sábado, 9 de junio de 2012

Condenados sólo 2 policías por un total de 181 casos

Penas de 18 y 25 años para dos represores de los CCD Atlético, Banco y Olimpo
Antes prófugos, ahora condenados

Los represores se encontraban prófugos cuando en 2009 se realizó el primer juicio por el circuito ABO. Ahora se aplicaron las reglas fijadas por la Cámara de Casación para acortar los tiempos de los procesos vinculados con el terrorismo de Estado.

 Por Ailín Bullentini

Otros dos represores fueron condenados ayer por el Tribunal Oral Federal Nº2 por crímenes de lesa humanidad cometidos en el circuito de centros clandestinos del Primer Cuerpo del Ejército Atlético, Banco y Olimpo. Pedro Santiago Godoy y Alfredo Omar Feito se encontraban prófugos cuando en 2009 se llevó a cabo el primer juicio por el circuito ABO, como es conocido este conjunto de escenarios donde el terrorismo se hizo carne. Pese a que el ex policía Feito insistió, en sus últimas palabras en el marco del juicio, en negar su participación en los crímenes cometidos durante la última dictadura, el tribunal lo penó con 18 años de prisión por 15 casos de privación ilegítima de la libertad con aplicación de tormentos. La condena para Godoy fue de 25 años, por 152 casos.

“Más allá de las diferencias en las condenas solicitadas por las querellas y la habilitación a la continuidad de la prisión domiciliaria que está cumpliendo Godoy hasta que la sentencia quede firme, consideramos que la sentencia fue positiva porque se definieron los delitos como de lesa humanidad y porque las penas son muy altas”, analizó en diálogo con este diario Carlos Pisoni, hijo de dos de las más de cien víctimas que pasaron por alguno de los centros clandestinos que conforman el circuito ABO y militante de H.I.J.O.S.

El presidente del TOF Nº 2, Jorge Tassara, leyó ayer al mediodía la sentencia a la que llegó junto con los otros dos integrantes del tribunal, Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu, en el marco del juicio conocido como “ABO Bis”, el primero en el que efectivamente se aplicaron las reglas fijadas por la Cámara de Casación que apuntó a acelerar los tiempos de los juicios vinculados con el terrorismo de Estado. En este caso, se desestimó a algunos testigos, se introdujeron declaraciones de otros mediante lectura y se realizaron más audiencias por semana.

Poco más de una hora antes, uno de los acusados accedió a la posibilidad siempre presente de decir unas “últimas palabras”. Feito negó todo lo que se atribuyó: dijo que “jamás” secuestró ni torturó y que sus familiares saben que fue un soldado “valiente y honrado”.

Con aplausos dentro y fuera del edificio de los tribunales de Comodoro Py, militantes de derechos humanos, familiares y amigos de las víctimas recibieron el veredicto del TOF Nº2. “Privación ilegal de la libertad agravada por la condición de funcionario público” y “mediar violencia” y “amenazas” con “imposición de tormentos” fue la figura penal que se les aplicó a ambos condenados.

De las 181 víctimas cuyas vejaciones fueron tenidas en cuenta, los jueces consideraron que Godoy, alias Calculín, participó en 152 casos, mientras que Feito, conocido como Cacho, tuvo responsabilidad en 15. De allí, la diferencia en las penas a uno y otro. Además, el TOF Nº2 determinó que Godoy, de 72 años, continúe gozando del beneficio de prisión domiciliaria hasta que quede firme la sentencia.

Pisoni remarcó que la organización que integra y el resto de las agrupaciones de derechos humanos que estuvieron presentes en la sentencia y que participaron del juicio –Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, Familiares de Detenidos Desaparecidos por Razones Políticas– entendieron como positiva la sentencia debido a que las condenas son altas. Pero definió como necesario el hecho de que “todo el poder judicial entienda que los culpables de delitos de lesa humanidad no deben tener privilegios de los que un acusado de delitos comunes no goza. Godoy debería haber ido a parar a cárcel común”. En ese sentido, el hijo de Rolando Pisoni e Irene Bellocchio, dos de los cientos de presos clandestinos de Atlético y que aún continúan desaparecidos, denunció que “todavía quedan muchos represores en sus casas”.

El juicio en el que fueron declarados culpables podría entenderse como la continuación de aquel juicio que analizó los delitos cometidos a 182 personas que estuvieron detenidas ilegalmente en el Atlético, Banco u Olimpo, o en más de uno de esos centros clandestinos, y en el que fueron condenados 12 represores a prisión perpetua, cuatro a 25 años de prisión y uno, el ex policía federal Juan Carlos Falcón, absuelto.

sábado, 2 de junio de 2012

Un represor se suicida tras ser imputado por crímenes de lesa humanidad

El expolicía Miguel Ángel Junco fue acusado de secuestros, torturas y asesinatos cometidos en tres centros clandestinos de detención de la dictadura militar

Un expolicía argentino que estaba prófugo se arrojó a las vías del tren en Buenos Aires, luego de que la Justicia le imputara por delitos de lesa humanidad cometidos en la última dictadura militar, informaron hoy fuentes judiciales. El exsuboficial auxiliar de la Policía Federal Miguel Ángel Junco, alias Ratón, se suicidó dos días después de que la policía fuera a buscarle a su casa y su esposa dijera que su marido había ido a visitar unos familiares, según las mismas fuentes.

Los policías le buscaban para conducirle a los juzgados, donde debía ser interrogado por el juez Daniel Rafecas, quien le acusaba de secuestros, torturas y asesinatos cometidos en tres centros clandestinos de detención de la última dictadura militar argentina (1976-1983). Antes de que los investigadores le encontraran, Junco se arrojó a las vías de la estación porteña de Flores cuando un tren se acercaba a los andenes y murió en el acto.

"Avisen a mi esposa al domicilio Zelarrayan 531, 3 A", rezaba una nota hallada entre las vestimentas del exefectivo de Coordinación Federal, acusado de actuar en las cárceles clandestinas Atlético, Banco y Olimpo. Sobrevivientes de estos centros reconocieron al expolicía como miembro de grupos de tareas encargados de secuestros y torturas en perjuicio de centenares de víctimas del régimen.
La Coordinadora, un órgano policial de represión

Las víctimas de los crímenes de la represión también acusaron a otros antiguos integrantes de la Coordinadora, un órgano policial que ocupó un lugar central en la política de represión desplegada en Buenos Aires durante la dictadura. Entre ellos están detenidos Carlos Lorenzatti, alias Gato viejo, y Juan Carlos Chacra, conocido como Paco, mientras que tanto sus compañeros Gerardo Arraes y Miguel Britos siguen prófugos.

"Es la primera vez que ocurre esto en una causa que lleva siete años de tramitación, con más de un centenar y medio de detenidos", varios de los cuales ya fueron condenados por la Justicia, señalaron testigos al enterarse del suicidio de Junco, según la agencia oficial Télam. La investigación de Rafecas es una de las causas que se reabrieron en Argentina tras la derogación de las "leyes del perdón", en 2003, que libraron de responsabilidad a más de un millar de represores y que en 2005 también fueron declaradas nulas por la Corte Suprema.

Actualmente, son 281 los represores condenados y 785 los procesados a la espera de juicio oral por delitos cometidos durante la dictadura, en la que, según organismos de derechos humanos, desaparecieron unas 30.000 personas.
Suicidios de otros represores

Junco no es el primer represor argentino que prefiere matarse antes de sentarse en el banquillo. En 2009, se conocieron los suicidios del excapitán Alfredo Marcó, acusado de torturas y asesinato, y del ex subcomisario Segundo Garro, que se quitó la vida después de que un tribunal ordenara investigarle por crímenes de lesa humanidad.

En diciembre de 2007 fue hallado muerto el exprefecto Héctor Febres, envenenado con cianuro en una delegación de Prefectura Naval donde esperaba veredicto por un juicio por crímenes cometidos en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA), la mayor cárcel de la dictadura. Organizaciones de Derechos Humanos expresaron entonces sus sospechas sobre el posible asesinato del represor.