), Dr. Jorge Alberto Tassara, y el Dr. Jorge Luciano Gorini.

EL JUICIO

En este juicio se tratarán los delitos cometidos contra 181 compañeros. El represor Godoy está procesado por 181 casos, por los delitos cometidos en los campos de concentración Atlético-Banco-Olimpo. El represor Feito será juzgado por 118 casos cometidos en los campos de concentración Banco y Olimpo.

Es de suma importancia destacar, que este juicio es una copia exacta del juicio anterior llevado adelante por el Tof 2, los mismos 181 casos, contra 2 represores que no formaron parte del conjunto anterior debido a los retrasos producidos en la instrucción de la causa.

Esta situación de fragmentación de las causas contra los genocidas se repite en la mayoría de los expedientes en todo el país. Luego de las experiencias de los juicios orales de los últimos años, y tras innumerables reclamos de organismos de ddhh, sobrevivientes, familiares, y otras organizaciones, finalmente el 28 de febrero de 2012 la Cámara Federal de Casación Penal aprobó la Acordada 1/12 que permitirá acelerar el desarrollo de este y otros juicios.

LOS COMPAÑEROS

Deberán seguir esperando su turno para conseguir justicia…

La instrucción de la causa 14.216 esté en manos del juez de primera instancia Daniel Rafecas, y este tramo representa solamente una elevación parcial.

De hecho, el juez dejó fuera de este procesamiento contra Godoy y Feito –así como de los 17 represores juzgados con anterioridad- los delitos que esos mismos genocidas cometieron contra otras 356 personas que estuvieron secuestradas en esos mismos campos de concentración. Los delitos cometidos contra 208 de esas víctimas se encontraban ya denunciados –con testimonios- en la causa antes de la elevación del juicio de 2009. Las otras 148 son víctimas que, según consta en la página web de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, también estuvieron secuestradas en los mismos Centros de Detención y permanecen desaparecidas o fueron asesinadas.
 
Resaltamos también que existen nuevos procesamientos que darán lugar a nuevos juicios por delitos cometidos en el Circuito ABO. Exigimos la unificación de todos los tramos y la instrucción de todos los delitos cometidos contra todos los compañeros.

Volvieron y aún así no fue suficiente para los jueces…

En el año 2007 fueron identificados los restos de los compañeros Cristina Magdalena Carreño Araya, Isidoro Oscar Peña, Nora Fátima Haiuk de Forlenza, Oscar Néstor Forlenza, Helios Serra, Jesús Pedro Peña, Santiago Villanueva, María Cristina Pérez y Carlos Antonio Pacino.

Los casos de 5 de esos compañeros -Jesús Pedro Peña, Helios Hermógenes Serra Silvera, Isidoro Oscar Peña, Cristina Magdalena Carreño Araya y Santiago Bernardo Villanueva- forman parte de este juicio oral. Sin embargo sólo se procesó a los represores por sus secuestros y tormentos, y no por sus homicidios.

Los 4 compañeros restantes - Nora Fátima Haiuk de Forlenza, Oscar Néstor Forlenza, María Cristina Pérez y Carlos Antonio Pacino- ni siquiera fueron incluidos.

Por todo esto decimos:
Condena a todos los genocidas!
Justicia para todos los compañeros!